Hacienda estrecha el cerco a TV3 en sus pesquisas por el 1-0

El ministerio exige información sobre productoras y comunicadores de la cadena

Jaume Roures, director general de Mediapro, en una rueda de prensa en febrero de 2016.
Jaume Roures, director general de Mediapro, en una rueda de prensa en febrero de 2016.Rodolfo Molina

El estrecho cerco que el Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto al entorno independentista apunta a varias de las más importantes productoras que trabajan para TV3, con el gigante Mediapro de Jaume Roures a la cabeza. El Ministerio de Hacienda ha ordenado a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, que le informe antes del próximo día 12 de todos los contratos concedidos entre 2015 y 2017 por el Gobierno catalán a 50 empresas y una docena de figuras relevantes del mundo independentista. Entre ellas, destacan ocho filiales de Mediapro, la productora Batabat y el nombre de tres reconocidos comunicadores —Toni Soler, Antoni Bassas y Albert Om— cuyas empresas han firmado en los últimos años millonarios contratos con TV3.

Aunque el listado hecho público el pasado martes pregunta solo si estas tres personas han recibido a título personal “pagos, ayudas o subvenciones de la Generalitat o de cualquier entidad del sector público autonómico” —sin mencionar a sus empresas—, Hacienda pretende ampliar la investigación a medida de que vaya recibiendo los informes requeridos.

El ministerio busca indicios de malversación para descubrir cómo se pagaron los preparativos del 1 de octubre —urnas, papeletas...— y otros hitos del proceso independentista. Por ello, a ritmo de uno por semana, ha ido ampliando los requerimientos de información a Vidal. Y cuando no le ha satisfecho la respuesta, no ha dudado en presionar a la interventora insistiendo en que complete peticiones anteriores o recordándole que cuenta con plenos poderes para llegar hasta la última partida de gasto de la Generalitat.

Mediapro montó el centro internacional de prensa del 1-0, servicio por el que no habría recibido pago alguno de la Generalitat y que quiso financiar cobrando 10 euros al día a cada periodista. Finalmente, y ante las protestas de los profesionales, solo lo hizo el primero de los cuatro días en los que funcionó el centro. El grupo de Roures ofrece todo tipo de servicios a TV3. En 2015 y 2016 (aún no hay datos disponibles del año pasado), sus empresas facturaron un total de 7,6 millones de euros a la cadena. La mayor parte de este importe corresponde a la producción de series y programas, aunque su oferta llega hasta servicios como “la producción de la corresponsalía de Washington”, por lo que cobró en 2015 más de 61.000 euros en un contrato negociado sin publicidad.

Batabat, vinculada a Oriol Soler —al que Hacienda ha puesto en el centro de sus investigaciones—, facturó a la televisión pública catalana 1,2 millones en 2015 y 2016. Las productoras de Soler, Bassas y Om, por su parte, facturaron en total más de 13 millones de euros a TV3 en esos dos años.

Por otra parte, tres empresarios afirmaron ayer ante el juez que un intermediario de la Generalitat les encargó la publicidad para el referéndum del 1 de octubre. En su declaración como investigados, negaron haber cobrado un solo euro por crear y distribuir la campaña de publicidad de la consulta.

Sobre la firma

Oriol Güell

Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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