La Fiscalía de Almería pide derribar 98 viviendas sin licencias de británicos

El portavoz del Gobierno dice que habrá acuerdo para regularizar 25.000 casas en la comunidad

La Fiscalía de Almería va a solicitar la demolición de 98 viviendas propiedad de ciudadanos británicos residentes en Albox (Almería). Según un escrito del ministerio público, dos promotores levantaron una zona residencial presuntamente sobre suelo no urbanizable y sin la licencia municipal de obras. El fiscal considera que los acusados, hermanos y responsables de las empresas que promovieron y construyeron el residencial, deben indemnizar a los compradores de las casas en la “cuantía pagada y gastos ocasionados por la compra”, además de hacerse cargo del coste del derribo, que cuantifica en 689.000 euros, según ha informado este martes Europa Press.

Las 98 viviendas, ubicadas en el paraje El Romeral-La Aljambra, se levantaron entre los años 2004 y 2006 y, según indica el fiscal en su escrito, “no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox”. La Fiscalía, en su texto de fecha 1 de septiembre, indica también que uno de los acusados, pese a que tenía “conocimiento” de que pesaban sobre la urbanización órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y septiembre de 2004, hizo “caso omiso” a la orden y no sólo continuó la obra “ya iniciada”, sino que además construyó nuevas instalaciones en las mismas parcelas.

Roces suavizados

Los desencuentros que esta semana protagonizan los dos socios del Gobierno andaluz por el plan propuesto por el PSOE para regularizar 25.000 casas ilegales en la comunidad se han suavizado este martes tras las declaraciones de portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, que ha garantizado que habrá “acuerdo” de los dos socios sobre este asunto. Según ha indicado se aprobará la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para posibilitar esa medida, ha informado Europa Press.

Vázquez ha añadido que IU, tanto en el ámbito del Gobierno como del partido y del grupo parlamentario, “tenía conocimiento” de esta propuesta desde la semana pasada. Y por su lado, el portavoz de IU en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, ha asegurado en Málaga que su formación “no le va a dar la espalda” al problema pero insistió en que la solución tiene que ser “lo más definitiva, solvente y rigurosa posible. No sustentada en un ánimo electoralista”, ha dicho.

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