Dabeiba: cementerios para ocultar falsos positivos

La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros del Ejército de Colombia por 46 ejecuciones extrajudiciales y el ocultamiento de víctimas en un camposanto. Un subteniente que se negó a matar civiles inocentes fue asesinado

Un familiar de una víctima del conflicto armado colombiano entrega la urna con los restos de sus seres queridos a un sepulturero en el cementerio de Dabeiba (Colombia).
Un familiar de una víctima del conflicto armado colombiano entrega la urna con los restos de sus seres queridos a un sepulturero en el cementerio de Dabeiba (Colombia).JOAQUIN SARMIENTO (AFP)

El cementerio de Dabeiba condensa gran parte del horror inconmensurable que han dejado las ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército, o los llamados falsos positivos en Colombia. No solo fue el primer caso en el que se descubrió el patrón de desaparición forzada de personas en los cementerios a manos del Ejército, sino el que más impactó en el país por la magnitud y el número de víctimas de estos crímenes en fosas comunes. También el que reveló que militares que se opusieron a cometer falsos positivos terminaron siendo víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de imputar a diez militares, incluidos tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado por crímenes de guerra y de lesa humanidad por el asesinato de 46 personase presentadas como muertas en combate y sepultadas en Dabeiba e Ituango, en el norte de Antioquia.

“Llegamos a un punto inédito en la historia judicial del país porque en esta investigación comprobamos que un cementerio se ha convertido también en parte de este crimen, no como un lugar de descanso de las personas, sino como un campamento que brinda hospitalidad perpetua a los criminales”, dijo el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, creada en los acuerdos de paz.

Expertos forenses de la JEP durante una jornada de exhumación en el cementerio de Dabeiba (Colombia), el 11 de marzo de 2021.
Expertos forenses de la JEP durante una jornada de exhumación en el cementerio de Dabeiba (Colombia), el 11 de marzo de 2021.Luis Eduardo Noriega A. (EFE)

La investigación ha identificado tres patrones criminales en este caso concreto, aunque algunos son similares a los ocurridos en otras regiones del país. Las confesiones de los militares revelan que hubo planes para ocultar y desviar las investigaciones, así como destrucción de documentos operacionales.

El primer patrón es el “prejuicio insurgente”. Cifuentes explica que se trata de la “estigmatización de campesinos y labriegos falsamente como apoyos de la guerrilla de las FARC, que fueron víctimas de homicidio y desaparición forzada”. Uno de los casos más representativos es el asesinato de Eliécer de Jesús Úsuga Manco, de 12 años, Félix Antonio Manco, de 75, Wilson Manco Úsuga, de 26 y el joven Alveiro Úsuga Uribe, de 22. Después de ser acusados por los paramilitares como auxiliadores de la guerrilla y ladrones de ganado fueron sacados de sus casas con tropas conjuntas de militares y paramilitares y asesinados por el Ejército. Dos de ellos fueron presentados como muertos en combate y sepultados en el cementerio Las Mercedes.

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El segundo patrón eran los homicidios de personas ajenas al territorio para mostrar resultados. Es decir, el traslado de personas con engaños para ser asesinadas y presentadas ilegítimamente muertas en combate. Como revelaron algunos de los militares, los engañaban con falsas promesas de empleo. Este ocurrió principalmente entre 2005 y 2007. “Todas las personas que dio la Brigada Móvil 11 las traían de Medellín. Algunos de la Oriental (una avenida céntrica) o de la terminal de Transporte porque cerca de esos lugares hay muchos indigentes y consumidores de droga”, confesó el militar William Capera.

Unos de los casos ilustrativos de este patrón es el de Jhon Jarvis Cañas, un reservista desempleado que terminó asesinado por el Ejército y presentado como guerrillero. “La tropa no había dado bajas en un mes y necesitaban presentar resultados porque la presión era muy alta”, señala el documento de la JEP. Entonces, los sargentos Jaime Coral y Fidel Ochoa buscaron una víctima y la convencieron de aceptar un trabajo como obrero en una despulpadora de fruta en Dabeiba.

“En la Terminal (de buses de Medellín) había una persona como aburrida. El sargento Fidel Ochoa lo convence, lo montamos en un bus y nos vinimos hacia Dabeiba. Esto que dice aquí (señala un documento) de que murió en combate en la vereda Mohán, es mentira. A él lo da de baja el mayor David Herley Guzmán”, reveló también Jaime Coral Trujillo, otro de los militares imputados.

Apenas el hombre desempleado se bajó del bus urbano fue asesinado directamente por el comandante del batallón, entonces mayor Guzmán. Este no solo organizó el retén, disparó contra la víctima, sino que supervisó a sus subalternos para que vistieran al cadáver, falsearan la escena del crimen, destruyeran las piezas de identidad y efectos personales de la víctima y sepultaran el cuerpo como guerrillero muerto en combate sin identificación, relata la JEP.

