Colau afronta el año clave del mandato con los retos del tranvía y Glòries

La alcaldesa intenta "concretar y acabar” algunos de sus proyectos estrella antes de comenzar la carrera por seguir en el poder

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante la entrega del premio BarnaSants 2017.
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante la entrega del premio BarnaSants 2017.JUAN BARBOSA

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afronta el año clave de su mandato con algunos de los grandes temas de ciudad aún sobre la mesa y pendientes de resolver. Entre otros, la conexión del tranvía por la Diagonal (una promesa electoral) y las obras del túnel de Glòries, la mayor obra pública de la ciudad. El equipo de gobierno presume de haber “marcado agenda”, aunque admite que se enfrentan al reto de “concretar y acabar” algunas actuaciones. La municipalización del agua y la creación de empresas públicas (funeraria, eléctrica) son otros de los asuntos a afrontar en los próximos meses.

Dejando a un lado el frente del referéndum independentista convocado para el 1 de octubre, si es que se puede, en el terreno estrictamente municipal esta semana arranca la actividad con las comisiones de plenario y al gobierno le espera una larga lista de proyectos por encarrilar. Con el ecuador del mandato ya superado, este curso es determinante, porque en el último, los alcaldes suelen tener la mirada puesta más en la campaña y en enseñar su obra de gobierno que en iniciar nuevos proyectos.

Desde la alcaldía de Barcelona, leen así el trabajo hecho y el que queda por hacer: “Primero hemos marcado agenda y ahora toca concretar y acabar”. Se refieren a un listado de realizaciones que defienden que “es tremendo”. “Aunque lo que más foco tenga sea lo que va al pleno”, lamentan, “en global la lista es muy larga”. En el equipo de Colau dividen los frentes a abordar entre los que solo dependen del gobierno y los que necesitarán aval político.

Presupuesto y ordenanzas. Aunque Colau podría prorrogar el actual presupuesto, que aprobó gracias a una cuestión de confianza, el gobierno ya trabaja con los números —de las empresas y del Ayuntamiento— de 2018, y en breve comenzará a hablar con los grupos. Fuentes del ejecutivo aseguran que “no contemplan otra alternativa que negociar y aprobar” el proyecto que negocien para 2018.

La participación y la semana de las consultas

La participación es, sobre el papel, uno de los puntales del gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Las nuevas Normas de Participación Ciudadana, una reivindicación vecinal histórica, están en fase de exposición pública. Sobre las consultas, y pese a las promesas electorales de BComú, Colau no ha hecho ninguna. La alcaldesa ha anunciado, sin embargo, y que las concentrará todas en una semana de mayo: la de la multiconsulta. Entonces se preguntará a los vecinos por las cuestiones que haya aprobado previamente el Pleno, tanto si son de iniciativa vecinal, como de la oposición o del gobierno municipal.

El tranvía. El gobierno admite que la unión de los dos tramos del tranvía existentes por la Diagonal, una promesa electoral, es un acuerdo “muy difícil pero no imposible”. Las dos sesiones celebradas de la comisión de estudio sobre la unión han constatado la falta de consenso político y técnico. En el Ayuntamiento, el grupo municipal del PDeCAT rechaza el proyecto, pero desde la Generalitat el partido lo apoya. Los grupos a convencer son ERC y la CUP, sin olvidar al concejal adscrito, Gerard Ardanuy, cuyo voto podría ser clave. El proyecto ejecutivo debería estar listo este otoño.

Las terrazas de nunca acabar. Ni el socio de Colau, el socialista Jaume Collboni, que se estrenó como teniente de alcalde con un mensaje conciliador hacia los restauradores, ha conseguido cerrar antes del verano el largo conflicto de la ordenanza. Los autores de la actual ordenanza, PDeCAT y el PP, pactaron en julio con el Gremio de Restauradores un texto más flexible con las cuestiones más polémicas, como los horarios o las distancias del mobiliario de los bares con el mobiliario urbano. Está pendiente de ser admitido para ser debatido en comisión.

La sociedad de pisos de alquiler y el censo de pisos vacíos. El ambicioso Plan de Vivienda, aprobado con el PDeCAT y Ciutadans, tiene cuestiones pendientes, como el censo de pisos vacíos y la creación una sociedad mixta para construir y gestionar alquiler. La empresa, inspirada en las Housing Associations europeas, tendrá capital público (el suelo), inversores o financieros privados dispuestos a construir y gestionar los pisos y particulares que quieran comprar acciones.

Municipalizar el agua. La municipalización de la gestión del agua “para hacerla pública y democrática” fue otra de las grandes promesas electorales de BComú. En noviembre pasado, Colau consiguió el aval político del pleno para iniciar los estudios para remunicipalizar el agua y el consistorio está haciendo estudios técnicos a nivel metropolitano sobre cómo sería el servicio público. Y traba alianzas con otros municipios. Todo pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo que debe resolver el recurso a la sentencia que anuló la concesión del Área Metropolitana a Aigües de Barcelona.

