Una placa en honor a los muertos y desaparecidos del Palacio de Justicia genera discordia: “Los militares y guerrilleros también fueron víctimas”

René Guarín, hermano de Cristina, una de las desaparecidas en noviembre de 1985, cuestiona que en los actos conmemorativos se excluyan a los militares y guerrilleros que murieron en esos hechos

René Guarín sostiene una foto de su hermana, Cristina, desaparecida en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
René Guarín sostiene una foto de su hermana, Cristina, desaparecida en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.comisión intereclesial de justicia y Paz.

René Guarín se hizo mayor cargando una foto de su hermana Cristina. Tenía 22 años cuando la vio por última vez. Su familia la buscó por 30 años, hasta hace siete cuando les entregaron una caja con sus restos. Guarín, ahora de 59 años, ha mantenido viva la memoria de su hermana, que desapareció entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, tras el asalto de la guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia y una sangrienta retoma por parte de las fuerzas militares que dejó más de cien muertos y al menos 11 personas desaparecidas.

Cada año, el Estado les hace un homenaje a las víctimas, pero las familias quieren justicia y verdad antes que homenajes. Los principales responsables del operativo que entró a sangre y fuego al edificio del Palacio ya superan los 80 años. Guarín teme que no alcancen a contar cómo fue que un operativo de rescate terminó en una tragedia, con desaparecidos y torturados. El hermano de Cristina ha sido crítico de los actos de conmemoración y de las palabras que en cada aniversario el Estado les dedica a la memoria de las víctimas. “Nos falta la verdad”, dice.

Esta vez, después de 37 años del asalto, Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, acompañó la ceremonia religiosa y se solidarizó con las familias. Guarín, que también fue parte del M-19, conoció al presidente cuando era guerrillero y cree que su presencia en el poder podría por fin abrir camino hacia una reconciliación que ha sido esquiva.

“Logré quedar vivo en medio de más de una veintena que murieron al lado mío. La vida me dejó vivo para recuperar los restos de mi hermana”, dice. Guarín fue parte de una desmovilización masiva el 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca. “Allí hicimos nuestra última parada militar”, recuerda. Después de haber vivido la guerra, cree que a los militares y a los guerrilleros se les debe reconocer como víctimas. “Recibimos con sorpresa que las tres altas cortes de Colombia decidieron instalar una placa en la que omitieron los nombres de los guerrilleros y militares que murieron en la toma y la retoma del Palacio. Ellos también son víctimas”, reclama Guarín, que ha pedido que se borre el nombre de su hermana de la placa porque ―dice― “la memoria no puede excluir a nadie”.

Una imagen de la placa en honor a las víctimas de la toma al Palacio de Justicia.
Una imagen de la placa en honor a las víctimas de la toma al Palacio de Justicia.

Guarín habla de Irma Franco, la guerrillera que fue desaparecida por los militares. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por ese delito. La sentencia dice que existió un “modus operandi” de las autoridades estatales para desaparecer personas. Franco salió viva del edificio de la Corte. Según testigos, confesó que era guerrillera y que había participado en la toma. Su cuerpo fue encontrado enterrado en los terrenos de un batallón. En 1995, la Nación fue condenada a reparar económicamente a su familia por su desaparición. “El nombre de Irma Franco debería estar en esa placa. Ella también fue víctima, sus familiares sufrieron igual que nosotros y que las familias de los militares”, dice Guarín, que también recuerda a Héctor Aníbal Talero, un mayor del Ejército que en las imágenes de ese día se ve descendiendo de uno de los helicópteros que transportaron a los hombres que pretendían tomar el control del edificio asaltado por el M-19.

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“Los militares fueron usados para defender a una cuestionada institucionalidad”, dice Guarín, que espera que el Gobierno de Petro empiece a cerrar las brechas entre las víctimas de primera y segunda categoría. “La paz total que se pregona en el gobierno debe tener en cuenta también a quienes empuñaron las armas y a quienes lo hicieron para defender la institucionalidad”.

Guarín no ha sido el único que ha hablado de la injusticia que todavía rodea al caso. Una de las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán, Helena, se ha dedicado a reclamar la verdad. Su papá fue rescatado con vida por miembros del Ejército, pero apareció muerto después. En junio pasado, describía en columna de la revista Cambio cuáles habían sido sus sensaciones cuando visitó el nuevo espacio de la Corte, donde homenajean a su papá y a otras víctimas. “Con esa nueva edificación, oscura y de poca gracia, se pretende hoy hacer de cuenta que nada pasó y aún no se reivindica plenamente lo que hicieron los señores de la guerra, a otros y al país que confiaba en su Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Allí hay una lánguida exposición de las fotos de solo cerca de 20 personas escogidas, con no se sabe qué criterio, entre el centenar de víctimas de aquellos crímenes atroces”.

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