Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua mantienen en el limbo la principal Reserva de Biosfera del Caribe

Las disputas limítrofes ponen en riesgo la conservación de la Gran Seaflower, un área protegida del doble del tamaño de Cuba

Una isla del archipiélago de San Andrés, que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Seaflower.
Una isla del archipiélago de San Andrés, que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Seaflower.Erick Lucio / EyeEm (Getty Images/EyeEm)

En el corazón del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra un ecosistema de alrededor 180.000 km2 que cuenta con una de las barreras de coral más grandes en el mundo, más de 407 especies de peces y 157 especies de aves. En el año 2000 la UNESCO declaró esta zona como Reserva de la Biosfera, un ecosistema de gran importancia ambiental que tiene como función armonizar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades a su alrededor. Seaflower es la Reserva de la Biosfera más grande de las cinco de Colombia y tiene un tamaño que duplica el área de Portugal.

Pero este paraíso quedó dividido y su conservación en riesgo por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2012, que resolvió parcialmente la disputa limítrofe entre Colombia y Nicaragua. La CIJ concedió al país centroamericano 75.000 km2 de mar en los que Colombia había ejercido soberanía hasta entonces, incluyendo parte de Seaflower. Esa decisión y los litigios que continúan entre los dos países mantienen en la incertidumbre a las comunidades que históricamente han habitado la zona. También mantienen en vilo la iniciativa Gran Seaflower, un proyecto de conservación que propone ampliar la Reserva a 500,000 km2 como una reserva transfronteriza de seis países (Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá) que la administrarían con el apoyo de científicos y comunidades locales. Eso impulsaría la conectividad ecológica y articularía los esfuerzos de los países del Caribe suroccidental para proteger los ecosistemas marinos y costeros más representativos de la zona. Para Mateo Córdoba, coordinador de la iniciativa y parte de la Fundación Franz Weber, avanzar en la conservación de ese ecosistema es inaplazable: “La Reserva presenta tres problemas graves: el turismo intensivo, la sobrepesca y otros problemas asociados al cambio climático. El Caribe es una bomba de tiempo, los huracanes y el blanqueamiento de corales son muestra de eso. Por eso es urgente que para solucionarlos se establezca un diálogo y articulado entre los seis países que tienen integrarían la reserva Gran Seaflower. Aquí hay una biodiversidad marina muy valiosa que no puede seguir esperando. En diez años seguramente el Caribe será una piscina de sal si no se toman acciones ya”.

Un pleito histórico

El debate entre Nicaragua y Colombia por los derechos de esta zona se ha extendido por alrededor de un siglo. La primera disputa de la que se tiene registro data de principios del siglo XX. Desde entonces ambos países han acudido a diferentes instancias para solucionar el pleito y hace veinte años el litigio llegó a la Corte de La Haya, donde actualmente cursan dos demandas claves. Una es una querella que instauró Nicaragua en 2013, en la que pide a la Corte que extienda su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. Sobre la misma se pronunció la CIJ este miércoles, pidiéndo a los dos países preparar sus alegatos legales específicamente sobre esas millas náuticas para presentar en el juicio oral. Se calcula que las audiencias se realicen antes de finalizar el 2022, y que la CIJ decida a finales de 2023. La otra tiene que ver con una demanda que interpuso Nicaragua contra Colombia alegando que el país sudamericano ha incumplido la decisión de 2012. En abril de este año la CIJ aceptó que Colombia ha incumplido, le negó derechos ancestrales de pesca en aguas del país centroamericano a comunidades raizales del archipiélago e instó a los dos países a llegar a un acuerdo bilateral sobre la pesca.

A este pleito se suma una nueva arista: queda menos de un año para que venza el plazo de diez años que tiene Colombia para pedir a la CIJ la revisión de su primer fallo. El canciller colombiano, Álvaro Leyva, dice que Colombia plantea continuar el debate, pidiendo que se examine esa sentencia bajo el argumento de que es un fallo inaplicable, pues las fronteras del país solo se pueden modificar a través de un cambio a la Constitución. Para varios líderes raizales esa postura de choque con Nicaragua no es una idea estratégica; se mantienen en que el diálogo político y la cooperación ambiental entre ambos países tendría mejores resultados y un impacto negativo menor para el ambiente y para los pueblos creoles que son quiénes sufren el rigor de las tensiones diplomáticas.

Esas espinosas relaciones diplomáticas se han complejizado aún más después de las recientes declaraciones de Leyva sobre el Gobierno de Nicaragua: “Colombia ha venido jugando a favor de la vida y la libertad de una gente que no tiene por qué ser atropellada por el señor Ortega en Nicaragua, pero naturalmente acompaño la condena por los hechos que ocurren allá”, afirmó.

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Los pueblos originarios en la zozobra

El fallo de 2012 no solo fragmentó en los pueblos raizales su territorio ancestral y la Reserva de Biosfera. La decisión que le otorgó a Nicaragua soberanía sobre una franja de mar separó a las tres islas más grandes y habitadas –San Andrés, Providencia y Santa Catalina -, lo que relegó a las comunidades a pescar en zonas marítimas menos fértiles y expuso a los pescadores a continúas persecuciones por parte de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. A eso se suma el turismo exacerbado en San Andrés, que ha ido desapareciendo las tierras para cultivo, marginando a los raizales del desarrollo económico y obligándolos a importar casi todos sus alimentos.

Es por ello que desde hace años el pueblo raizal ha venido exigiendo que se les incluya en los espacios de poder y de toma de decisiones, en especial si éstas les afectan de manera directa. Así lo señala Kent Francis James, activista, exgobernador del archipiélago y el primer raizal en hablar en el Palacio de la Paz en La Haya, sede de la CIJ: “Las iniciativas alrededor del tema deben nacer de los sentires y necesidades de los pueblos creoles de todos los países, es vital que se considere nuestra incorporación en el proceso de implementación de las iniciativas que hemos propuesto, como es el caso de Gran Seaflower. Nuestros pueblos existían mucho antes de la constitución de estos seis estados nacionales”, afirma. En la misma posición de Francis James, diez líderes de varios pueblos creole y comunidades afrocaribeñas enviaron el pasado 8 de septiembre un manifiesto a los Gobiernos de estos seis países, instándolos a dialogar y a tomar acciones para la pronta creación de la Gran Seaflower: Hoy le pedimos a los países del Caribe corresponder los esfuerzos que mantenemos como pueblo e iniciar ya una acción urgente por la conservación y restauración de nuestros ecosistemas y nuestra cultura. La degradación ambiental es la desaparición de nuestros medios de vida e implica nuestra extinción. (...) Todas estas son discusiones que deben ser la prioridad antes que las discusiones cartográficas entre estados y las visiones soberanistas de la diplomacia”, se lee en el documento.

Con el ascenso al poder de Gustavo Petro en Colombia, algunas comunidades raizales vieron una posibilidad para disminuir la brecha de representación y lograr su inclusión en espacios decisorios. Como candidato, Petro visitó el archipiélago varias veces. En una visita que realizó ya elegido prometió: “Embajadores, embajadoras, cónsules que sean raizales, va a haber una consulta con la autoridad para escoger nombres y nuestro ministro de Relaciones Exteriores comenzará los nombramientos”.

Aunque hasta el momento tales declaraciones no se han materializado, las esperanzas de que los pueblos originarios ocupen algunos de esos cargos continúan puestas en los más de 100 consulados y 51 embajadas que siguen pendientes de nombramientos, que sin embargo no incluyen la de Nicaragua, donde Petro designó a León Freddy Muñoz, un político antioqueño.

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