La justicia cerca al vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona

El fiscal pide tres años y medio de cárcel para Ferran Civil (UDC) por autorizar una nave en suelo protegido

Ferran Civil, alcalde de Cercs.
Ferran Civil, alcalde de Cercs.

Los frentes judiciales que tiene abiertos el vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona, Ferran Civil Arnabat (Unió Democràtica), son tantos que ya ni se inmuta. “Estoy muy tranquilo y confío en la justicia, que hasta ahora me ha dado la razón”, dice Civil, que tiene 62 años y lleva un tercio de su vida con el bastón de mando de Cercs (Berguedà) “Si fuera un mafioso como dicen, no me votarían; la gente no es tonta”, añade el alcalde, imputado en dos causas judiciales e investigado por la Fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

Civil se sentará en el banquillo de los acusados por dos presuntos delitos sobre la ordenación del territorio. Es el caso que está en una fase más avanzada. El fiscal pide que el alcalde sea condenado a tres años y medio de cárcel y a 12 de inhabilitación; además, le exige el pago de una multa de 12.000 euros. El número tres de la Diputación autorizó la construcción de tres naves industriales, de 300 metros cuadrados cada una, en un terreno no urbanizable que, además, el Consistorio catalogó en 2006 como “de interés natural, paisajístico y forestal”. “Si aquello tiene un gran valor, que baje Dios y lo vea”, replicó ayer el regidor de Unió.

Cuando el empresario Pedro Miguel Acebillo, también imputado, expuso al alcalde sus intenciones, este le dijo que no hallaría “ningún obstáculo serio del Ayuntamiento”, según el escrito de acusación del fiscal. El empresario acabó construyendo “un gran complejo industrial” —con chimenea y depósito de biomasa— destinado a la elaboración de productos alimentarios. “Entiendo que es una actividad agrícola, pero solo seguí los criterios de los técnicos municipales”, defiende. Esos técnicos —la arquitecta municipal, Maria del Carme Casas, y el secretario, Pau Llorens— figuran igualmente como imputados.

El fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrín, recuerda que el alcalde “conocía en todo momento” lo que se estaba erigiendo en aquel terreno y, aun así, “no hizo nada para impedirlo”. También exige que se derriben las naves.

La misma Fiscalía de Medio Ambiente tiene en marcha otra investigación similar y está pendiente de presentar querella ante el juzgado de guardia

La misma Fiscalía de Medio Ambiente tiene en marcha otra investigación similar y está pendiente de presentar querella ante el juzgado de guardia. Ese caso empezó en 2009 a raíz de unas obras en La Mussolera, una masía de interés histórico. Los propietarios pidieron autorización para una rehabilitación; en lugar de eso, construyeron dos casas de nueva planta en una zona catalogada, también, como no urbanizable y de valor agrícola y forestal.

El tercer frente contra el alcalde lo impulsó la Fiscalía de Delitos Económicos a raíz de la denuncia de un vecino. El fiscal interpuso a su vez una denuncia ante el juzgado de guardia de Berga por un presunto delito de prevaricación relacionado con la compra de una empresa que gestiona el tren turístico del Berguedà.

Civil es presidente del Consorcio de la Ruta Minera del Berguedà, un organismo formado por los municipios de Cercs, Guardiola de Berguedà, Fígols y Vallcebre para impulsar una zona deprimida tras el fin de las explotaciones mineras de carbón. En 2007, el consorcio compró con dinero público las acciones de Carrilet Vall de Camprodon, SL, la empresa que gestionaba un tren turístico compuesto por tractor y dos vagones.

El alcalde de Cercs pasó a ser administrador único de la empresa (que cambió su nombre por Carrilet Verd del Berguedà) el 17 de abril. Ese mismo día, el capital social de la compañía se redujo de 21.038 a 3.006 euros. En lugar de comprar el tren directamente, explica el fiscal, el alcalde adquirió la empresa. Y como administrador, vendió el tren al consorcio por 180.000 euros, una cantidad “que está muy por encima del valor social de la empresa”, que se redujo a 3.006 euros.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) también ha examinado las actuaciones de Civil al frente del Consistorio

Civil se convirtió, según la denuncia de la fiscalía, en “vendedor-comprador” y redujo el capital social “sin causa aparente”, ya que tras esa compra la empresa “quedó totalmente inoperativa”. “Queríamos explotar el tren. Los propietarios, una familia mayor con la que teníamos buen rollo, dijeron que era mejor comprar la empresa por temas fiscales”, justificó el alcalde. Además de esas “irregularidades”, el fiscal recuerda que el equipo de gobierno local “no informó del contenido de esas operaciones”.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) también ha examinado las actuaciones de Civil al frente del Consistorio. En 2008, Cercs y un representante en España de la multinacional india Jindal Stainless mantuvieron conversaciones para que la compañía instalase en el pueblo, de unos 1.300 habitantes, una fábrica para el tratamiento de acero inoxidable. El Ayuntamiento aprobó la cesión de unos terrenos municipales durante 50 años. El contrato se firmó ese mismo año en Delhi, adonde viajaron el alcalde, su esposa y diversos cargos públicos; entre ellos, el entonces director general de Administración Local de la Generalitat, Carles Bassaganya, y el portavoz adjunto de CiU en el Parlament, Josep Maria Pelegrí.

El fiscal concluyó que en esa cesión de terrenos no había indicios de delito, pero sí apreció diversas irregularidades en el contrato, que “no está firmado por ningún fedatario público” y contiene unas condiciones “no demasiado claras”. Por eso trasladó el caso a Antifraude. La oficina consideró que se trataba de una cesión gratuita del derecho de superficie, limitada solo a entidades públicas o privadas si estas no tienen ánimo de lucro. La investigación ha concluido con un informe de recomendaciones, según fuentes de la institución.

La OAC llegó a preguntar al alcalde quién pagó el viaje. Civil respondió por carta que prefería “mantener discreción” sobre ese asunto, aunque aclaró que no se hizo con dinero público. El Consistorio pidió subvenciones para preparar el terreno del polígono industrial, a pesar de que el contrato, según la fiscalía, decía que la empresa debía encargarse de esos trabajos.

Sobre la firma

Jesús García Bueno

Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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