La despoblación rural avanza ante la inacción de la Generalitat

El Govern creó un grupo de trabajo para hallar soluciones pero solo se ha reunido dos veces

La creciente falta de población de las zonas rurales, donde se encuentran el 75% de los municipios catalanes, no cesa. El diagnóstico está hecho pero no se han hallado instrumentos para frenarla. La Generalitat, que hace un año y medio constituyó un grupo de trabajo integrado por distintas consejerías, ha sido incapaz de desarrollar e implementar alguna medida por el momento para frenar la sangría, aunque lo cierto es que sus integrantes apenas se han reunido en dos ocasiones para intentar buscar soluciones. Mientras, las ciudades van ganando población: 36.000 personas en 2017.

No se conoce antídoto contra la despoblación rural. Las malas comunicaciones, el aislamiento y los peores servicios, en comparación con municipios más poblados, merman el número de vecinos que residen en las comarcas más apartadas. Las iniciativas de las instituciones públicas para frenar el abandono de los pueblos logran sonoridad y un interés efervescente, pero caen en saco roto.

En agosto de 2017 la Generalitat decidió crear una comisión interdepartamental para coordinar políticas contra la despoblación rural. En 18 meses, la comisión se ha reunido dos veces y no ha desarrollado ninguna medida. Aquel mismo 2017, los pueblos rurales de Cataluña perdieron 2.800 vecinos mientras que los empadronamientos en el ámbito urbano crecían en 36.000 personas.

Las comarcas que perdieron población en 2018.
Las comarcas que perdieron población en 2018.

La Fundación Món Rural, impulsada y financiada por el Departamento de Agricultura, explora líneas de trabajo para frenar la despoblación lejos de las ciudades. En Cataluña hay 947 municipios y más del 75% son núcleos rurales. Eduard Trepat, técnico de la Fundación, apunta que el “único” criterio administrativo válido para clasificar a un territorio como rural o urbano pasa por fijarse en si le alcanza el Plan Leader: un programa de la Unión Europea que subvenciona el desarrollo de aquellas zonas donde la agricultura ha sido un motor económico preeminente.

Recientemente, el Fórum Económico de Tortosa convocó a economistas y especialistas en demografía para tratar de analizar la realidad socieconómica de las Terres de l'Ebre. Sus comarcas se han convertido en el mejor ejemplo de cómo evoluciona la hemorragia poblacional en áreas rurales: el 80% de sus municipios pierden vecinos y en la Ribera d'Ebre y la Terra Alta más del 25% de los residentes rebasan los 65 años.

Prat de Comte es el pueblo más pequeño de las Terres de l'Ebre. El Idescat le concede 179 empadronados en su último recuento. Hace cuatro años, el pueblo multiplicó su notoriedad tras hacer un llamamiento para reclutar sangre nueva. El ayuntamiento prometió trabajo a las familias, con hijos en edad de escolarizar, que se instalaran en la aldea. Era la fórmula más habitual no solo para captar nuevos habitantes, sino para asegurar su rejuvenecimiento y la consolidación poblacional. En plena salida de la recesión, el consistorio recibió más de 700 currículums y quedó desbordado.

Una familia de Tortosa, con tres hijos, se adjudicó la gestión del albergue municipal, ahora cerrado a cal y canto. Aquella familia aguantó poco al frente de la casa de huéspedes y, tras el desistimiento, sus hijos abandonaron la escuela del pueblo. También se fueron Carme y sus tres hijos, que habían llegado a Prat de Comte atraídos por la oferta para encargarse de la tienda municipal de aguardiente.

Escuelas sin alumnos

El colegio Mare de Déu de la Fontcalda tiene ocho alumnos. Pero va a perder una estudiante en breve. Es Elsa, la hija de Paco Rocha y de Elisabeth Portero. La família, junto al pequeño Isaac, se instaló en el pueblo hace unos meses, seducidos por la paz que desprende este entorno, a los pies del parque natural dels Ports, y por las facilidades que ponía el ayuntamiento a los nuevos vecinos. Antes, vivían en Londres. Él es ilustrador y tiene facilidad para trabajar a distancia. El consistorio accedió a cederle un local municipal, con una vertiginosa conexión a internet, para poder trabajar. Valoran la “buena acogida” que les brindaron los vecinos pero se han desencantado con el paso de las semanas y han decidido hacer las maletas. Se van a un pueblo vecino, Batea, que ronda los 2.000 vecinos.

Montse Subirats, vecina de Prat de Comte y madre de tres niños que acuden a la escuela Mare de Déu de la Fontcalda, apunta que “vivir en un pueblo no es tan sencillo como pueda parecer” y manifiesta que, antes de dar el paso, no está de más concederse un período de prueba. “Hay que venir, verlo y probarlo”. Lamenta que, otro problema, es el de la falta de vivienda. En Prat de Comte un alquiler no llega a los 300 euros pero no es fácil encontrar un hogar disponible. Muchas casas están cerradas la mayor parte del año. Sus propietarios, que un día optaron por marcharse a vivir lejos del pueblo, solo franquean la puerta durante las fiestas o para pasar unos días de verano.

Menos población pese a la buena marcha económica

El mapa de Cataluña se despliega sobre 42 comarcas. Doce de ellas perdieron población el año pasado, según los datos del Idescat. El goteo confirma una tendencia que se arrastra desde hace años y que no tiene freno.
El exhaustivo informe que elabora la Fundación Món Rural certifica la disparidad que se registra en el ámbito rural y urbano. Entre 2017 y 2016, los pueblos rurales perdieron 7.970 vecinos, mientras que los municipios urbanos sumaron, en el mismo periodo, 55.694 nuevos residentes.
Esa tendencia se produce pese a que el entorno rural mantiene mejores perspectivas económicas que el urbano, con menores tasas de empleo y la creación de mayores empresas. Las zonas rurales, sin embargo, adolecen de un déficit de comunicaciones que obliga a sus habitantes de depender del transporte público y, en muchos casos, de falta de conexiones de telecomunicaciones como la fibra óptica. Los servicios públicos son bien valorados.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS