“Pusimos el ascensor porque daban la mitad de los 110.000 euros que costó”

La Comunidad entrega a los vecinos una ayuda reducida en un 25% de la aprobada

Afectados por la reducción delante de su casa en Ciudad de los Ángeles.
Afectados por la reducción delante de su casa en Ciudad de los Ángeles.Jaime Villanueva

“Se han confirmado nuestras peores sospechas, al final la Comunidad de Madrid solo nos va a abonar 15.000 euros en vez de los 50.000 a los que se comprometieron por la instalación de ascensores en fincas antiguas”, denuncia Antonio Caparrós, de la Asociación de Vecinos de Chueca. Su comunidad, de 11 vecinos, solicitó la ayuda en mayo de 2010. El plazo para contestar la solicitud era de seis meses. Transcurridos más de cuatro años y con el elevador ya en funcionamiento, recibieron a mediados de julio una carta de la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda en la que les reconocen el derecho a recibir la subvención, pero con una reducción de 35.000 euros.

“Además, en pleno verano, con estivalidad y alevosía, lo que implica que hay muchas personas de vacaciones a las que se les puede pasar el plazo para interponer un recurso”, denuncia. En su caso, el elevador importó 76.700 euros. Aunque ellos se consideran privilegiados, al no tener que acudir a los bancos para solicitar un préstamo. No ocurre lo mismo con otros afectados, que Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista, cifra en más de 2.000 en toda la Comunidad de Madrid.

La subvención de hasta 50.000 euros ha quedado reducida a 15.000

Las subvenciones para la instalación de ascensores se iniciaron en 2007. En años sucesivos se volvieron a convocar. El último decreto en el que se establecieron las ayudas regulaba las subvenciones para el periodo 2009/2012. Tanto el decreto como la orden que lo desarrollaba establecía que la subvención sería del 70% del coste real de la instalación con el límite de 50.000 euros por ascensor.

Pero la Comunidad de Madrid cambió las reglas de forma sorpresiva en 2012, con la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. En su artículo 20 suspendía los decretos sobre ayudas a vivienda, lo que supuso el fin del cheque vivienda y las subvenciones a la rehabililtación, además de la reducción del 25% en el importe para apoyar la instalación de elevadores. “Y lo pretende aplicar con carácter retroactivo, algo completamente ilegal”, señala Gordillo.

Muchos afectados pidieron créditos para hacer frente a la inversión

Dotar a las viviendas antiguas de esta infraestructura se había convertido en una de las medidas que el Gobierno regional publicitaba como una de sus actuaciones estrella. Hasta tal punto que Esperanza Aguirre inauguró el ascensor 1.000 en abril de 2010. Luis Vara, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad de los Ángeles, en el distrito de Villaverde, recuerda el momento. “Montaron el numerito y la entonces presidenta animó a todos los vecinos a solicitar las ayudas. Con eso y con la normativa, nos metimos a tope”, señala. En esta colonia obrera, donde la media de edad es avanzada, se colocaron 34 ascensores en viviendas de cinco plantas y 10 vecinos. Ahora se han embarcado en un recurso contencioso administrativo para reclamar las cantidades que, en su opinión, la Administración pública les adeuda.

Alberto Rosánes, es presidente de una de las fincas situada en este barrio que han denunciado, y asegura que “no habríamos puesto el ascensor si llegamos a saber esto”. Tiene 51 años, es auxiliar administrativo y está en paro desde hace años. A pesar de tener grandes dificultades para llegar a final de mes, debe hacer frente a un crédito nuevo por el incumplimiento del Gobierno regional.

“El ascensor, que está instalado por fuera de la casa, nos costó unos 110.000 euros”, explica. Los vecinos han solicitado un crédito mancomunado, para pagar una derrama del ascensor de 47.000 euros que debían a la empresa que se lo instaló. “Casi el mismo importe que prometió la Comunidad de Madrid, ¿y de dónde lo sacábamos?”, se pregunta. Lo pidieron al banco. “Y ahora se descuelgan con 15.000 euros y se quedan tan anchos”, denuncia.

Más de 1.000 quejas en el Defensor del Pueblo

Esther Sánchez

El Defensor del Pueblo ha recibido hasta mediados de julio de este año 1.066 quejas de vecinos relacionadas con las subvenciones para la instalación de ascensores en Madrid. “Pero se siguen recibiendo más”, responde la institución a una vecina de Getafe el pasado 11 de julio. Las demandas proceden de comunidades de propietarios que denuncian retrasos en el abono de las ayudas ofrecidas y de no recibir ningún tipo de información por parte de la Comunidad de Madrid.

En el informe que remitió la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Viviendas al Defensor del Pueblo se aseguraba que habían iniciado los trámites para proceder al abono de las subvenciones presentadas hasta el 30 de septiembre de 2009. Aun así, el Defensor del Pueblo, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de los expedientes, solicita a la consejería que le aclare las razones de la falta de información a los interesados.

Respecto a la cuantía de la subvención, la institución recuerda al Gobierno regional que la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de 2012 en la que se reducen las ayudas para instalar ascensores un 25% (de 50.000 a 15.000 euros) se debe aplicar según afirma la propia normativa “a partir de la entrada en vigor de la presente ley”. Motivo por el que piden a la consejería que les concrete cuál va a ser la subvención real.

Antonio Fernández Gordillo, diputado del PSOE, sostiene que la forma de actuar de la Comunidad de Madrid es “completamente ilegal y origina inseguridad jurídica entre los afectados”. “Es de sentido común”, continúa, “a nadie se le puede cambiar las reglas del juego de esta forma, que una persona cuente con un importe y, de repente, sea otro menor”, opina.

Un portavoz de la Consejería de Transportes informa de que desde 2007 a 2012 se pagaron 1.350 ayudas para la instalación de ascensores por un total de 62 millones (a 50.000 euros por subvención). Quedaban pendientes 1.108 ayudas que importaban 16 millones. Estas con peor suerte, a 15.000 euros, que son las que se están pagando.

La única opción, en caso de no estar de acuerdo, indican desde la Asociación de Vecinos de Chueca, es presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes desde la notificación. O interponer un contencioso-administrativo, para lo que se necesita el acuerdo de la junta de propietarios.

Sobre la firma

Esther Sánchez

Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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