La juez del caso de los ERE deja en libertad al sucesor de Guerrero

La juez Alaya recrimina al ex director general Juan Márquez su ignorancia sobre la concesión de ayudas públicas

La juez Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla este miércoles.
La juez Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla este miércoles.GARCÍA CORDERO

Juan Márquez, ex director general de Trabajo andaluz y sucesor del principal acusado en el caso de los ERE Javier Guerrero, ha quedado este miércoles en libertad tras dos días de declaración como imputado. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 205 millones de fianza por responsabilidad civil, pero ha evitado pedir prisión preventiva, una drástica medida aplicada a su antecesor Guerrero y el exconsejero Antonio Fernández, ambos encarcelados.

La Junta también ha evitado las medidas personales y ha rebajado la suma a 3,5 millones de fianza por las pólizas de los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón y tres pagos irregulares en las empresas SAT Virgen del Espino, Packsur y el restaurante Río Grande. Las acusaciones del PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias se adhirieron a la petición de Anticorrupción. “El procedimiento ha dado un giro”, ha destacado el abogado de Márquez, Manuel Pérez Cuajares, satisfecho por el resultado. Mientras, el acusado preguntaba incrédulo a su letrado: “¿Pero de verdad me puedo ir?”

El caso ya viró de dirección cuando hace dos semanas la Audiencia de Sevilla corrigió la decisión de la juez Mercedes Alaya al decretar prisión con fianza para Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero. La decisión ha debido pesar para que Anticorrupción evitara pedir prisión preventiva para Márquez, y es probable que influya en la resolución del recurso presentado por Fernández para obtener su libertad, y que debe resolver en breve la Audiencia.

A lo largo del día, Alaya ha reprochado a Márquez sus evasivas. “Su falta de conocimiento es llamativa (…) No me haga ver lo blanco negro (…) Hace usted el interrogatorio extremadamente difícil o cansino (…) Usted me aburre (...) El lenguaje no es su fuerte”. La magistrada se ha mostrado severa y más expresiva que nunca con el ex alto cargo imputado: “Me está usted alarmando por momentos”.

La juez acusa a Márquez de cuatro delitos: malversación, prevaricación activa y omisiva, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delito, todos ellos continuados. Este miércoles ha culminado su exhaustivo repaso a la gestión de Márquez entre 2008 y 2010, periodo en el que concedió 154 millones en ayudas sociolaborales para ERE y subvenciones directas a empresas. La magistrada ha terminado sus casi 100 preguntas este miércoles por la tarde.

Márquez ha defendido su gestión para poner orden tras la caótica gestión de Guerrero, así como el derecho de ciertos intrusos para recibir ayudas individuales, ante la incredulidad de Alaya. Entre ellos figura el exdelegado de la Junta Juan Rodríguez Cordobés en la empresa Calderinox. La juez le ha achacado que carecía de potestad para autorizar ayudas por más de 450.000 euros y el desvío de fondos públicos a través de los pagos cruzados.

Durante el interrogatorio, Márquez ha admitido: “Quizás no he sido todo lo diligente que debiera, pero tenía numerosos conflictos que atender y a veces tenía que dar órdenes en los pasillos”, según relataron abogados presentes en la vista. El día anterior reconoció incluso que nunca leyó el convenio de 2001 que regía la concesión de ayudas.

La juez le ha achacado que ignorara un informe del despacho Garrigues que ya en 2009 censuraba el sistema de ayudas, además de privilegiar a su provincia (Huelva) con 30 ayudas en solo dos años. Los letrados han relatado que el interrogatorio fue el más duro de los realizados por Alaya a los miembros de la anterior cúpula de Empleo. Una comparecencia intensa pero repleta de contradicciones y debates estériles entre imputado y juez.

La juez le ha preguntado sobre diversas pólizas irregulares que Empleo abonó y que el exdiputado Ramón Díaz investigó en noviembre de 2009, aunque sin resultados. “¿Por qué no se transmitió al Consorcio de Seguros para que detuviera los pagos?”, ha inquirido la juez. Márquez ha replicado que no se transmitió dicha investigación al consorcio, sin aportar más datos. “Yo no soy inagotable, yo también me canso. Escúcheme”, le ha rogado la juez Alaya al imputado, en un gesto inusual, dada la entereza que denota la magistrada en las interminables jornadas de comparecencias.

Desde este miércoles el caso entra en una nueva fase. Ante la deriva que había tomado la instrucción, con tres autos de prisión preventiva, este miércoles gran parte de los 54 imputados han vuelto a suspirar con gran alivio.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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