La Comunidad reclama a Tres Cantos y Colmenar 42 millones por una recalificación

Los dos ayuntamientos rehusan pagar la deuda porque dicen que es el Gobierno quien tiene las competencias urbanísticas

Imagen de la finca de El Tagarral, en 2012
Imagen de la finca de El Tagarral, en 2012Uly Martín

La Comunidad de Madrid reclama a los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo 42 millones de euros, 21 a cada uno, debido al pago de una sentencia por la reclasificación de la finca El Tagarral (140 hectáreas) de urbana a protegida. Un importe inasumible para ambos municipios. Los propietarios del suelo denunciaron el cambio y pidieron una indemnización por el perjuicio ocasionado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio la razón en 2003 y condenó a las administraciones al pago de 42,4 millones de euros, que según han pasado los años sin que se ejecutase la sentencia se convirtieron en 63 al sumar los intereses. El año pasado, el Gobierno regional se hizo cargo de la deuda, pero ahora repercute “su parte” a los ayuntamientos.

En octubre de 2014 los municipios de Tres Cantos y de Colmenar Viejo parecían haberse librado de la deuda que les perseguía y crecía (a razón de 200.000 euros anuales) por la modificación del suelo en la finca El Tagarral. El Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre, anunció que se hacía cargo del monto que ya ascendía a 63 millones de euros. La alegría de los ayuntamientos ha durado poco; ahora es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio quien les reclama la deuda, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. En concreto 21.084.784 euros, cantidad que se corresponde “con la tercera parte” de la indemnización exigida por el TSJM. En el requerimiento aparece incluso una cuenta corriente para su ingreso.

Al alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría (PP) la situación le parece un despropósito, porque la finca no pertenece a su pueblo sino a Tres Cantos, que se independizó en 1991, y no disponen de semejante cantidad. El pueblo cuenta con un presupuesto anual de 33 millones. El regidor culpa de la situación a la Comunidad de Madrid “porque es quien toma las decisiones en temas urbanísticos” y no piensa hacerse cargo del pago. Tampoco está de acuerdo con la forma en la que se reparten los 63 millones. “En todo caso le correspondería al Gobierno regional el 50%, y el resto a repartir entre los dos pueblos”, sostiene.

Tres Cantos tampoco piensa ingresar ninguna cantidad. Fuentes municipales, explican que el alcalde Jesús Moreno (PP) “ha trasladado su decisión a los responsables de la consejería”. Una postura que no ha cambiado nunca y que apunta a que Tres Cantos no tiene nada que ver, “porque no existía en el momento en el que se origina el problema”. Ambos municipios apuntan a que el proceso se judicializará.

El problema surge en los años ochenta, cuando Tres Cantos pertenecía todavía a Colmenar Viejo. En el año 1987, el Consejo de Gobierno aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. El nuevo documento cambió la clasificación del suelo donde se ubicaban las fases dos y tres del plan parcial de Soto de Viñuelas, pasó de suelo urbanizable programado a suelo no urbanizable (parte como suelo de protección agrícola de regadío y el resto de protección ecológica).

Todavía no estaba construido y los propietarios recurrieron la decisión y pidieron una indemnización. En 1992 el TSJM estimó el recurso. La Comunidad de Madrid considera que el pago se debe realizar de forma solidaria con los municipios. Considera que, aunque la aprobación definitiva es competencia del Gobierno regional, también participó en la decisión Colmenar Viejo al aprobar inicialmente la clasificación de ese suelo. Tres Cantos estaría implicado porque es donde se encuentra El Tagarral en la actualidad.

Sobre la firma

Esther Sánchez

Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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