La Comunidad Valenciana reclama en Madrid una financiación justa

Ximo Puig: "Es una cuestión de Estado, se está incumpliendo la Constitución"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con su Gobierno y otros participantes en el acto.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con su Gobierno y otros participantes en el acto.

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha defendido en Madrid una reforma del modelo de financiación autonómica que permita dar solución a las desigualdades entre territorios. “El reto que nos planteamos es que el problema valenciano pase a ser parte de la solución”, ha subrayado el responsable del Consell. Puig, acompañado de los miembros del Ejecutivo valenciano, se ha pronunciado en estos términos durante el acto por una financiación justa organizado por la Generalitat en Madrid y que ha congregado en el Círculo de Bellas Artes de la capital a entidades empresariales, sindicatos, asociaciones, universidades y representantes de las principales instituciones valencianas.

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El dirigente valenciano ha reivindicado la necesidad de mostrar la urgente necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con el “trato injusto” que recibe la Comunidad Valenciana. “El pueblo valenciano ha expresado un sencillo, pero solemne hasta aquí hemos llegado y era imprescindible que se escuchara aquí", ha subrayado en alusión a la campaña de adhesiones al manifiesto por una financiación justa, suscrito por centenares de asociaciones y por más de 300 alcaldes y alcaldesas de la Comunidad.

El jefe del Consell ha señalado que se pretende aportar una propuesta de financiación "desde la Comunidad Valenciana para el conjunto de España". El presidente ha apelado a la anomalía democrática que supone el problema valenciano, provocado por años de infrafinanciación y de infrainversión y que tiene, como derivadas fundamentales, la invisibilidad y la desigualdad. “Estamos ante una cuestión de Estado porque no se está cumpliendo la Constitución", ha resaltado.

Puig pedirá que se convoque la conferencia de presidentes "para que se dé voz a las comunidades autónomas" y que el Gobierno en funciones acuerde con ellas exigir a la Comisión Europea una aplicación “flexible, razonable y realista” de los objetivos de déficit con el fin de evitar posibles sanciones y fijar una posición conjunta.

La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusiva, Mónica Oltra, ha asegurado, por su parte, que la discriminación histórica en materia de financiación que sufre la Comunidad impacta en la vida cotidiana de las personas. "Hay más de cinco millones de españoles que sufren una discriminación inconstitucional", ha aseverado.

Oltra ha apuntado que, con una financiación constitucionalmente justa, se podría aumentar un 70% el importe de la renta garantizada de ciudadanía, construir 12 centros de atención a personas con trastorno mental grave que atenderían a 500 personas, o incorporar 80 centros de recuperación integral para mujeres víctimas de la violencia machista en las que se podrían atender a unas 1.600 mujeres.

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