La CUP se conjura para evitar nuevas divisiones internas

El nuevo secretariado de la formación anticapitalista echa a andar con presiones para aprobar los Presupuestos de 2017

Quim Arrufat, antes del inicio de la reunión del secretariado de la CUP.
Quim Arrufat, antes del inicio de la reunión del secretariado de la CUP.CARLES RIBAS

El nuevo secretariado de la CUP, encabezado por el exdiputado Quim Arrufat, celebró ayer su primera reunión con el objetivo de dejar atrás las fracturas internas y afrontar el debate político de septiembre como un bloque homogéneo. Hace semanas que la formación capitalista tiene que asumir las presiones del resto de partidos y organizaciones independentistas para que dé garantías a Carles Puigdemont de poder superar la cuestión de confianza y evitar así una prematura convocatoria de elecciones autonómicas.

Las afirmaciones del senador de Esquerra Republicana Santi Vidal, suspendido de su carrera judicial tras redactar el borrador de una hipotética Constitución catalana, se convirtieron ayer en el enésimo ejemplo de las presiones a las que se está sometiendo a la CUP. “Tiene derecho a conocer cómo serán estos Presupuestos antes de pronunciarse sobre ellos”, dijo, una clara alusión al vector que más fuerza ejerce sobre los anticapitalistas durante las últimas semanas: el apoyo a Puigdemont debe incluir el compromiso de aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2017.

La CUP prevé dar su apoyo de forma directa a Puigdemont si este garantiza el proceso soberanista y abre la puerta a un referéndum unilateral de independencia. Pero avisa que si la cuestión de confianza aborda más materia política que la hoja de ruta secesionista, será imprescindible una aprobación previa por parte de las bases, que son las que han tensado las relaciones con Junts pel Sí.

Por unos y por otros, el diálogo entre el Gobierno catalán y la CUP se encuentra congelado. El Departamento de Economía, dirigido por el republicano Oriol Junqueras, intenta hablar de forma infructuosa desde julio con los anticapitalistas para confeccionar las cuentas de 2017. Solo ha encontrado noes porque sus aliados quieren verse antes con el presidente catalán y tratar sobre la hoja de ruta que presentará durante la cuestión de confianza, en la que es probable que incluya la posibilidad de convocar un referéndum unilateral de independencia. Puigdemont, no obstante, se ha negado a reunirse con ellos hasta que la formación hubiera escogido a los miembros de su nuevo secretariado, elección anunciada el domingo. No hay fecha prevista para el encuentro.

La CUP quiere evitar, como el propio Puigdemont, que las relaciones con el Ejecutivo autonómico —el que permitió con sus votos y con el que existía un pacto de estabilidad dinamitado durante el debate de los Presupuestos— dependan del vaivén de las dos almas que dan vida a la formación, una más centrada en el independentismo y otra en la que prevalecen las políticas de corte social. Fuentes próximas a Presidencia evidencian la dificultad de mantener un diálogo consistente con la CUP porque cada interlocutor —y cada familia— afronta las conversaciones con un foco y unas conclusiones que no tienen por qué tener relación con los del resto del partido.

La voluntad del Ejecutivo autonómico es iniciar a partir del mes de septiembre una relación renovada, en el que puedan convivir el desafío independentista, y la hoja de ruta que renovará Puigdemont, con la gestión del día a día. Y ese segundo extremo tiene un claro punto de partida: la aprobación de los Presupuestos de 2017.

Puigdemont no entiende mantener el año que teóricamente le queda a la legislatura con las cuentas otra vez prorrogadas (las de 2015). Y la CUP no quiere más condiciones que la básica que unió a la CUP con Junts pel Sí: el inicio de la desconexión tras un mandato limitado de 18 meses. El presidente de la Generalitat asegura que ese horizonte continúa siendo válido. El Parlament ha puesto los mimbres de dos de las tres leyes de desconexión al aprobar las ponencias que crearán la Agencia de Protección Social y la Hacienda catalana. Y está a la espera de dar el visto bueno a la propuesta de ley de transitoriedad jurídica que, a priori, podría activar de nuevo al Tribunal Constitucional para anularla.

Sobre la firma

Dani Cordero

Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS