Sanidad insiste en que el sector privado controle las recetas

A la empresa privada corresponderá el control de la prescripción farmacéutica ambulatoria

Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo modelo privatizador que quiere introducir la Generalitat en la sanidad pública valenciana a partir del mes de enero de 2013 consiste en ceder el control de los fármacos que prescriben sus propios médicos a empresas. Este aspecto ya figuraba en el borrador del pliego de condiciones del modelo que diseñó la Consejería de Sanidad y que publicó este diario a mitad de junio. Y sigue en el documento definitivo al que ha accedido EL PAÍS.

Las intenciones de Sanidad consisten en dividir en lotes (en principio seis) los 18 departamentos de salud que dependen de la Generalitat y ceder al sector privado la gestión de los servicios ya externalizados. Sin embargo, también se prevé ceder a estos operadores el control de algunas cuestiones que, hasta el momento, estaba en manos públicas. Un ejemplo de ello es la supervisión de lo que recetan los facultativos.

En manos de la empresa

De esta forma, entre los servicios que se entregarán al control de las adjudicatarias se encuentra la prestación farmacéutica (y dietoterápica) a través de receta médica. El documento final de Sanidad establece que a la empresa privada corresponderá “el control, para la mejora de la gestión, de la prescripción farmacéutica ambulatoria realizada en los centros de atención primaria y especializada”. Para ello intervendrá en “la elaboración de protocolos de uso de medicamentos, particularmente en relación con los de mayor impacto económico”, en la “formación de los médicos”, o en “el seguimiento de la prescripción por médico y patología”.

En otras parcelas, las empresas privadas tendrán aún más peso y no se limitarán al control, sino a la gestión y la prestación directa de los servicios sanitarios. Por ejemplo, en todo lo relacionado con la compra, almacenamiento y distribución de las prótesis que se implantan quirúrgicamente; la adquisición, gestión y provisión del material sanitario o los servicios sanitarios que ya están concertados (oxigenoterapia, transporte sanitario, diagnóstico con resonancia magnética o hemodiálisis).

A ello se suman todos los servicios no sanitarios ya externalizados (limpieza, mantenimiento, seguridad, lavandería, archivos, residuos o esterilización). En esta categoría de gestión y prestación privada se encontraba, en un primer momento, también la farmacia hospitalaria, pero Sanidad la ha excluido del documento final.

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