El PNV encara la sombra del espionaje

Arranca el juicio a Aitor Tellería, quien fue el principal ‘fontanero’ peneuvista en Álava, y a dos ‘ertzainas’, acusados de investigar a políticos y empresarios

Aitor Tellería, en el Parlamento vasco tras comparecer ante la comisión de investigación del 'caso De Miguel'.
Aitor Tellería, en el Parlamento vasco tras comparecer ante la comisión de investigación del 'caso De Miguel'.

Supuestos espías y supuestos espiados se van a ver las caras en la Audiencia de Álava, dos años y medio después. Hoy arranca el juicio del caso Tellería, el presunto espionaje a políticos y empresarios alaveses, entre otras personas.

Dos exagentes de la antigua Unidad de Información y Análisis (UIA) de la Ertzaintza, Carlos Lau y Jesús Acha, y el exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería están acusados de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. La fiscalía considera a los dos primeros autores de los delitos y al tercero, colaborador necesario.

¿Simples cotilleos o filtraciones de informaciones secretas de la Ertzaintza y espionaje para el uso político del PNV? Telleria, considerado el principal fontanero del PNV alavés y estrecho colaborador de su entonces presidente, Iñaki Gerenabarrena, justificó durante la instrucción que una de sus funciones en el partido era gestionar las informaciones anónimas que llegaban a manos del partido.

Los tres se enfrentan a penas de cuatro años de prisión, a las que el fiscal, Josu Izaguirre, añade en su escrito de acusación el pago de indemnizaciones a una veintena de afectados que suman 342.000 euros.

Es un caso a medias entre lo novelesco y lo cómico, con datos como los correos electrónicos firmados por Pepe Gotera y enviados a través de la dirección pimortadelo@gmail.com, alguien cuya identidad aún no ha sido desvelada.

Sorprenden también los términos coloquiales que los implicados empleaban al hablar de los investigados: una de las fichas del supuesto espionaje afirma que el sobrino de un dirigente del PP alavés “odia todo lo que huela a nacionalismo y dice perrerías de los nacionalistas”.

Pero junto a ello se mezclan otros detalles preocupantes. La fiscalía subraya que se puso “en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad” de las personas presuntamente espiadas, algunas de ellas calificadas como “fuentes de la Ertzaintza sobre la actividad de ETA”.

El fiscal pide cuatro años de cárcel para cada uno de los tres acusados

El hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, afeó en enero de 2011, cuando se levantó el secreto de sumario y él presidía el PNV, las “prácticas ilegales indecentes, chapuceras y asquerosas”.

El caso se cimenta en seis fichas que la Ertzaintza halló en el ordenador de Tellería después de su detención hace ahora tres años por el caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción que implica a ex altos cargos y exmilitantes peneuvistas alaveses. Aún en fase de instrucción, este caso suma una veintena de imputados, entre ellos el propio Tellería y su esposa, Araceli Bajo. Ambas causas entrelazadas suman el mayor escándalo que ha sacudido al PNV en los últimos años.

Los documentos, en un formato similar al de fichas policiales —las defensas basan parte de su estrategia en que no son ficheros policiales—, destaparon esta parte separada del caso De Miguel.

La fiscalía considera esos textos la punta del iceberg de un espionaje que dio lugar a “cientos” de documentos transferidos por los agentes de la UIA a Telleria, quien después los borraba.

El trasvase de datos sobre el entonces alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcoz; informadores que trabajaban para el CNI y la Ertzaintza, directivos de la patronal alavesa o periodistas, junto a los seguimientos y las entrevistas con algunas fuentes, se decidió en algún momento antes de junio de 2008, según la fiscalía.

Un informe del anterior Departamento de Interior confirma que las fichas halladas no son informes propiamente dichos de la policía autonómica. Pero la instrucción del caso ha permitido confirmar que los dos ertzainas acusados consultaron la base de datos de la Ertzaintza en busca de información sobre los investigados. También consta el cruce de llamadas entre los agentes, hoy destinados en los Miñones, y Tellería.

El precedente lleva a 1986 y las escuchas telefónicas al exlehendakari Carlos Garaikoetxea.

La vista comienza hoy con las declaraciones de los acusados. Un total de 44 personas, entre testigos y peritos, están citadas a declarar. entre mañana y el miércoles.

El caso esconde aún incógnitas como quién usaba la citada dirección de correo electrónico o quiénes el aludido en una ficha: un exmiembro de “una logia” que “introduce metadona en las cárceles con el plácet de Instituciones Penitenciarias, contactos con Israel y funda la empresa [...] con la que realiza negocios de venta de armas”.

Causa descafeinada

El juicio comienza con las acusaciones considerablemente descafeinadas, sin la inicial petición de condena de la fiscalía por revelación de secretos contra los dos agentes. Así lo decidió la Audiencia de Álava, atendiendo a parte de las reclamaciones de las defensas.

En la práctica, ello supone que la pena máxima de cárcel a la que los acusados se enfrentan baje de siete a cuatro años.

Los tres magistrados que dictaron este auto eran precisamente los que después asumirían el juicio, lo que motivó que la fiscalía pidiese la recusación de todos ellos al entender que su imparcialidad quedó "contaminada". Esta es una de las razones por las que el juicio se celebrará con un importante retraso.

Ahora, la Sala compuesta por Iñigo Madaria, Edmundo Rodríguez e Iñigo Elizburu será la encargada de la causa.

Por el camino, además de uno de los delitos, se quedó también la acusación particular ejercida por el PP por el supuesto espionaje a su juntero Santiago Abascal, retirada en 2011 en un gesto que fue interpretado como un guiño del PP al PNV en Álava, donde los populares gobiernan en minoría, lo que les obligaba a buscar acercamientos con los periodistas.

También queda atrás la denuncia de los acusados contra la publicación de datos del sumario, declarado secreto. Ocho periodistas, tres de ellos de EL PAÍS, fueron llamados a declarar. La causa quedó sobreseída.

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