Un experto propone crear en Euskadi un observatorio de la muerte digna

Su misión sería analizar en qué condiciones fallecen los ciudadanos

El presidente de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente en Madrid, Fernando Marín, ha propuesto este martes la creación de un Observatorio de la Muerte Digna en Euskadi que analice cómo están muriendo los vascos, no tanto de qué mueren, que ya se sabe, sino en qué condiciones.

Marín ha comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana del Parlamento vasco para exponer su opinión sobre la proposición de ley de Garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.

Esta proposición de ley, presentada por EH Bildu, acaba de comenzar su andadura parlamentaria y están compareciendo expertos en la materia para dar su opinión sobre el texto.

Uno de ellos ha sido el presidente en Madrid de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, quien ha dicho que Osakidetza debería contar con un observatorio al que los pacientes pudieran acudir si creen que no se están respetando sus derechos, entre ellos a una muerte digna.

Marín ha asegurado que en Euskadi "se muere tan mal que hay que hablarde garantizar la dignidad en este proceso" que, ha recordado, tienen que experimentar todas las personas.

Ha recordado que en el País Vasco ya existe el testamento vital pero que, como en el resto de lugares donde existe, es un "fracaso absoluto", fundamentalmente porque los profesionales sanitarios se "aferran a una actitud paternalista" hacia sus pacientes. El presidente de la asociación ha considerado que la redacción de la proposición de ley vasca no es buena y no aporta nada nuevo a la andaluza, por ejemplo, y ha considerado que su objetivo no debe ser establecer la finalidad de los recursos paliativos, sino el "empoderamiento ciudadano" para que cada persona pueda decidir cómo morir sin sufrimiento.

Ha ironizado con que en la sociedad actual desde cualquier caserío de Euskadi se puede pedir por Internet un producto químico que llega a casa y que si se toma se muere y que los sistemas sanitarios no puedan ayudar a un paciente terminal a morir dignamente.

Se ha preguntado por la "incongruencia" de estar a favor del derecho de autodeterminación de un pueblo y no de la autodeterminación de un individuo en torno a su propia vida y ha reiterado su crítica al actual proyecto porque no se entiende muy bien su espíritu. Ha concluido que es fundamental que se garantice en la futura ley el derecho a la información del paciente, porque "un paciente que no está informado no puede tomar decisión alguna" sobre su vida.

Marín ha llegado a contar el caso de un oncólogo que le dijo a una hija de un paciente suyo que después de treinta años de ejercicio había llegado al convencimiento de que lo mejor es no informar directamente al paciente de su dolencia.

En la misma comisión ha comparecido la directora de la Comisión Ética de Investigación y la Docencia de la UPV, Mabel Marijuán, quien ha considerado que este proyecto y las leyes ya existentes en otras comunidades son "poco claras" y poco útiles para los médicos y para los pacientes que tienen que tomar decisiones.

Marijuán ha dicho que el texto elaborado por EH Bildu plantea que los ciudadanos son "mayores, pero todavía no del todo" para tomar decisiones, y ha coincidido con Marín en que es fundamental que se respete el derecho a la información de los pacientes. Ha insistido en que para que los pacientes puedan decidir tienen que estar informados y lo que se debe lograr es que los médicos hagan "más autónomos" a los pacientes para la toma de decisiones.

Ha planteado también que la futura ley debería analizar lo que ha denominado como la "obstinación" médica y limitar el esfuerzo terapéutico en casos como enfermos terminales a los que se les sigue haciendo diálisis unos días antes de su muerte. 

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