La juez De Lara reactiva la Operación Cóndor y detiene a un jefe de Monbus

La Guardia Civil registra desde la mañana la sede de la empresa de Raúl López en Pontevedra y arresta al gerente en la localidad

La detención, pasadas las 11 de la mañana, del responsable de la oficina de Monbus en Pontevedra, Francisco Javier Lorenzo González, ha reactivado de forma inesperada la Operación Cóndor contra una supuesta trama de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental, delito fiscal y tráfico de influencias que gira en torno a la figura del empresario Raúl López. Además de propietario de la mayor compañía de transporte de viajeros de Galicia, López es beneficiario de importantes contratas públicas en España y principal accionista del Obradoiro CAB.

En estos momentos, agentes de la Guardia Civil registran las oficinas de la empresa en Pontevedra por orden de la magistrada Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo e instructora de la Cóndor, que nació a raíz de las declaraciones de investigados en los casos Pokémon y Manga como el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa. Los guardias civiles, adscritos al departamento de Tráfico, buscan documentación relacionada con un supuesto delito de blanqueo e interrogan a varios conductores de la plantilla de la empresa. De Lara sospecha que Lorenzo actuaba, junto con otros cargos de la empresa de autobuses, como un intermediario que iba a recoger entregas de dinero supuestamente negro a la agencia de viajes Interrías para luego trasladarlo a sus superiores en Monbus. Según fuentes de la investigación, a lo largo del día se llevarán a cabo dos registros en otros tantos inmuebles.

La Operación Cóndor estalló con un rosario de registros y detenciones, entre ellas la de Raúl López, un yerno y varios mandos militares de Madrid, en marzo del año pasado. La juez investiga si la presunta trama lavaba grandes sumas de dinero, entre otras cosas, con la colaboración de una cadena hotelera de Sanxenxo y una agencia que organizaba viajes de la tercera edad. La investigación salpica al club de baloncesto compostelano, al Ejército de Tierra, al Ministerio de Fomento e incluso al socialista José Bono.

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