El Consell, dividido sobre el reparto de los nuevos ajustes

Los consejeros discrepan sobre que deben asumir los empleados públicos

Valencia -
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, en el complejo administrativo 9 d'Octubre.
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, en el complejo administrativo 9 d'Octubre. TANIA CASTRO

Las nuevas medidas de austeridad que prepara el Gobierno valenciano para los presupuestos de la Generalitat de 2014 amenazan con elevar la tensión interna del Consell en los próximos meses. Los consejeros mantienen diferentes opiniones sobre como repartir los nuevos ajustes económicos que será necesario realizar para cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda y seguir reduciendo el déficit el año que viene.

El titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se ha marcado como meta elaborar un presupuesto de base cero, que parafraseando al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quiere decir “tanto tengo, tanto gasto”. Pero para ello hay que seguir podando el gasto de la Administración valenciana y aquí es donde empiezan las discrepancias.

Un sector del Consell considera que los funcionarios difícilmente asumirán una prórroga de los recortes decretados en enero de 2012, vigentes hasta diciembre de 2013, que han supuesto un recorte a la mitad de los complementos de las nóminas de sanitarios y docentes y la reducción de un tercio de salario y jornada del personal interino.

Buena parte del Consell todavía recuerda las ocupaciones de consejerías y el deterioro del clima de trabajo en la Administración valenciana con el consiguiente desgaste personal.

Sin embargo, otro sector del Consell considera que los empleados públicos —aunque el vicepresidente José Ciscar ha insistido durante meses que el Ejecutivo no se planteaba mantener un ajuste de tan amplio calado como el aprobado en enero de 2012— todavía pueden soportar una parte significativa de los sacrificios.

En favor de esta tesis, este sector del Consell argumenta que las partidas destinadas al gasto corriente de la Administración valenciana han sufrido un ajuste brutal en los últimos dos años y no caben más recortes sin poner en peligro servicios esenciales.

“La Comunidad Valenciana todavía tiene margen para adoptar medidas como las que han aprobado Cataluña, Andalucía o Murcia, que han suprimido o reducido la paga extra de sus funcionarios”, argumenta un consejero, que no descarta tampoco una prórroga de la quita salarial vigente. “Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes, en dos pocos años pasaremos del 3,5% a menos del dos, es una tarea inmensa”, recalca.

En este contexto, Moragues apuntó el miércoles la posibilidad de suprimir un buen número de subvenciones y transferencias corrientes, que no se pueden pagar por falta de liquidez, para evitar el aumento de la deuda y centrifugar el coste del nuevo ajuste, probablemente de centenares de millones.

En este contexto de ajustes presupuestarios, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, anunció ayer que 122 unidades de vigilancia de prevención de incendios recibirán formación para reforzar el papel de las Brigadas de Emergencia de la Generalitat ante el riesgo de inundaciones y optimizar los recursos.

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