Entrevista | Ministra de Trabajo de Chile

Jeannette Jara: “Para algunos sectores, en Chile nunca es el tiempo de avanzar en los derechos de los trabajadores”

La ministra del Trabajo de Chile, militante comunista, dice que este el momento de realizar los cambios sociales para impedir una desafección ciudadana

Jeannette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, en Chile.
Jeannette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, en Chile.RS

La ministra del Trabajo y Previsión Social chilena, la abogada Jeannette Jara (Santiago, 48 años), lidera la cartera responsable de uno de los grandes compromisos del Gobierno de Gabriel Boric: la reforma de pensiones, que desde la dictadura de Pinochet se basa en un sistema de capitalización administrado por empresas privadas, las AFP. La militante comunista y exdirigenta sindical atiende esta entrevista por videconferencia desde Ginebra, la última parada de una gira donde se reunió con sus pares de los países de la OCDE y con dirigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Están siguiendo con mucha atención cómo estamos definiendo el futuro de nuestro país”, afirma la exsubsecretaria de Previsión Social de Bachelet (2014-2018).

Pregunta. Los objetivos de su cartera -aumentar el salario mínimo, reducir la jornada laboral, reforma previsional- están sujetos a una reforma tributaria y a una economía saludable. ¿Qué pasará si no se aprueba la reforma o la economía empeora?

Respuesta. En Chile vivimos tiempos de profundas transformaciones desde octubre de 2019. Los derechos laborales y la seguridad social son medidas que han sido postergadas muchas veces. Cuando había importantes cifras de crecimiento, se indicaba que no era el momento porque el crecimiento por chorreo igual les iba a llegar a los demás. Cuando iba más lenta, no era porque estábamos en una situación compleja. A nuestro entender, este es el momento de avanzar. Sin duda, el desafío concreto que tenemos es realizar los cambios en un contexto internacional económico complejo que nos golpea.

P. Dice que es el momento de avanzar, pero ¿es factible con una situación económica tan compleja?

R. La economía chilena ha mostrado una resiliencia importante, incluso después de una crisis tan severa como el covid-19. Sin duda, para algunos sectores en Chile, nunca es tiempo de avanzar en los derechos de los trabajadores. Nunca. Ni cuando al país le va bien, ni cuando le va mas o menos, ni cuando le va mal. Mantener los niveles de desigualdad, que han generado una brecha social entre aquellos pocos que tienen más y la mayoría del pueblo… Eso sí que es lo que le hace mal a la vida de las personas, a la economía, al empleo, al crecimiento. Debemos aumentar los desafíos de productividad, apoyar a las pymes, promover el empleo formal, pero también avanzar en los derechos de los trabajadores, eso no puede volver a postergase.

P. ¿Hacia dónde está mirando Chile en materia laboral?

R. El presidente Gabriel Boric puso como uno de sus ejes centrales avanzar hacia el trabajo decente. Este concepto que en Chile no está tan internalizado como en el sistema laboral internacional implica un desafío importante en materia de seguridad, de acceso a la seguridad social y evitar las discriminaciones e inequidades que se dan en el empleo. Chile tiene capacidad para fortalecer su propio modelo de derechos laborales recogiendo experiencias internacionales.

P. ¿Recogiendo las experiencias de qué países?

R. Depende de la temática. En negociación colectiva, que es una de las materias que queremos abordar para fortalecer los derechos colectivos, buscamos avanzar en la negociación multinivel: empresa, interempresa, y ramal [negociar por rama de actividad económica]. En Chile no existe esta última. Lo que vamos a hacer es modificar la ley y legislar la negociación ramal. Se están mirando modelos de distintos países de la OCDE como otros latinoamericanos. En materia de seguridad social, ligada al tema de pensiones, estamos mirando países que tienen sistemas mixtos, con esquemas de pago de beneficios o de prestaciones o pensiones, y que tengan modelos actuariales que los hagan sostenibles en el tiempo. Más que un país en particular, estamos mirando un abanico.

P. ¿Estas son las prioridades del ministerio? ¿Fortalecer los derechos colectivos y la reforma de pensiones?

R. El presidente Gabriel Boric planteó cuatro prioridades para este año. Primero, recuperar el empleo previo a la pandemia [faltan 200.000 empleos]. Segundo, aumentar el salario mínimo en un 14%, el reajuste más alto en 25 años. [Se aplicó parte del alza en mayo y en agosto debería alcanzar los 476 dólares]. Fue una medida acordada con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con las pequeñas y medianas empresas (pymes). Tercero, presentar en agosto el proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, que busca esencialmente dos cosas: hacerse cargo del fracaso de las AFP, mejorando pensiones actuales y futuras, y formar en Chile un sistema de seguridad social, donde la solidaridad en el pilar contributivo -dentro del sistema de cotización- sea un elemento presente y no sea solamente individual. Cuarto, reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas.

P. Una de las grandes dudas sobre la reforma previsional es si el nuevo sistema permitirá la capitalización individual y si se van a poder heredar los fondos.

R. Los detalles del proyecto se van a presentar en un par de meses más. Puedo adelantar que busca promover un sistema mixto, donde exista capitalización individual, pero también transferencias intergeneracionales solidarias, porque así se entiende la seguridad social como parte de un sistema de derechos humanos, con solidaridad. Estamos desarrollando un diálogo con trabajadores, empleadores y gobierno, bajo el modelo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

P. Adelantaron la fecha para presentar el proyecto en el Congreso antes del plebiscito de septiembre sobre la nueva Constitución

R. Sí, porque se han levantado muchas fakes news en relación a los fondos de pensiones, a que había alguna intención de expropiar y ni el Gobierno ni la propuesta de Constitución consideran dicha posibilidad. Aunque ninguno lo haya mencionado, creemos que es mejor presentarlo ahora porque cuando hay una inquietud ciudadana lo mejor es hacerse cargo de manera transparente.

P. Chile es uno de los países de la OCDE con la jornada laboral más larga, pero también uno de los menos productivos. ¿Cómo debería impactar la reducción de la jornada a 40 horas?

R. El principal desafío es la productividad, que lleva 10 años estancada. Al igual que debemos avanzar en la reducción de la jornada para el buen vivir, también hay que tomar medidas en materia productiva relacionadas al mejor uso de las tecnologías, inversión en materias de innovación, en ciencia. Por eso el presidente encargó a Hacienda y Economía que propusieran un plan de productividad que va a complementarse con el de reducción de la jornada a 40 horas. Dicho esto, la reducción de la jornada laboral no tiene una causalidad directa en la productividad.

P. Las Pymes son críticas con el proyecto, ¿las van a apoyar?

R. En el caso de las Pymes, hay que tener una instalación de reducción de jornada entendiendo que son los generadores de más del 50% del empleo del país, pero que su nivel de participación es cerca del 13% de las ventas. En este caso, junto con aplicar las 40 horas con gradualidad, hay que ver las otras medidas que apoyen que las Pymes pueden participar más y que nuestro mercado no esté tan concentrado en las grandes empresas.

P. Si sale adelante el proyecto, ¿cuándo se trabajará 40 horas en Chile?

R. La experiencia de otros países nos ha mostrado que una gradualidad de reducir una hora al año no es conveniente porque obliga a los empleadores a tener mayores costes administrativos. Seguramente va a ser en dos momentos, pero el plazo exacto lo vamos a definir después de escuchar a los sectores económicos y productivos porque ese es el sentido que tienen las mesas técnicas.

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