La funeraria municipal. Otro tema complicado para el Gobierno para lograr apoyo. De entrada, la idea de crear un tanatorio municipal para abaratar los entierros consiguió el apoyo de la oposición. Pero al entrar en detalle, y tras una fuerte campaña de presión de las dos funerarias que controlan en mercado (Memora y Àltima), los grupos dieron marcha atrás. El ejecutivo ha estudiado, como le reclamó la oposición, dos alternativas a la del tanatorio municipal. La recuperación del 85% de Memora que privatizó el propio ayuntamiento es inviable tras comprarla Ontario (500 millones). Otra alternativa era el rescate de salas, pero los servicios jurídicos del consistorio dicen que no se puede apelar al interés general para ejecutar una expropiación forzosa porque, desde que se liberalizó el sector, no es un servicio público. Lo explica el concejal de Presidencia, Eloi Badia, que señala que ya no hay argumentos para rechazar el proyecto de funeraria municipal, pero que está en manos de la voluntad de la oposición.

La eléctrica. Este negociado también depende de Eloi Badia, también concejal de Energía y Agua. La creación de la empresa pública Barcelona Energía se aprobó en marzo. Con ella, el consistorio pretende autoabastecerse de electricidad y dejar de depender de las grandes eléctricas para el consumo municipal. Este invierno, el tribunal de contratos anuló el que sacó a concurso el Ayuntamiento, al que ni Endesa ni Gas Natural se presentaron alegando que las cláusulas de responsabilidad sobre la pobreza energética eran discriminatorias. Como generadora y distribuidora, la futura empresa municipal permitirá además a 20.000 familias contratar la luz al ayuntamiento, para lo que se abrirá un periodo para apuntarse. Para que sea realidad faltan solo trámites administrativos.

Glòries, dos en uno. El túnel para soterrar la Gran Via a su paso por Glòries, la mayor obra de la ciudad, está parado. Colau optó detener la obra por el retraso y sobrecoste que acumulaba como consecuencia de dificultades técnicas que enfrentaron a Urbanismo con la UTE que las ejecuta. Unas obras que, además, están bajo sospecha en el caso 3% de corrupción por presunto pago de comisiones ilegales. En julio, el gobierno anunció que, cuando salga a concurso el tramo que falta, aprovechará para licitar también el tramo previsto en una segunda fase, entre Badajoz y la Rambla del Poblenou.

El futuro de la Modelo. El gobierno de Colau no esperaba que la Generalitat cerrara la cárcel este año. Les ha pillado desprevenidos y la reconversión del espacio que recuperarán el 1 de enero de 2018 va para largo. Y no será hasta el próximo mandato, a mediados de 2019, cuando comiencen las obras. En medio, un proceso participativo para decidir si se derriba una parte, qué usos se instalarán en el recinto y cómo se convertirá en memorial. El punto de partida será el plan del exalcalde Jordi Hereu (2009).

La contrata de limpieza. El de limpieza urbana y recogida de basura es un megacontrato que toca sacar a concurso el año que viene y que tendrá que pasar por el pleno. La recogida de basura cuesta cada año 260 millones de euros, el 10% del presupuesto de todo el Ayuntamiento. La licitación se realizará tras las evidencias de fraude por parte de FCC reveladas por este diario. Pese a los indicios de fraude, Colau descarta municipalizar la limpieza por el volumen y complejidad del servicio. Sobre la participación de FCC en el futuro contrato, el gobierno espera el pronunciamiento de la Fiscalía. Lo que se da por sentado es que los lotes (ahora la ciudad está dividida en tres zonas) serán menores y se ensayará la recogida puerta a puerta en algunos barrios.

El bicing 2.0. Los pliegos del nuevo contrato del Bicing (227 millones por 10 años) están ya publicados y las empresas tienen hasta fin de mes para presentar ofertas. El servicio, que desde que se adjudique hasta que entre en funcionamiento pasará un año, tiene tres patas (la tecnología vinculada a la logística, la movilidad y la fabricación de bicicletas) por lo que con toda seguridad serán UTES quienes se presenten. Esta semana se ha cerrado el conflicto laboral abierto en el servicio, que actualmente gestiona Clear Chanel.

La licencia Sagrada Familia. El mayor templo de Barcelona y el más visitado, la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, se construye desde hace 134 años sin permiso de obras. El año pasado, al anunciarse la construcción de las últimas seis torres, de entre 135 y 170 metros de altura, irrumpió con fuerza la polémica sobre una obra que no tiene licencia. En noviembre, el Ayuntamiento y la Junta Constructora acordaron crear una comisión técnica para estudiar la regularización de las obras. El consistorio afirmó que debería tener licencia y pagarla antes de diciembre. La negociación no es fácil, como no lo es calcular la volumetría o el “techo edificado” de un edificio tan singular.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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