Colau, cuatro años después: menos activismo, más policía en la calle

El segundo mandato de la alcaldesa arranca marcado por la alianza con el PSC y una actitud mucho más pragmática en el ámbito político y más mano dura en la calle

Ada Colau y Quim Torra en una reunión reciente.
Ada Colau y Quim Torra en una reunión reciente.EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se estrenó hace cuatro años en el cargo con un primer mes de vértigo. Casi a diario anunció actuaciones simbólicas o iniciativas de calado: enterró el proyecto de los Juegos de Invierno, revirtió la privatización de dos guarderías, retiró el busto del rey Juan Carlos del salón de plenos y congeló las licencias de nuevos hoteles. El segundo mandato de Colau arranca marcado por la alianza con el PSC y una actitud mucho más pragmática en lo político y con más mano dura en la calle. Los comunes han visto, además, cómo la justicia ha tumbado uno de sus proyectos estrella: el plan de hoteles.

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La investidura, el pasado 15 de junio, ya marcó la diferencia. Fue completamente distinta de la de 2015. De la alegría de entonces en el salón de plenos y la plaza de Sant Jaume a las protestas por los votos de Manuel Valls que hicieron alcaldesa a Colau. Estas son las principales decisiones del ejecutivo de la alcaldesa en lo que va de su segundo mandato:

Alianza de gobierno que enfría proyectos de los comunes. El acuerdo de gobierno entre los comunes y el PSC (10 y 8 concejales respectivamente) permitirá al ejecutivo municipal dejar atrás la sangrante minoría del pasado mandato (11 ediles de 41). Con todo, el acuerdo de Colau con los socialistas enfría proyectos que eran clave para los comunes, como la municipalización del agua o la revisión de la ordenanza de civismo. El acuerdo, además, no aborda aspectos en los que los socios discrepan, como los cruceros o la prostitución.

La seguridad y el top manta, una prioridad absoluta. Quince días después de que se formase el nuevo Gobierno llegó su primera medida mediática y visible: un dispositivo intensivo contra el top manta, con 100 policías patrullando de nueve y media de la mañana a diez de la noche y que fue anunciado a bombo y platillo por su concejal de Seguridad, Albert Batlle (PSC). El objetivo, dijo, era “erradicar” la venta ambulante en la ciudad, una de las prioridades del Gobierno. Los manteros acusan a Colau y sus socios de traicionarlos y de buscar una solución policial cuando en otras ocasiones habían optado por aplicar medidas sociales. De nuevo la policía fue la solución del Gobierno municipal para abordar otro problema que hace años arrastra la ciudad: la degradación de la zona del Port Olímpic. Tras una pelea en la que murió un joven de 25 años, Batlle anunció un nuevo dispositivo en la zona, con más agentes de la Guardia Urbana y con los antidisturbios de los Mossos. También de Batlle fueron unas polémicas declaraciones en las que propuso el “retorno asistido” de los menores migrantes. Un pequeño porcentaje de ellos se dedica a cometer hurtos y robos violentos en la ciudad. El concejal corrigió sus palabras y se refirió a “velar por el derecho a la tutela” de los menores. La mano dura en temas de seguridad, que es la principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona, también se aplicará contra las patrullas ciudadanas. Batlle, el teniente de alcaldía más visible este verano, avisó de que combatiría este tipo de iniciativas. “No puede haber autorganización en un tema tan sensible y responsabilidad de la administración como es la seguridad”, advirtió.

Una emergencia climática diferida. Colau convocó hace tres semanas una cumbre para preparar la declaración de emergencia climática el próximo 1 de enero de 2020. Un encuentro pomposo, con un centenar de participantes, pero sin medidas contundentes inmediatas. El gobierno municipal insiste en que su principal apuesta es la restricción de la circulación de los vehículos más contaminantes en el perímetro de las rondas a partir de enero. Si esto no resulta suficiente, implantará un peaje urbano. Expertos y entidades critican la tibieza y tardanza de estas medidas. 

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Mano tendida a Torra para aprobar las cuentas. La alcaldesa y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunieron en julio y se emplazaron a celebrar una comisión mixta en octubre para desencallar temas concretos. Pero hubo un desacuerdo de base: La Generalitat no reconoce la llamada “deuda social” que reivindica Colau y que asciende a unos 280 millones de euros. La alcaldesa cree además que el Govern debería incrementar en 30 millones sus transferencias anuales a la ciudad. Ambos líderes, sin embargo, se tendieron la mano para aprobar sus respectivos presupuestos.

Sueldos más altos. El partido de Colau, Barcelona en Comú, se dotó en 2015 de un código ético que limitaba los sueldos de electos y altos cargos a 2.200 euros. Una cifra que los comunes se han dado cuenta de que resulta insuficiente para un trabajo que exige jornadas muy largas y que además contradice el propio código ético, porque imposibilita la conciliación de su trabajo con la vida personal. Por ello han decidido aumentar los sueldos de los cargos que están en primera línea de gobierno. Un 40% a la alcaldesa, un 27% a los concejales y un 13% a los comisionados.

La sentencia que tumba el plan de hoteles. El plan urbanístico con el que el gobierno de Colau intentó poner coto a los hoteles se encontró con el mismo destino que sus antecesores promovidos por socialistas y convergentes. Varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulan total o parcialmente el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat), entre otras cosas, por carecer de una memoria de impacto financiero. El gobierno ha anunciado que solicitará una aclaración al tribunal sobre las sentencias, que no son firmes.

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