La Diputación de Castellón se querella contra la consejera de Sanidad

La demanda se registra tras denunciar Carmen Montón en Fiscalía graves irregularidades detectadas durante la gestión del PP

Hospital Provincial de Castellón.
Hospital Provincial de Castellón.EFE
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La Diputación de Castellón ha presentado ante la Fiscalía una querella contra la consejera de Sanidad Carmen Montón y el candidato del PSPV al Congreso Artemi Rallo tras las denuncias realizadas en relación con la gestión del Hospital Provincial durante los años de mayorías absolutas del PP. El vicepresidente primero, el popular Vicent Sales, ha sido quien ha registrado la querella en los juzgados “en nombre propio”, pero “representando a la Diputación de Castellón”.

La querella contra la consejera Montón se presenta por un supuesto delito de denuncia falsa después de que la Consejería de Sanidad denunciase en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia supuestas irregularidades en la gestión del Hospital Provincial de Castellón. En cuanto al candidato del PSPV, la querella se basa en “las injurias y calumnias que ha vertido estos días en los medios de comunicación con motivo de la campaña electoral”.

En la documentación recopilada y aportada junto a la querella se recogen cortes de voz de televisión y de radio, así como notas de prensa del propio PSPV y declaraciones en medios de comunicación en las que Rallo habría acusado a Javier Moliner de “amparar el fraude del Hospital Provincial” y de la existencia de “facturas falsas” en el centro sanitario, según apuntan fuentes conocedoras de la denuncia.

El diputado Vicent Sales ha declarado tras la presentación en el juzgado que “tanto la consejera Montón como Rallo dan por hecho que se han cometido delitos para cometer un fraude millonario, acusando a Moliner de ser conocedor de ello y de amparar una trama mediante la presentación de facturas falsas, además de otras lindezas que no van a quedar impunes, cuando saben perfectamente que no es así, y en política no todo vale”.

Además, Sales apunta que se trata de “hechos graves por el contenido, por el momento y por la voluntad de desprestigiar no solo a Moliner, sino también tanto a la Diputación de Castellón y el Hospital Provincial, así como a sus trabajadores”. Así mismo, desde la institución provincial se acusa a la consejera Montón de hacer un “uso partidista de la Fiscalía”.

Réplica de Montón

Por su parte, la consejera de Sanidad ha señalado que la actuación de la Diputación es una "huida hacia adelante" y "una manera de no dar explicaciones" sobre las irregularidades en la facturación de 25 millones de euros en el Hospital Provincial de Castellón.

Montón ha recordado que Sanidad no ha lanzado ninguna acusación contra nadie y que será Anticorrupción quien decida quién es responsable."Lo que tienen que hacer [los responsables de la Diputación de Castellón] es dejar actuar a la justicia y dar explicaciones políticas", ha declarado la consejera.

"Vamos a dejar las cosas claras. Nos hemos encontrado 25 millones de euros de facturas producidas de manera irregular, saltándose el procedimiento de contrataciones públicas y la ley de hacienda pública y además, una de las empresas que está concernida está siendo investigada en la trama Gürtel", ha explicado Montón, que ha añadido que “las irregularidades se han producido en el periodo 2006, 2014 y 2015, con todos los consejeros de las etapas anteriores y en la Diputación el señor Fabra y el señor Moliner”.

La gestión presuntamente irregular del Hospital Provincial de Castellón ha puesto en pie de guerra a la Consejería de Sanidad y a la Diputación; ambas entidades comparten la propiedad del centro mediante un consorcio en el que participan casi a partes iguales, aunque la presidencia recae en la consejería.

En este sentido, desde la Diputación se sigue reclamando el acceso a la documentación que ha dado origen a la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. La institución provincial ha registrado en el propio centro la petición por escrito para acceder a la documentación, pero todavía no han recibido respuesta.

Desde el Consorcio, el propio gerente Joaquín Sanchis ha confirmado que ha recibido la petición de documentación aunque argumenta que ha de ser la propia Fiscalía la que autorice la entrega porque “ podría haber una alteración administrativa o en su caso, penal”.

Respecto a la denuncia, la consejera ha querido apuntar que “se ha ido a la Fiscalía para que decida quien tiene responsabilidad en esos 25 millones de euros que han sido facturados de manera irregular”. Además, Carmen Montón ha indicado que “no se ha hecho acusación contra nadie”, aunque ha añadido que “las irregularidades se han producido en el periodo 2006, 2014 y 2015, con todos los consejeros de las etapas anteriores y en la Diputación el señor Fabra y el señor Moliner”.

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