El juicio por la indemnización del ‘caso Aznalcóllar’ se celebrará 25 años después de la tragedia ecológica

El juez fija la vista oral para 2023 tras el rechazo de la compañía minera a pagar los 89 millones que le reclama la Junta por el desastre medioambiental

Los tres abogados de la minera Boliden y sus filiales, demandadas por el desastre de Aznalcóllar, en la audiencia previa celebrada en Sevilla este jueves.
Los tres abogados de la minera Boliden y sus filiales, demandadas por el desastre de Aznalcóllar, en la audiencia previa celebrada en Sevilla este jueves.PACO PUENTES

La catástrofe ecológica de Aznalcóllar (Sevilla) que en 1998 provocó el vertido de cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana se juzgará 25 años después del desastre, en julio de 2023. El laberinto judicial del caso podrá por fin contar con una sentencia que determine si la multinacional minera Boliden debe pagar 89 millones a la Junta andaluza (PP) por la contaminación de 4.643 hectáreas que causó la rotura de la balsa de residuos mineros, aunque sea un cuarto de siglo después.

Este jueves el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla ha celebrado la vista previa de la causa civil por la demanda interpuesta por el Gobierno autonómico para lograr que la compañía minera abone la factura de la limpieza medioambiental de los ríos Agrio y Guadiamar, contaminados tras ser inundados por la marea de lodos y metales pesados, y que dejó 37 toneladas de peces muertos. Después de escuchar a las partes enfrentadas, el magistrado José Manuel Martínez ha fijado el próximo 4 de julio como fecha de inicio del juicio para dilucidar por fin si Boliden debe abonar la suma millonaria o puede eludirla.

La clave que ha esgrimido la Junta en sala es el artículo 81 de la Ley de Minas, que determina que el titular de una explotación es responsable de “los daños y perjuicios” que provoquen sus trabajos de extracción. En paralelo, el Ejecutivo entiende que el grupo internacional Boliden, al que pertenecía su filial española ya disuelta Boliden Apirsa, debe afrontar el pago en ausencia de la empresa explotadora de la mina, reabierta en 2015 por otra empresa.

En la bancada de enfrente, los abogados de la firma minera han alegado que cuando el desastre se produjo en 1998 no existía una ley que obligara a las compañías a responder por el daño medioambiental, que llegó mucho después, en 2007, la Ley de Responsabilidad Ambiental. “Lamentamos profundamente el accidente, pero aquí estamos para decidir la acción de reembolso sobre la restauración”, ha afirmado José Miguel Fernández, abogado de Boliden.

Cartel contra la compañía minera Boliden, este jueves en Aznalcóllar (Sevilla), donde se produjo el desastre ecológico hace 24 años.
Cartel contra la compañía minera Boliden, este jueves en Aznalcóllar (Sevilla), donde se produjo el desastre ecológico hace 24 años. PACO PUENTES

El juicio tendrá en principio seis jornadas (entre el 4 y el 20 de julio) para 13 interrogatorios, 12 testigos -técnicos de la Junta la mayoría- y un perito, que declararán para arrojar luz sobre la gestión del desastre medioambiental. El magistrado ha desestimado que la Junta pueda aportar un informe pericial entregado el pasado julio sobre la limpieza, además de otras documentales y expertos propuestos por el Ejecutivo, al que en cambio ha permitido la propuesta de 12 técnicos y responsables en replantaciones y recuperación de los terrenos contaminados. Entre ellos destaca el secretario general de la organización ecologista WWF, Juan Carlos del Olmo, mientras que César Nombela, expresidente el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha sido rechazado por el juez.

