Bizkaia pide la libertad condicional de presos de ETA enfermos

Mendia reclama al Gobierno central que dé “pasos” en materia penitenciaria

Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron ayer, con el respaldo de Bildu y PNV, reclamar la libertad condicional para todos los presos etarras con enfermedades graves e incurales, de forma que reciban los tratamientos de salud necesarios en “las condiciones convenientes”.

La propuesta, rechazada por PSE-EE y PP, surgió de una iniciativa de Bildu, que reclamaba la puesta en libertad de trece presos etarras con enfermedades graves, a la que PNV ha presentado una enmienda para que la petición se haga extensiva a todos los reclusos con enfermedades graves.

Jon Sánchez, juntero del PNV, dijo que la legislación española obliga a actuar “de forma activa” para preservar la salud de las personas presas y ha dicho que la enmienda de su grupo es “inclusiva” y se enmarca en el objetivo de trabajar con “coherencia ética con dignidad humana y derechos humanos”.

La juntera del PP, Carmen Carrón, ha asegurado que el reglamento penitenciario contempla ya la puesta en libertad de aquellos presos muy graves, cuya situación sea acreditada por un informe médico y en este sentido recordó el caso de Iosu Uribeetxebarria Bolinaga.

Política penitenciaria

A su vez, la portavoz en funciones del Gobierno vasco y parlamentaria electa del PSE-EE, Idoia Mendia, reclama al Gobierno central que dé “pasos” en materia penitenciaria, que analice los casos de presos con enfermedades graves y acerque a los reclusos a cárceles de Euskadi. Asimismo, pide a los presos de ETA que “recuperen su voz” y den “un gran paso adelante”, ya que, en su opinión, en estos momentos “están subordinados a la izquierda abertzale”, dijo a Euskadi Irratia, según Europa Press. “El Gobierno de España debe dar pasos. Hay que analizar los casos de los presos enfermos y, si situación es grave, deben ser puestos en libertad”, añadió.

Por su parte, Lokarri urge al ministro Fernández Díaz y al Gobierno central a actuar “con la mayor responsabilidad y rapidez posible” para “aprovechar esta oportunidad” de consolidar el final definitivo de la violencia de ETA, abriendo contactos y “explorar las posibilidades de la actual legislación para implementar una agenda de desarme, desmantelamiento y reintegración social”.

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