Barcelona pide al Estado que se implique directamente en la gestión de sus centros culturales

El acuerdo anunciado por Sánchez y Colau recuperará una inyección anual de 25,8 millones e implicará crear nuevos patronatos para gobernar museos y festivales como el Llum BCN

El festival LlumBCN que acoge el barrio del Poblenou, en Barcelona.
El festival LlumBCN que acoge el barrio del Poblenou, en Barcelona.Joan sánchez

El 7 de febrero, la alcaldesa Ada Colau y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acordaron recuperar la capitalidad cultural de Barcelona con el propósito de inyectar un total de 25,8 millones. Esto supondrá recuperar los niveles de las aportaciones del Ministerio de Cultura a los patronatos en los que está presente y que, desde 2011, han caído a más de la mitad. Barcelona pedirá al Estado que se implique en otros centros y eventos, como el Auditori, el Grec, el Mercat de les Flors y el Llum BCN con la firma de convenios o con su entrada en los órganos de gobierno. Todo está por hacer, pero ya hay cita para empezar a negociar.

Cuando se confirmó la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, los asesores del presidente español vieron la conveniencia de que Sánchez visitara otras administraciones, como el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona. Y que, más allá de los apretones de manos, hubiera contenidos. En el caso de la cita con la alcaldesa Ada Colau, no hubo dudas: recuperar los acuerdos de capitalidad que entre 2006 y 2011 funcionaron de la mano de los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Jordi Hereu y que el PP y Mariano Rajoy mandaron al cajón del olvido. Pusieron una cifra: 25,8 millones de aportaciones por parte del Estado.

Pese a que el acuerdo sorprendió, la reivindicación por recuperar esta aportación económica —que recoge la Carta Municipal de 2006— no ha dejado de estar sobre la mesa cada vez que los responsables municipales, de todos los partidos, se han reunido con sus homólogos madrileños. Sobre todo desde que, en 2013, los Presupuestos del Estado la eliminaron totalmente.

Un 70% menos de aportación

J. Á. M.

El MNAC y el Museo Picasso cuentan con 1,5 millones de euros, cada uno, para programar en 2020. El Reina Sofía ha licitado el transporte de las obras de su exposición sobre Mondrian por 1,2 millones. Las cifras dejan ver la diferencia de recursos con que cuentan los museos de Madrid y Barcelona, en los que la aportación del Ministerio de Cultura ha descendido, entre 2011 y 2019, un 70%. En el caso de la Fundación Miró un 52%; el MNAC, un 50%; y el Macba, un 38%. Unos centros que no son solo salas de exposiciones, sino que conservan patrimonio y que han tenido que dejar de organizar muestras o, incluso, despedir trabajadores. "Estamos programando en condiciones nada óptimas, casi de forma milagrosa, haciendo malabarismos descomunales", explica Ferran Barenblit, director del Macba, que mantiene que "volver a la situación anterior es necesario, pero hay que ir mucho más allá".

El acuerdo habla de coliderazgo de Barcelona con respecto a Madrid, “en reconocimiento a la fuerza cultural que tiene la ciudad; una corresponsabilidad entendiendo que el MNAC, el Macba y el Picasso, por ejemplo, son instituciones que si estuvieran en Madrid estarían al mismo nivel que el Reina Sofía, el Teatro Real y el Prado”, explica Joan Subirats, teniente de alcalde de Cultura. Subirats asegura que ya han hablado con el gabinete del Ministerio para fijar fecha para la primera reunión y empezar a negociar.

La estructura para repartir esta cantidad —tomada del ejercicio del 2010, que contó con la aportación más alta— está por hacer. “Por un lado, recuperar los niveles de presencia pública del Estado en los consorcios que, año tras año, se han ido reduciendo, en la mayoría de los casos alrededor del 50% y en otros han desaparecido”, explica Subirats, que cita los casos sangrantes de fundaciones como la Miró y la Tàpies. “Por otro, nos gustaría añadir otros centros y festivales, como el Mercat de les Flors, la gran casa de la danza en toda España, el Auditori, el Festival Grec y el Llum BCN, que pensamos tienen una dimensión más allá de una lógica local o catalana”.

Subirats afirma que el acuerdo se hará tras analizar “cómo se opera en cada caso, mediante convenios o incorporando al Estado en los órganos de gobierno, cosa que implicaría un cambio. Nos abrimos a que se incorporen al gobierno de centros y festivales porque, en el fondo, fideliza más sus aportaciones que si no están”. Esa opción choca con la idea, lanzada por anteriores gobiernos municipales, de que el modelo de gestión basado en patronatos con diferentes administraciones está obsoleto y hay que replantearlo. Entre 2011 y 2019, el Ministerio rebajó sus aportaciones totales cerca de un 70%. “En el caso de las subvenciones, por ejemplo al Grec, también deben ser constantes, como seguro lo son para festivales como el de Mérida”.

El ámbito científico

“La idea es que la aportación se mantenga. El Gobierno no aceptaría que el Ayuntamiento se gaste cada año una cantidad en lo que quiera. El coliderazgo comporta establecer unos aspectos de la actividad cultural que merecen la consideración especial. Si no, cualquier ciudad pediría lo mismo”, explica Subirats.

El acuerdo tiene una novedad. “En el ámbito científico, Barcelona cuenta con centros de investigación que no existen en Madrid pero tienen un carácter supraestatal, como el Supercomputing Center, el Instituto de Ciencias Fotónicas, el Sincrotrón ALBA y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona; creemos que tiene que haber una presencia del Estado en ellos”, prosigue. “Y en ese paquete se pueden incluir las Bienales de Pensamiento y Ciencia”, que tanto éxito de público han tenido en las ediciones que se han celebrado. “Hay que acabar de hacer la arquitectura, pero es una muy buena noticia para la cultura de Barcelona”.

La Carta, 34 años a la greña política

Blanca Cia

La idea de que Barcelona debía tener una ley especial que la dotara de más competencias fue liderada por Pasqual Maragall en 1986, pero no se aprobó por el Consistorio hasta 1997. No fue un proceso fácil, como tampoco negociar con la Generalitat para que el texto se aprobara en el Parlament (1998). El recelo a que la capital tuviera más fuerza disparaba las alertas del Gobierno de Jordi Pujol. Más complicado fue que el Gobierno central —en manos del PP— la aprobara, ya que el texto proponía participar en dos impuestos, uno de ellos el IVA. Se habló de una Ley de Ciudades para diluir la Carta de Barcelona, que finalmente se aprobó con José Luis Zapatero (2006), que sustituyó la participación de los impuestos por los convenios. 34 años después, una comisión en la que participarán todas las administraciones activará este texto fundamental.

Sobre la firma

José Ángel Montañés

Redactor de Cultura de EL PAÍS en Cataluña, donde hace el seguimiento de los temas de Arte y Patrimonio. Es licenciado en Prehistoria e Historia Antigua y diplomado en Restauración de Bienes Culturales y autor de libros como 'El niño secreto de los Dalí', publicado en 2020.

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