La corrupción y las deudas fuerzan a Convergència a desprenderse de sus sedes

El partido venderá patrimonio inmobiliario para devolver las 'mordidas' del 'caso Palau'

Daniel Osácar acude a conocer la sentencia del 'caso Palau'.
Daniel Osácar acude a conocer la sentencia del 'caso Palau'.Joan Sánchez

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha desaparecido como partido político, pero no lo han hecho ni sus deudas ni su responsabilidad por los casos de corrupción. El partido nacionalista, que aún mantiene personalidad jurídica propia, debe afrontar el pago de un crédito hipotecario que firmó al asumir la deuda de CiU (más de seis millones de euros) y ahora, además, devolver 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales por el caso Palau. Para garantizar esos pagos, la formación prevé desprenderse de sus sedes en Cataluña.

Además de un daño político evidente —por primera vez, la justicia ha acreditado que la fuerza hegemónica en Cataluña cobró mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública—, la sentencia del caso Palau supone un mazazo económico para Convergència. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el decomiso de los 6,6 millones que Ferrovial pagó al partido para que le adjudicara grandes infraestructuras, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. Convergència tiene que devolver el dinero, que irá a parar a las arcas del Estado.

El pago, sin embargo, no será inmediato porque la resolución no es firme y los abogados de Convergència ya han expresado su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La defensa confía en que el delito de tráfico de influencias —por el que ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel el extesorero Daniel Osácar— decaiga y la formación sea exonerada.

El relato de hechos probados, sin embargo, es contundente. Por si acaso, los responsables de la formación ya han diseñado un plan para hacer frente a los pagos. El plan pasa, esencialmente, por responder a la sanción con patrimonio inmobiliario. “Tenemos sedes en todo el territorio que superan con creces la cifra de los 6,6 millones de euros”, subraya una persona que pilota el proceso de liquidación del partido.

En la última fase de investigación del caso Palau, el juez ordenó que Convergència depositara una fianza para cubrir 3,2 millones de euros —esa era la cifra que, entonces, se consideraba que había abonado la constructora— para hacer frente a sus responsabilidades en caso de condena. El partido puso como aval su histórica sede central, en la calle Còrsega de Barcelona, valorada en 12,3 millones de euros. En la primavera de 2015, decidió venderla a un grupo inversor de Hong Kong, Platinum Estates. En su lugar, la formación puso como aval 15 sedes en distintas poblaciones catalanas —Figueres, Lleida, Mataró...— valoradas en solo 3,6 millones. Ante la merma de valor, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pidió el embargo de los locales antes del juicio. El juez lo acordó.

“Esa es la tasación hipotecaria de los locales, porque quisimos ser muy prudentes. Pero su precio de venta es muy superior, por lo que si hay condena firme estaremos hablando de otras cantidades”, añade la misma fuente. Además de la venta de esos locales embargados, Convergència prevé desprenderse de su patrimonio inmobiliario hasta alcanzar los 6,6 millones que reclama el tribunal. “Estamos seguros de que, con ello, podremos cubrir la cantidad reclamada”.

El problema es que el caso Palau no es el único que amenaza con tensionar aún más la tesorería del partido. Convergència debe afrontar, además, las posibles repercusiones del caso 3%, de características similares pero posterior en el tiempo. La causa, aún en fase de instrucción, investiga si distintas empresas adjudicatarias en Cataluña hicieron donaciones a la fundación CatDem —vinculada al partido nacionalista— también a cambio de la adjudicación de obra pública. Esas mordidas (aún presuntas) alcanzan la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat e involucran a pesos pesados del partido, como el exgerente y exdiputado Germà Gordó.

A las consecuencias de la corrupción se suma la deuda acumulada por el partido. En diciembre de 2015, tras divorciarse de Unió, Convergència asumió la deuda de la coalición (CiU) a través de un crédito hipotecario. Inicialmente, la cantidad a satisfacer era de 6,8 millones, aunque ahora es algo inferior porque “se van pagando las cuotas”.

Futuro sin locales

El futuro, en cualquier caso, pasa por vender las sedes. Todas ellas. A principios de 2016, Convergència compró un local de unos 2.000 metros cuadrados para sustituir a la sede de Còrsega. El local llevaba un año vacío y fue comprado a un promotor privado, aunque antes había alojado las sedes de Comercio y de Energía de la Generalitat. Está a apenas diez minutos andando del anterior local. Aunque Convergència es propietaria, en el verano de 2016 el PDeCAT —nacido para hacer borrón y cuenta nueva con la corrupción— pasó a ocupar el espacio mediante el pago de un alquiler.

La estancia del PDeCAT en la nueva sede, sin embargo, será breve. En el verano de 2017, Convergència la puso también a la venta para reducir volumen de deuda. Fuentes del partido prefieren no dar cifras para no perjudicar la operación.

Convergència tiene sedes como propietaria y como arrendataria. Tras su desaparición como proyecto político, algunas fueron cedidas al PDeCAT. Fuentes de la antigua formación insisten, sin embargo, en que el futuro pasa por no tener ninguna en propiedad. “Es un modelo obsoleto. El nuevo partido funciona de forma más virtual, y hay lugares públicos donde poder reunirse”.

Convergència arrastra problemas de financiación desde hace años. A finales de 2014, el entonces coordinador de CDC, Josep Rull, pidió a los militantes, en una carta, que hiciera “donaciones voluntarias”. Los casos de corrupción, además, obligaron a cerrar el grifo de las donaciones. Tanto el partido como la fundación afín se comprometieron a no aceptar donaciones de empresas desde 2016. El año pasado, Convergència afrontó un expediente de regulación de empleo que implicó el despido de casi la mitad de los 82 trabajadores. Ahora quedan 40 personas. “Si el PDeCAT quiere, podría fichar a algunas por su experiencia. La idea es que, a lo largo de este año, queden solo cuatro o cinco como liquidadores, para acabar de cerrar Convergència”.

El fiscal: “Es una sentencia necesaria”

La sentencia que condena a 12 de los 16 acusados en el caso Palau recoge la mayor parte de las tesis sostenidas en el juicio por el fiscal Emilio Sánchez Ulled. Incluidas las que afectan a la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. El tribunal contempla, como el fiscal, que el pago de comisiones tuvo que ser conocido por "altos responsables" del partido que, sin embargo, no han podido ser identificados. La resolución emplea expresiones del escrito de acusación; por ejemplo, que entre 1999 y 2009 hubo un "acuerdo criminal" entre Ferrovial y Convergència.

Sánchez Ulled es ahora consejero de Justicia de España ante la Unión Europea. Desde allí, ha celebrado la sentencia, que según dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio era “socialmente necesaria”. La resolución es “pedagógica” y “muy reveladora de unos mecanismos de corrupción política que son mucho más sutiles de lo que a menudo puede parecer”, agregó.

El fiscal celebró que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona haya aceptado sus tesis “en un 95%”. En ese 5% restante está la absolución —libre en el caso del delito de administración desleal y por prescripción en el tráfico de influencias— de los dos directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. “Mis compañeros lo deberán valorar, y quizá nosotros como fiscalía deberíamos recurrir este punto”, apuntó.

La Fiscalía ya ha solicitado al tribunal una comparecencia de cuatro de los condenados —Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y Osácar— para solicitar medidas personales contra ellos. En el caso de Millet y Montull, saqueadores confesos del Palau, podría ser la petición de ingreso en prisión provisional hasta que haya sentencia firme.

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