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La reparación ambiental de los terrenos a las puertas de Doñana incluyó el recrecimiento de la balsa de estériles mineros, así como la creación de un corredor verde que ahora atraviesa el río Guadiamar. Boliden considera que muchos de los trabajos realizados exceden la reparación del daño y que, aunque la justicia lo considerara responsable civil, nunca debería aportar esos gastos incluidos en la factura de 89 millones. Los abogados de Boliden y sus filiales Boliden AB y Boliden BV, del bufete Uría y Menéndez, han dicho que el impacto económico directo del desastre sobre la firma sueca fue de 115 millones, y que su filial española gastó 80 millones para la retirada de lodos, una cantidad que no cubrieron los seguros, antes de clausurar la mina en 2001.

La abogada de la Junta ha esgrimido que la multinacional debe responder por la contaminación que provocó su filial española gracias a la doctrina del levantamiento del velo. Esta tesis jurídica defiende que ante las deudas de las sociedades, es necesario apelar a socios o personas que las dirigen para sortear los entramados empresariales por abusos de la “personalidad jurídica” en daño ajeno. “Boliden Apirsa, AB y BV no son un grupo societario, sino que conforman una única titular de la actividad minera de Aznalcóllar”, alegó la letrada de la Junta. La cuestión será resuelta en sentencia, ha aclarado el juez este jueves.

En paralelo a este pleito civil, el Ministerio para la Transición Ecológica ganó en el Tribunal Supremo su reclamación económica ante Boliden por los 43 millones que se gastó en la limpieza, pero la empresa eludió el pago porque se declaró en bancarrota y ahora está pendiente de lo que resuelva el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, que instruye su concurso de acreedores, paralizado a la espera del proceso civil. Es decir, hasta hoy la multinacional sueca ha eludido pagar a las Administraciones central y autonómica por la factura conjunta de 133 millones.

Vista aérea de la rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998.
Vista aérea de la rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998.

El caso ha sido un galimatías judicial porque en vía penal la justicia fue incapaz de señalar culpables después de absolver a 21 técnicos imputados; más tarde se inició la vía civil, que llegó hasta el Tribunal Supremo y en 2013 (15 años después del accidente) retornó a la casilla de salida al decidir su Sala de Conflictos de Competencia que el asunto no era contencioso-administrativo sino civil y, por tanto, debía regresar al mismo Juzgado de Primera Instancia 11 donde se inició. En 2016, la Junta comenzó a negociar en secreto durante seis años con Boliden, hasta que hace un año decidió romper las conversaciones infructuosas ante la pírrica oferta económica ofrecida por la compañía minera.

El gigante sueco, con 1.078 millones de beneficio operativo y 6.000 empleados el año pasado, ha respondido este jueves que está “dando los pasos para alcanzar una decisión en las cuestiones económicas pendientes”. “Estamos satisfechos con que la limpieza fuera exitosa y con los tiempos establecidos por el juzgado. Somos optimistas sobre este dilatado proceso que está cerca de acabar”, ha opinado su director de comunicación, Klas Nilsson, en una respuesta por escrito.

Ecologistas en Acción ha criticado que la multinacional conoció los fallos estructurales que presentaba la balsa años antes del desastre, que fueron incluso denunciados en Canal Sur por un ingeniero de la minera. “Boliden lleva haciéndose el sueco casi 25 años y siempre tuvo conocimiento cabal del riesgo de rotura de la balsa, pues conocía sus defectos estructurales. Pese a ello, no hizo absolutamente andad al menos los cinco años previos al desastre”, ha censurado Isidoro Albarreal, del área de minería de la organización ecologista.

El laberinto judicial de 25 años, cuya luz se vislumbra desde este jueves, acabará previsiblemente en el Tribunal Supremo dentro de un lustro después de la sentencia que dictará dentro de un año el Juzgado de Primera Instancia 11 de la capital andaluza y el ulterior fallo de la Audiencia de Sevilla. En caso de que la Junta perdiera su pleito ante el Supremo, aún le quedará la carta de acudir a la justicia sueca para reclamar el pago, dado que para el país escandinavo los dueños de una mina ante un desastre medioambiental son responsables para siempre, según admitió Anders Sand, coordinador del área de investigación y desarrollo de Boliden.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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