Petro envía un mensaje con su ministro de Defensa: el fin de la impunidad

El nombramiento del exmagistrado Iván Velásquez sacude a una institución cuestionada por episodios de abusos y violaciones a derechos humanos

Iván Velásquez, en una entrevista con EL PAÍS, en 2018.
Iván Velásquez, en una entrevista con EL PAÍS, en 2018.

Gustavo Petro tocó la fibra más sensible del uribismo. Su decisión de nombrar a Iván Velásquez nuevo ministro de Defensa, golpea a las Fuerzas Militares, que ya se sentían lastimadas porque un exguerrillero, a quien han visto como enemigo, es su nuevo comandante. Por primera vez, la izquierda tendrá autoridad sobre las Fuerzas Armadas y lo hará con el hombre que investigó las alianzas de empresarios, políticos y militares con los grupos paramilitares. Con un civil, ajeno a la milicia, Petro enfrenta una tropa que ha estado rodeada por la controversia. Los últimos cuatro años, bajo el Ejecutivo de Iván Duque, los militares han protagonizado incontables episodios de abusos y violaciones a derechos humanos. La elección de Velásquez envía un mensaje claro: no habrá más impunidad en las filas militares.

Iván Velásquez (Medellín, 67 años) es un defensor de derechos humanos y un destacado investigador de la corrupción, que se convirtió en magistrado estelar de las investigaciones de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Álvaro Uribe, a inicios de los años 2000. Su presencia en el tribunal fue clave para que el país conociera los siniestros pactos entre políticos y paramilitares, lo que le terminó costando persecuciones y amenazas. Velásquez se atrevió a denunciar a sectores que hasta entonces habían sido intocables. “Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante”, escribió el nuevo ministro este domingo en un mensaje en Twitter.

Sus investigaciones destaparon cómo una tercera parte del Congreso—prácticamente todos de la coalición de Uribe— habían coludido con paramilitares para cometer fraude electoral u otros delitos, recuerda María McFarland, autora de Aquí no ha habido muertos, una investigación sobre la violencia de los grupos paramilitares que surgieron en los noventa y su relación con el Estado colombiano. “Velásquez se ha destacado por su valentía y compromiso con la verdad y la justicia. A comienzos de los 90, como procurador en Medellín, rechazó sobornos de Pablo Escobar. A fines de los 90, como fiscal regional en Antioquia en plena expansión del paramilitarismo, jugó un papel central en la investigación del parqueadero Padilla, que fue un golpe durísimo al paramilitarismo —aunque los paramilitares mataron a muchos de sus colegas de entonces y lograron sepultar el caso”, dice la autora a este diario en un mensaje escrito.

McFarland recuerda un capítulo que narra en su libro y que marca un hito en la trayectoria de Velásquez. En 1998, cuando era jefe de fiscalías en Medellín, la entidad encontró en un parqueadero lleno de papeles con los registros contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Eran las pruebas de los vínculos de empresarios, militares y el poder político con los paramilitares. El hallazgo permitió desentrañar las finanzas de los grupos armados, auspiciados por sectores de poder político y económico. Pero el caso nunca avanzó y el parqueadero Padilla fue una oportunidad perdida para desarticular una red que más tarde se consolidaría y se extendería por todo el país.

Velásquez siguió la trayectoria de estas bandas, y en la Corte denunció el paramilitarismo como un fenómeno que se había tomado regiones enteras. Por sus investigaciones, más de 50 congresistas fueron condenados. La lista es más larga si se cuenta a políticos en otros cargos que también resultaron salpicados en el capítulo de la “parapolítica”, que graduó al juez como el enemigo número uno de poderosos sectores. Sus investigaciones llegaron muy cerca al presidente Uribe. La mayoría de los implicados pertenecían a su coalición de gobierno. El senador Mario Uribe, su primo, fue detenido.

