La paz total vista desde quienes han sufrido la guerra

Las comunidades de paz que viven en zonas humanitarias se reunieron en Cacarica (Chocó) para hablar de las expectativas sobre la propuesta de paz del Gobierno de Gustavo Petro

Encuentro regional para la cimentación de la paz total en el Chocó.
Encuentro regional para la cimentación de la paz total en el Chocó.Santiago Mesa

En el historial de hechos cruentos del conflicto armado colombiano, el de un grupo de paramilitares lanzándose la cabeza de un campesino como si fuera una pelota de fútbol es quizá uno de los más macabros para cualquier comunidad que ha vivido en medio de la guerra. Cacarica, en Chocó, donde ocurrió ese crimen execrable en 1997, ha sufrido todas las violencias: de la guerrilla, los paramilitares y del Ejército.

Entre el 24 al 27 de febrero de ese año se dieron dos incursiones armadas en simultáneo: la Operación Génesis bajo el mando del general Rito Alejo del Río de la Brigada XVII del Ejército Nacional y la Operación Cacarica de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ambas fueron asesinadas 86 personas, entre ellas Marino López, el hombre al que los paramilitares desmembraron y jugaron con su cabeza.

Después de ese acto, que los niños de la época aún recuerdan como el mayor terror que los empujó a correr a la selva, incluso descalzos, los habitantes de esta cuenca huyeron en botes por el río Atrato, llegaron al golfo de Urabá y malvivieron en el coliseo de Turbo, en Antioquia, por cuatro años. Al regresar, aún sin garantías, se convirtieron en zona humanitaria, una comunidad de paz en la que no dan cabida a ningún grupo armado, incluido el estatal.

A pesar de lo sufrido, en este lugar rodeado por ríos y selva hablan con propiedad de la paz total, la propuesta del gobierno de Gustavo Petro para negociar con todos los grupos armados, incluidas las organizaciones criminales que operan en todo el país. Es un término que no termina de quedar claro en Bogotá. “Paz total es una palabra grande y sabemos que no será fácil, pero sentimos un gran anhelo de que eso suceda, estamos optimistas”, dice Eleodoro Sánchez, un líder de 74 años que fue víctima de uno de los dos desplazamientos. Él huyó a la frontera con Panamá donde también pasó penurias y años después tuvo que exiliarse en Brasil.

Sánchez fue uno de los líderes de esta región que, junto a la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, logró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable al Estado de Colombia por la violencia vivida y lo obligó a proteger los derechos de esta población organizada en dos consejos comunitarios, Nueva Vida y Nueva Esperanza. Se trata pues de un hombre curtido en promesas gubernamentales y frases que él mismo ha desmentido públicamente. Pero se mantiene firme con la idea de la paz. “Eso sí le digo, si hay hambre no puede haber paz”, dice sentado en la escuela de Cacarica, una de las pocas construcciones de cemento.

Eleodoro es líder de la comunidad de Cacarica, el 7 de noviembre de 2022.
Eleodoro es líder de la comunidad de Cacarica, el 7 de noviembre de 2022.Santiago Mesa

Newsletter

El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en su buzón
RECÍBALA

Esa misma idea, la de una paz sin hambre, se repite de voz en voz de líderes de otras comunidades de paz del Bajo Atrato que se reunieron durante tres días a hablar de “la cimentación de la paz total”. Hasta Cacarica, por río, después de horas en lancha y días de trayecto, llegaron cientos de líderes. El II Encuentro Regional en la Reafirmación de la Vida, el Territorio, el ambiente, la paz y la inclusión social para la cimentación de la paz total reunió a comunidades que también han sufrido la violencia como la de San José de Apartadó, donde el Ejército y los paramilitares asesinaron a machete a varios pobladores, incluido un niño, o la de Jiguamiandó, que también sufrió desplazamientos y robo de sus tierras por empresarios y paramilitares.

En medio de las calles de tierra farragosas por las lluvias, los niños recibían a los visitantes con banderas blancas hechas con hojas de papel y marcadas con la frase “paz total” escrita a mano; las mujeres hacían una olla comunitaria y los líderes se reunían por mesas para discutir y realizar propuestas para que el Gobierno, en cabeza del Alto Comisionado Danilo Rueda, un viejo amigo de esa región, se las llevara y escalara al presidente.

“¿Qué muestras han dado los actores armados al llamado de la población civil de Acuerdo Humanitario Global en la propuesta de Paz Global Territorial? ¿Cuáles serían las alternativas de economías agrarias en lo regional? ¿Si se plantea la sustitución de cultivos de coca, cuál sería la propuesta y cómo considera que se desarrollaría?, eran algunas de las preguntas discutían los campesinos.

Para ellos no era ajeno el término paz total. De hecho, nació allí en febrero de 2022 aunque con una variación: lo llamaron paz global territorial y hablaron de Acuerdo Humanitario Global, con el mismo espíritu. Que “entre todos los actores, las comunidades y el gobierno, se busque una salida negociada y pacífica al conflicto que está destruyendo los territorios en lo social y ambiental”, han dicho.

La tranquilidad de al menos seis meses que experimentaron después del Acuerdo de paz con las FARC en 2016 es el recuerdo que traen al presente para explicar lo que esperan de la paz con todos los grupos armados. Poco tiempo después de ese periodo de tranquilidad, tras el desarme de esa guerrilla, apareció el ELN en la zona y también las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que según denuncian tenían apoyo de estructuras de la fuerza pública. También llegaron los cultivos de coca que serían ahora el gran obstáculo para la paz total, en palabras de algunos líderes. Si no hay alternativas económicas, será difícil que los campesinos rechacen esa oferta que cada vez los arrincona más.

En esta región del Bajo Atrato algunos de los mandos han dicho que están cansados y que “ya no quieren seguir haciéndole daño a la población civil”, cuentan en estas comunidades. Sin embargo, también han dicho que temen incumplimientos como los que ocurrieron con los excombatientes de las FARC. La disposición está, dicen, pero solo si se hace una negociación adecuada no se crearían nuevas estructuras. Nadie, sin embargo tiene garantías de que esto no vuelva a ocurrir. El Bajo Atrato está ubicado muy cerca del Tapón del Darién, una ruta apetecida por los grupos armados para el narcotráfico.

Manuel Denis es líder de la comunidad de Jiguamiandó.
Manuel Denis es líder de la comunidad de Jiguamiandó. Santiago Mesa

“Yo digo que no se lograría una paz 100%, porque bíblicamente es difícil, pero sí podemos vivir mejor en las comunidades. Que no les toque a nuestros hijos como a nosotros dormir con las botas puestas y con medio cuerpo dentro del toldo por temor a que nos vengan a matar”, dice Manuel Denis Blandón, líder de la zona humanitaria Pueblo Nuevo de Jiguamiandó, en el Carmen de Darién.

Ellos desde el territorio apelan a la humanidad de quienes integran esos grupos armados y a que muchos son nacidos en las mismas comunidades. “Los grupos nacen del seno de nuestra ‘pobrecía’”, agrega Blandón. “Por eso yo digo que la construcción de la paz total viene del seno de nuestra ‘pobrecía’ hacia afuera. Ojalá el presidente no cambie su postura de escuchar cada una de las voces nuestras para construir la paz porque con hambre y sin educación o vivienda adecuada no hay paz”, concluye este líder detrás de una de las casas de madera de Cacarica.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS