Oia encarga el proyecto para derribar el Talaso ilegal tras la amenaza de multas

El juzgado advierte al Ayuntamiento que si no pone en marcha la demolición dictada en sentencia firme será sancionado

El Ayuntamiento de Oia, en la provincia de Pontevedra, ha encargado finalmente y a regañadientes la redacción del proyecto de derribo del Hotel Talaso Atlántico, levantado sobre las rocas en Mougás con 4,5 millones de ayudas oficiales y con sentencia firme de derribo desde 2009 por ocupar el dominio público con una licencia declarada ilegal. El alcalde, Alejandro Martínez (PP), firmó un decreto el 29 de mayo por el que adjudica el trabajo a O.P.V. Arquitectura y Urbanismo por un importe de 8.040, 66 euros.

El decreto lo rubrica el regidor tan solo seis días después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra le remitiese una providencia en que le daba 10 días de plazo para “indicar en qué estado se encuentra la ejecución en cuanto a la demolición se refiere”, o exponerse a una multa de 1.500 euros “y si aún así sigue sin verificar el requerimiento se reiterarán dichas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial”.

El enfado de la magistrada resulta de la acumulación de avisos al regidor en el mismo sentido. Ya en abril del año pasado avisó a Rodríguez de que le impondría sucesivas multas en tanto no pusiese en marcha el derribo. El Ayuntamiento recurrió la decisión sin éxito y finalmente decretó la demolición en la última semana del año pasado, a punto de que expirase plazo. En febrero, y en los mismos términos —o respuesta o multa— volvió a pedir información el juzgado. El ultimátum más reciente es el de mayo, al que se responde con en el encargo de redacción del proyecto de derribo.

La flojera municipal tiene sus defensores. El dueño del hotel, especializado en terapias con agua marina, Jesús Pérez Gil, recabó el año pasado el apoyo del entonces presidente de los empresarios pontevedreses y ahora de los gallegos en general, José Manuel Fernández Alvariño, y de alcaldes de la comarca para reclamar laxitud en el cumplimiento de la ley en nombre de los 60 empleos directos del complejo. Y hasta el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se inclinó en enero, una vez aprobado la orden de derribo, por buscar una solución legal por el supuesto “enorme contenido turístico, económico, social y laboral” del Talaso. El Ayuntamiento de Oia sostiene la controvertida tesis de que la aprobación del Plan de Ordenación (pendiente desde 2006) podría blanquear el expediente.

Pero el caso es que el edificio hotelero invade el dominio público de Demarcación de Costas —que también amenaza con quitarle la concesión— porque la supuesta norma municipal que lo ampara no existía, según el Ayuntamiento de Oia por un error administrativo. Los vertidos fecales del complejo también han estado bajo sospecha judicial.

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