El magistrado tuvo que irse de Colombia tras una persecución que no le dejó otra opción. Lo interceptaron ilegalmente, le grabaron miles de horas de llamadas telefónicas, y siguieron todos sus movimientos: desde sus visitas a las cárceles, donde recogía evidencias, hasta sus reuniones familiares. En Guatemala, a donde llegó como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, se enfrentó pronto al poder. Sus investigaciones obligaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de otros altos cargos del Gabinete, que resultó involucrado en una enorme trama que, a cambio de sobornos, permitía la importación de productos burlando el pago de impuestos. Velásquez cobró un protagonismo inusitado al liderar la cruzada contra la corrupción en ese país. Era un experto en investigaciones complejas y peligrosas, que demostraba una vez más que no temía tocar al poder.

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En 2020, el Estado colombiano le pidió perdón públicamente por los seguimientos de los que fue víctima por parte de agentes estatales en el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006 – 2010). Velásquez fue acusado en 2008 por el propio Uribe de haber hecho un ofrecimiento a un paramilitar (José Orlando Moncada, alias Tasmania) para que testificara en su contra. El magistrado fue absuelto tras una investigación de la fiscalía y el caso dio un giro. La Corte Suprema de Justicia acusó a agentes del departamento de seguridad de perseguir a los magistrados que se atrevieran a investigar la parapolítica.

Velásquez ahora enfrenta el reto de bajar la presión en una tropa que no ha recibido bien la llegada de la izquierda a la Presidencia. La institución tiene por jefe al hombre que siempre consideró su enemigo. La renuncia del general Eduardo Zapateiro fue una señal de la incomodidad de los militares con la llegada de Petro al poder. El militar se despidió de 40 años de servicio con un mensaje para el nuevo Gobierno: “Jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto” y defendió a los uniformados que se quedan. “Los soldados de la patria no somos enemigos de la paz. Jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto o interno, existen amenazas persistentes y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del honor militar, y en incumplimiento de la ley, han incurrido en graves conductas”, dijo Zapateiro en su último mensaje. “Soy consciente de que no podía estar con el presidente electo, no iba a esperar a que me digan lo que tengo que hacer. Pasé mi retiro el mismo 19 de junio [el día que ganó Petro] porque sabía lo que enfrentaba. Las convicciones no se negocian”, aseguró este viernes en una entrevista a Semana.

Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, dice que Velásquez, reconocido por su lucha, “casi heroica”, frente a la corrupción tiene el reto de establecer una relación constructiva con los militares, que le permita reformar la política de seguridad actual. “Uno de los grandes problemas que enfrenta el nuevo Gobierno es la violación a los derechos humanos y la ilegitimidad que rodea a las Fuerzas Armadas”, señala Pappier, que considera clave que pueda lograr una coordinación con las tropas para cambiar una política que ha sido ineficiente para contener la violencia.

Pero las diferencias entre Petro y los militares se han hecho más profundas esta semana con el nombramiento del nuevo ministro. La senadora uribista Paloma Valencia lo ve como una amenaza. “El nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa pone en peligro la vida de quienes estamos en la oposición porque están nombrando como director de todas las Fuerzas Armadas a una persona que es enemiga política del Centro Democrático y de su líder natural, Álvaro Uribe”, reaccionó la vocera de la oposición. Mientras el expresidente Uribe, que nunca ha ocultado su antipatía por el juez, a quien señala de “corromper la justicia”, insinuó que Velásquez no está preparado para asumir el cargo.

Las Fuerzas Armadas han estado cuatro años bajo un Gobierno que hizo ver el proceso de paz con las FARC como una derrota y alentó el espíritu guerrerista de las tropas, a quienes defendió a pesar de los escándalos y los reclamos de sus víctimas. El año pasado una niña murió en un ataque contra un campamento de la disidencia guerrillera, donde había varios menores. El ministro Diego Molano estuvo contra las cuerdas, pero logró quedarse en el cargo. El Ministerio de Defensa que termina no supo actuar ante el incesante asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, y la llegada de Velásquez supone un cambio total en las prioridades de esta cartera y en la forma de enfrentar la violencia.

Desde su elección como presidente, había dudas sobre cuál sería la estrategia que usaría Petro para acercarse a las Fuerzas Armadas. El nombramiento de Velásquez ha dejado claro que el nuevo Gobierno no teme desafiar a los militares y que el cambio que promete empieza por sacudir a esa institución. El juez implacable vuelve a incomodar al poder.

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