La defensa del asesino confeso de Aspa pide su absolución por trastorno psicológico

La abogada alega que Ismael Rodríguez sufrió “una alteración de sus capacidades psíquicas” que le hacen inimputable

Compañeros de los agentes trasladan el féretro de una de las víctimas en su funeral.
Compañeros de los agentes trasladan el féretro de una de las víctimas en su funeral.Albert García

La defensa de Ismael Rodríguez Clemente, el cazador vecino de Vacarisses (Vallès Occidental) de 30 años que confesó haber matado a tiros a dos Agentes Rurales en el coto de caza de Aspa (Segrià), el 21 de enero de 2017, asegura que el asesino confeso sufrió “una alteración de sus capacidades psíquicas” que le hacen inimputable. Por esto, pide su absolución. Subsidiariamente, en caso de ser condenado, la defensa pide que se le ingrese en un centro psiquiátrico y no en la cárcel. En su escrito de conclusiones provisionales la abogada del cazador, Montserrat Torres, mantiene, además, su disconformidad con el relato de los hechos de las acusaciones y no considera que se tratasen de dos asesinatos, sino de homicidios. 

Ambos agentes, Xavier Ribes de 43 años y David Iglesias de 39, murieron mientras hacían un control de caza de dos disparos cada uno, todos a corta a distancia y al menos dos a "bocajarro", contrariamente a lo que había declarado el acusado tras los hechos, que los situó a unos 15 metros. Uno de los agentes los recibió primero en la muñeca derecha y zona mandibular y en el cuello. El otro, directamente en el pecho y en la zona parietal posterior derecha, según relata la fiscalía. El ministerio público y las acusaciones añaden en sus escritos de conclusiones provisionales que el arma utilizada por el acusado, una escopeta Benelli de calibre 12, estaba preparada para disparar únicamente tres cartuchos "de forma que para disparar el cuarto, el acusado recargó el arma".

La abogada del cazador, que ha sido la última en presentar el escrito de conclusiones provisionales, mantiene en él su "total y absoluta disconformidad con los escritos presentados por las acusaciones" porque considera que Rodríguez, "no es autor de los hechos tal y como se describen". Considera que no hubo, como mantienen las acusaciones, "intención ni decisión" de matar, ni "aprovechó la soledad de un lugar remoto", ni se puede hablar que lo hizo "a sangre fría". Por ello no considera que se trate de asesinatos y los califica de "homicidios".

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Según el escrito de defensa, "la mente del acusado cuando oye la salutación de los dos Agentes Rurales sufre una alteración de sus capacidades psíquicas y guiado por un impulso irracional incontrolable que hace que en aquel momento se encuentre fuera de sí y desorientado, es un niño y lo explica a su padre, no sabía como actuar". Asegura la letrada que en ningún caso tuvo intención de huir de la justicia, simplemente "no sabe a quién llamar o donde ir a confesar lo sucedido".

Según Torres, en este caso "se dan los requisitos y patología para apreciar la inimputabilidad" del acusado, por concurrir la eximente completa de alteración psicológica en el momento de los hechos, por el cual no podría ser responsable criminal. En caso de no apreciarse, pide que alternativamente que esta alteración psicológica, que hasta el momento no consta que ningún médico le haya diagnosticado, se le aprecie como eximente incompleta.

La defensa afirma que su cliente reconoce los hechos, pero asegura que "no recuerda nada". A pesar de que no recuerda haber recargado el arma, como los peritos han confirmado que "sí" lo hizo, "admite la posibilidad de haberlo hecho como una maniobra mecánica e irreflexiva en un movimiento rápido, dada su destreza y habilidad, pero totalmente irracional". Atribuye la letrada que Rodríguez habría disparado "dos tiros al primer agente y uno al segundo, recargó y volvió a disparar al segundo", porque "el patrón de tiros de dos en dos es una práctica rutinaria de caza habitual".

La fiscalía pide 48 años y 4 meses de cárcel para el acusado, solicita por cada uno de los delitos de asesinato, 23 años y 8 meses y otro año por un delito de tenencia ilícita de armas, con la atenuante de confesión. La Generalitat, por su parte, reclama 20 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, la Asociación Profesional de Agentes Rurales de Catalunya (ASPARC) y las familias suman una petición de 51 años. Rodríguez no disponía del permiso para llevar la escopeta ni el permiso del coto.

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