Familiares de víctimas de "falsos positivos" se preparan para enterrar los restos de sus familiares, luego de que la JEP los devolviera, en noviembre de 2020.
Familiares de víctimas de "falsos positivos" se preparan para enterrar los restos de sus familiares, luego de que la JEP los devolviera, en noviembre de 2020.JOAQUIN SARMIENTO (AFP)

Y el tercero de los patrones, el más específico en esta región, es el de las desapariciones forzadas en cementerios, una modalidad implementada por los responsables para que se pierda el rastro de hechos concretos en un mar de al menos 200.000 desaparecidos que hay en Colombia por el conflicto armado. El hecho puede ser solo una muestra de cómo los camposantos fueron convertidos en enormes fosas comunes y que esta práctica ocurre desde los años 80 tanto en Dabeiba como en Ituango.

En este cementerio intervinieron 29 fosas y una bóveda y encontraron 49 cuerpos. La mayoría de los cuerpos estaban en enterramientos colectivos, había cadáveres en bolsas negras o con emblemas de la Policía Nacional y distintivos de unidades militares (Batallón Arhuacos), algunos con amarres en manos y pies, mordazas y vendas.

“La JEP constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que, por años (desde 1982 y hasta el 2010), se convirtiera en un lugar “ideal” para perpetrar el crimen de desaparición forzada”, destacó la magistrada Nadiezhda Henríquez. Una de las más llamativas es el “embellecimiento del camposanto apoyado por integrantes de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

Un militar asesinado por su propia tropa

El pacto de silencio militar fue otra de las razones por las cuales esa práctica criminal se mantuvo en el tiempo. “El mayor Guzmán siempre decía que quien lo delatara era hombre muerto”. Los propios militares podrían ser mostrados como muertos en combate.

El caso del subteniente Jesús Javier Suárez Caro es una muestra. Se opuso a cometer ejecuciones extrajudiciales y terminó asesinado. “Fue víctima de un atentado que le costó la vida por parte de sus propias tropas, en el marco de una situación de combate y siendo uno de los propósitos del comandante generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal”, relató el tribunal y uno de los militares lo confirmó así. “La muerte de mi teniente también fue un falso positivo que se hizo pasar por un combate”.

El caso ha revelado, además, el nulo avance de estas investigaciones tanto en la justicia penal militar como en la ordinaria. “Los crímenes relacionados con Dabeiba e Ituango se encontraban en impunidad”, explicó Henríquez. Los militares decidieron confesar espontáneamente los delitos, aunque no habían sido investigados jamás “e involucraron también a máximos responsables que tampoco habían sido investigados”, agregó.

Exploran responsabilidad de exjefe del Ejército

Aunque son ya muchos militares los que han confesado su participación en ejecuciones extrajudiciales y la JEP ha documentado más de 6400 casos, aún existen colombianos que justifican o niegan que estos crímenes hayan ocurrido o que las víctimas fueran inocentes. Adelantándose al negacionismo y, como lo han indicado en otras investigaciones, la JEP ha reiterado que “ninguna de las víctimas exhumadas, identificadas y entregadas dignamente pertenecieron a un grupo armado ilegal”, apuntó el magistrado Alejandro Ramelli.

Al frente, el excomandante de las fuerzas armadas de Colombia, Mario Montoya, en Larandia, el 4 de mayo de 2001.
Al frente, el excomandante de las fuerzas armadas de Colombia, Mario Montoya, en Larandia, el 4 de mayo de 2001.Toomey Starks (Bloomberg News)

Los datos de los militares también fueron contrastados con las declaraciones de exguerrilleros de las extintas FARC, así como con la de comandantes del Bloque paramilitar Élmer Cárdenas y con David Antonio Úsuga (alias Otoniel), comandante del Clan del Golfo. Se hallaron profundas coincidencias entre todos ellos.

El caso de Dabeiba no termina aquí. El exjefe del Ejército, general Mario Montoya, que aparece mencionado en esta investigación cuando era comandante de la Cuarta Brigada de Medellín. “Está en el auto que la orden de operaciones que terminó con el asesinato y desaparición forzada del joven Edison Lezcano viene de una unidad militar que depende directamente del comandante de la Cuarta Brigada y que los resultados de la operación Mongolia le fue reportado directamente a él”, dijo Ramelli. “Si eso tiene implicaciones jurídicas está por determinar”. Mientras la magistrada Henríquez anunció que “exploran” el papel de Montoya en ejecuciones extrajudiciales en distintas regiones.

“No es solamente la región de Dabeiba, del Cementerio como se refiere el documento, sino que hemos identificado, a partir de versiones voluntarias en otras regiones del país, en relación con otras circunstancias que corresponden a los patrones y la ejecución de estos crímenes, en las que estamos explorando la responsabilidad del general Montoya” afirmó la magistrada.

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