Una tercera sentencia falla contra los inversores gallegos en NCG

Jueces coruñeses defienden tesis contradictorias sobre la devolución del capital

 Al contrario que otros importantes empresarios gallegos, sus colegas de la cervecera de Estrella Galicia, la constructora Copasa, la conservera Jealsa o Inversiones Gallegas de Cable (fundadores de R) fallaron en su intento de lograr, en los tribunales, recuperar los más de 20 millones de euros que perdieron en Novagalicia Banco (NCG), después de que la entidad nacida de las antiguas cajas de ahorros fuera rescatada y nacionalizada en 2011 por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y todo por la diferencia de criterios diametralmente opuestos de las titulares de los juzgados de Primera Instancia números 1 y 5 de A Coruña. Donde la primera magistrada falló que hubo engaño y dolo por parte tanto del fondo estatal como de la entidad, por lo que les condenó a devolver casi 19 millones de euros a Gadisa, Inveravante —la compañía de inversiones de Manuel Jove— y otras sociedades, su homóloga del Juzgado número 5, encargada de decidir sobre la demanda conjunta de otro grupo de siete empresarios, acaba de sentenciar todo lo contrario.

 Esta juez desestimó la demanda de Hijos de Rivera, Jealsa, Copasa y otros que acudieron juntos a un juicio contra el FROB y la entidad financiera por entender que fue responsabilidad suya la pérdida de su inversión en 2012 en el banco ahora rebautizado Abanca tras ser adquirido al Estado por el venezolano Banesco. En esta nueva sentencia se considera que no hubo ni dolo ni engaño, en contra de lo que alegaron los demandantes, ni tampoco se ocultó la situación real o datos esenciales sobre Novagalicia Banco cuando éste recurrió a solicitar de destacadas marcas y sociedades gallegas dinero para su proyecto —también fallido— de convertirse en un gran banco autóctono.

Era responsabilidad y deber de los inversores, sentencia la juez, comprobar “los datos proporcionados por la entidad que vendía sus acciones”. Y añade: “La falta de esa diligencia de comprobación no puede llevar consigo ni la nulidad del negocio, ni tampoco su rescisión”. Era una inversión “arriesgada”, considera la titular del Juzgado número 5 de A Coruña. Y las “vicisitudes” ocurridas con los 20 millones que esos empresarios pusieron para comprar acciones del banco, y que “se convirtieron a cero” en apenas diez meses, “forma parte del riesgo y ventura de la inversión, por lo que no cabe rescindir los contratos por esta causa”.

Llama la atención que esta magistrada rechace los argumentos con la misma contundencia con la que su homóloga del juzgado coruñés número 1 había estimado y fallado a favor de dos demandas similares de otros empresarios. Condenó al organismo estatal y a la entidad financiera a devolver su dinero a los afectados por considerar que sí “actuaron dolosamente” al ocultar información sobre la situación real de NCG Banco tras su nacionalización.

En la denominada operación acordeón fueron una veintena de propietarios de destacadas sociedades los que se decidieron, tras el rescate y nacionalización de la entidad financiera, a inyectar un total de 70,3 millones de euros en aquel fallido proyecto de un gran banco gallego. Esta tercera sentencia, la primera que falla en contra de los empresarios, llega justo en vísperas de otro pleito por causas y circunstancias similares que se celebrará en otro juzgado de primera instancia de A Coruña, el número 2. Allí se verá mañana y el viernes la demanda de Hierros Añón, que perdió 25 millones de euros en el banco gallego, contra el FROB y NCG Banco. El fondo estatal dependiente del Ministerio de Economía ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña las dos primeras sentencias que fallaron a favor de la devolución del dinero a los empresarios afectados.

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