Feijóo defiende que “todos” sus actos ligados al ‘caso Patos’ fueron legales

Tras desvelarse que su delegada en Vigo le pidió interceder por una empresa, el presidente niega haber mediado "a favor de nadie, nunca"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido hoy la legalidad de “absolutamente todas” sus actuaciones vinculadas al caso Patos, que investiga una supuesta trama de corrupción en varias Administraciones del sur de Galicia, y se ha puesto “a disposición” de cualquier juez que lo dude. Así se pronunció el presidente gallego tras desvelarse que la delegada de su Gobierno en Vigo, María José Bravo Bosch, a quien la Fiscalía quiere imputar en el caso, le pidió que intercediese por determinadas empresas y particulares.

Según un informe policial incluido en el sumario del caso Patos y recogido por Europa Press, Bravo Bosch utilizó su posición política para interceder ante el presidente gallego y otros cargos en favor de terceros, tanto particulares como empresas, mediante mensajes telefónicos que podrían tener “connotaciones delictivas”. Uno de estos casos es una comunicación de la delegada directamente al presidente Feijóo al que, en julio de 2013, a través de mensajes de teléfono, le pide que hable con Ángel Ron, presidente de Banco Popular, para tratar de hacer gestiones en favor del astillero vigués Metalships. “Acabo de terminar una reunión en Metalships con Manolo y su equipo. Me pide que hables por favor con Ángel Ron, porque su situación con el banco es desesperada...”, le escribe. A continuación, la delegada relata que la entidad “debe” al astillero “20 millones del tax lease” pero que no se los abona y, mientras, le ha dado un préstamo a Metalships de 9 millones de euros con unos altos intereses. No se conoce la respuesta de Feijóo, aunque en otro mensaje dos meses más tarde Bravo Bosch da por hecho que el presidente acababa de hablar con Manuel Rodríguez, presidente de Rodman Metalships.

En otra ocasión, en mayo de 2013, Feijóo responde a un SMS de la delegada en el que ésta le consulta si es conveniente acudir a una comida con José Manuel Figueroa (entonces portavoz municipal del PP en Vigo), en la que también estará el empresario Enrique Alonso, uno de los imputados en la Operación Patos y dueño de Eiriña, una de las empresas investigadas. “Claro que sí”, le responde Feijóo. De los participantes en esa comida, Enrique Alonso ya está imputado y el fiscal ha pedido que la juez haga lo mismo con Bravo Bosch y Figueroa.

A Feijóo se le preguntó esta mañana, al término de la reunión semanal de su Gobierno, si ha mediado por el astillero Rodman en particular más allá de sus gestiones públicas en favor del naval gallego en general. Feijóo respondió que a un presidente gallego no le puede dar igual “nunca” el problema del tax lease, un complejo sistema de financiación que paralizó durante meses la industria naval. Pero aseguró que él no ha mediado “a favor de nadie, nunca”. “Todas las actuaciones que hice estoy absolutamente convencido de que fueron legales”, dijo. “Si algún juez tiene alguna duda, estoy a su disposición”, sentenció. El presidente también enmarcó en la normalidad mantener “contactos” con su delegada en Vigo.

Feijóo aseguró que la justicia “sabe modular el contenido y alcance” de los mensajes y comentarios que aparecen en las investigaciones y optó por poner el foco en los contratos efectivamente adjudicados por diversas Administraciones a las empresas investigadas. El presidente anunció que su Gobierno informará al juzgado de las relaciones de esas firmas con la Xunta “de todas las épocas”, lanzando así una amenaza velada hacia el bipartito PSOE-BNG que lo precedió al frente de la Xunta y que según los investigadores también habrían contratado con la trama.

Hoy mismo la jueza instructora del caso Patos ha acordado trasladar a los juzgados de Ourense, Pontevedra, Ponteareas y Santiago los hechos del sumario relativos a esos partidos judiciales para que sean ellos los que continúen esas partes de la investigación. En sus manos quedan las actuaciones relativas al partido judicial vigués y la decisión de si imputa, como le pide el fiscal, al alcalde de la ciudad, el socialista Abel Caballero, recién nombrado presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por supuestamente haber recibido regalos impropios de las empresas investigadas.

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