Cajamar y Ruralcaja retrasan su fusión para concretarla en otoño

La unión de Caja Rural Castellón y los cambios normativos llevan a la demora

Una oficina de Ruralcaja en Valencia.
Una oficina de Ruralcaja en Valencia.TANIA CASTRO

La concreción de la fusión entre las dos principales cajas rurales españolas —la andaluza Cajamar y la valenciana Ruralcaja— se retrasa al otoño. La alianza entre las dos entidades de crédito fue anunciada por sus respectivos consejos rectores a mediados de diciembre de 2011 y aprobada en enero siguiente en asamblea general. La intención primera era que la gran fusión de las dos rurales estuviera cerrada entre finales del pasado mes de mayo y principios de junio para que la entidad resultante empezara su andadura en julio. Pero aún está pendiente.

Cajamar, entidad que triplica el volumen de Ruralcaja por negocio y activos, restó este lunes importancia al retraso y aseguró que la fusión estará ultimada el próximo mes de septiembre para después, el 12 de octubre, acometer la integración informática, uno de los pasos más delicados pero también más importantes en una fusión.

Cajamar explicó que la demora se ha producido por diversos motivos: por un lado, destacó que cuando se anunció la fusión entre Ruralcaja y Cajamar y se marcaron los plazos de la operación no se sabía que se iba a sumar a la misma una tercera entidad, Caja Rural Castellón. La entidad castellonense anunció a principios de mayo su decisión de unirse a Cajamar. La operación, agregó un portavoz de la caja rural con sede en Almería, también supondrá la integración de los dos SIP que lideran ambas rurales, lo que suma 22 entidades que han tenido que aprobar este paso individualmente, lo cual también ha supuesto un retraso.

El segundo gran motivo del retraso de la operación, según esta misma fuente, ha sido la adaptación al cambiante escenario financiero español. Los nuevos requerimientos que ha ido marcando el Gobierno para las entidades financieras, que también afectan a Cajamar y a Ruralcaja, han obligado a las rurales a adaptar sus planes a la nueva regulación, lo que en la práctica también ha llevado a renegociar algunos aspectos ya acordados previamente.

En la misma línea, otras fuentes financieras consultadas coinciden en explicar el retraso por el cambiante escenario de la regulación financiera española. Estas fuentes, en cualquier caso, insisten en la importancia de que se concrete la fusión informática para que las entidades dejen de funcionar por separado y para que se pueda hacer “economía de escala”.

Cajamar contextualizó todos estos aspectos, internos y externos, dentro de la normalidad de una fusión que avanza “según la hoja de ruta” marcada y en función del “proceso previsto”.

La fusión de Cajamar y Ruralcaja, antaño competidoras, dará lugar a la creación de Cajas Rurales Unidas, el nombre oficial que tendrá la nueva entidad. Cuando se anunció la operación, Rafael Carrau, subdirector general del grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), que lidera Ruralcaja, aseguró que aspiraba a manejar una cuota del 15% del negocio financiero en la Comunidad Valenciana en un periodo aproximado de cinco años.

En aquel momento, Carrau recordó que el Grupo CRM fomentó la constitución de un banco cooperativo de ámbito nacional al margen de Cajamar, pero ante la imposibilidad de implicar a otras entidades menores, optó finalmente por pactar una fusión con la rural andaluza para ganar volumen. El coeficiente de solvencia de ambas entidades por separado estaba en aquel momento por encima de las exigencias del 9% para todo el sector financiero. En conjunto supera el 12%. Las cajas rurales, además, no arrastran deudas con terceros, como el resto de entidades del sector.

Cuando se acordó la fusión, también se anunció que Ruralcaja mantendría la marca en la Comunidad Valenciana y Cajamar haría lo propio en el resto del territorio español, al menos durante los primeros tres años tras la unión.

La operación también supondrá la prejubilación de alrededor de 550 empleados, según el preacuerdo alcanzado el pasado junio, lo que implica el 8,6% de la plantilla de la nueva entidad, que es de 6.335 empleados.

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