La monja imputada en el caso Bebé niega presiones a las madres

La religiosa revela que varias integrantes de su orden vivían en el hospital público de Lugo

La que fue directora del Hogar Madre Encarnación en Lugo, imputada en la operación Bebé sobre supuestas irregularidades en los procesos de adopción de una quincena de niños, negó ayer cualquier tipo de presiones sobre las madres para que entregasen y declaró que había monjas que disponían de “vivienda” en el viejo hospital público de la ciudad, el Xeral Calde, y trabajaban en él como "auxiliares" con "nómina y contrato".

Isabel Torres García fue la directora del 2002 a 2008, y después marchó. El interrogatorio se realizó por videoconferencia desde Cádiz y duró algo más de una hora. En el testimonio y con respecto a una de las mujeres a las que se habría forzado a dar a su hija en adopción, motivo por el que se habría intentado suicidar y quedó parapléjica, reconoció que la chica estaba muy ilusionada y quería quedarse con la niña. Según la monja, en Madre Encarnación "siempre intentan que se queden con sus hijos" todas las madres. Esta chica, sin embargo, "después de nacer dijo que iba a dar en adopción" al bebé, relató la monja ante la juez Sandra Piñeiro, titular de Instrucción 3 de Lugo, y un buen número de abogados presentes en la causa. Torres cuenta que le dijo "que se lo pensase". Y después "la acompañó al servicio de Menores”, si bien “no recuerda si estuvo presente en la renuncia". Tras entregar a su hija, esta madre denunciante asegura que las monjas le dieron dinero para un billete de autobús, no obstante la religiosa que declaró ayer manifestó que "nunca" echó "a ninguna chica”.

La monja también explicó que “hacían informes de los niños para Menores. De las madres no”. “Menores nunca pedía informes relativos a las madres, excepto que tuviera el niño tutelado, en cuyo caso, si harían informes”, revelaba sin embargo a continuación, durante la declaración ante la juez a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

La religiosa se esforzó por dejar claro que "cuando una mujer ingresada manifiesta intención de dar un niño en adopción", las monjas "tienen como misión que se quede con el niño", y "le ayudan con el niño, para que busque un trabajito”. Además, “cuando manifiestan que quieren dar el niño en adopción", las integrantes de la orden "hablan con ellas. Intentan que se queden con sus niños, pero ellas son libres de tomar decisiones", sostuvo.

Con respecto a presiones que denunció una de las mujeres que pasaron por el centro, Isabel Torres lo niega: “eso lo dice ella”, concluye.

Sobre las inspecciones de la Xunta, una Administración con varios funcionarios imputados en esta causa, dijo que en "Menores [de Lugo] había una encargada que iba todos los meses", "hablaban de cada niño en particular",  y "la inspección de Santiago venía cuando lo creía conveniente. Pudiera ser que una vez al año". También dijo que "había muchos niños delicaditos”, y sobre esos había informar más. Esos pequeños venían de lugares con mucha "humedad" y llegaban a sufrir "convulsiones". Cuando alcanzaban los 39 de fiebre los llevaban a Urgencias, aseguró en un momento del interrogatorio en contestación a las preguntas de los abogados. Varias libretas incautadas durante un registro a la residencia de las monjas revelan que algunos pequeños recibían abundante y constante medicación.

Pero lo que más sorprendió a los interrogadores fue cuando deslizó que en el centro había “dos comunidades”. “En el hospital vivían unas hermanas y otras en Madre Encarnación". Varias de estas religiosas "trabajaban en el hospital”. Ante estas declaraciones, alguno de los abogados dijo estar dispuesto investigar la existencia de una vivienda para las monjas “en un centro público”.

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