Un macrofestival de música enfrenta a ecologistas y autoridades

Cabo de Plata, que convocará a 30.000 personas, preocupa por la cercanía al Parque Natural de La Breña y la playa de la Yerbabuena

Acantilado en el parque natural de Barbate (Cádiz).
Acantilado en el parque natural de Barbate (Cádiz). PEDRO RETAMAR

“Lo único que queremos es que se hable de Barbate en positivo”. Harto de que su pueblo ocupe titulares por poseer más de un 40% de paro (de las tasas más altas de España) o por el trapicheo de droga, el alcalde Miguel Molina quiere que ahora se hable de música. Concretamente, del festival Cabo de Plata 2016, un encuentro que del 1 al 3 de julio traerá hasta la localidad unos 30.000 asistentes ávidos de reggae, hip-hop, rock, mestizaje, fusión y flamenco. Sin embargo, Barbate parece que esta vez tampoco se escapará de la polémica, ante la alarma y la preocupación que el macrofestival ha provocado entre ecologistas y algunos de vecinos, por su cercanía al Parque Natural de La Breña y la playa de la Yerbabuena.

“Estamos muy preocupados por las nefastas consecuencias que puede tener este festival”, reconocía ayer Lola Illescas, responsable de Ecologistas en Acción en la provincia de Cádiz, que además denunció que el evento “no tiene permisos”. Su pesimismo se centra en la zona que acoge los tres escenarios y parte de las áreas de acampada, ubicadas en terreno municipal y fincas privadas colindantes a La Breña, cercanas al puerto pesquero y donde suele celebrarse la feria. Al ser una espacio de pinares y aunque no tiene protección ambiental, la Junta de Andalucía dice que la acampada prevista "no es legal”. Se debe a que la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales prohíbe en esta época acampar en zonas de campo, salvo que se tenga un permiso como acampada turística, "lo que no ocurre en este caso”, según ya explicó el Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Además, según avanzó en días pasados Diario de Cádiz, Cristóbal Lora Ríos, copropietario de cuatro fincas que se destinarán a zona de acampada ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil en la que manifiesta que "ni autoriza, ni permite, ni consiente" la celebración en sus terrenos. No es la única consecuencia judicial, Illescas confirmó que Ecologistas en Acción va a pedir a la Fiscalía la suspensión del evento alegando que “las personas que pretende reunir la promotora ocasionarán un inevitable deterioro físico a las áreas más cercanas del parque, además del evidente peligro de incendio”.

También el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha avanzado que van a informar a la Fiscalía que el festival no cuenta con autorización de la Junta para la zona de acampada. Se pretende así que sea “la Fiscalía y la Guardia Civil la que diga si hay que tomar medidas especiales”. En cualquier caso, el subdelegado ha dejado claro que no pueden “impedir y detener a 30.000 personas, que vienen ya direccionadas y han comprado su entrada, para que no entren en un lugar que no se encuentra habilitado”.

Así las cosas, “la Guardia Civil atenderá en la medida de lo posible una situación que se antoja complicada desde el punto de vista de la seguridad", ha apuntado De Torre. De hecho, el subdelegado no ha ocultado que le "preocupa" que se produzca un altercado de orden público. Además, ha lanzado un mensaje claro al alcalde de Barbate y los organizadores: “Tendrán que saber dónde se están metiendo y las responsabilidades a las que se pueden enfrentar”.

Salvo que un juez se pronuncie de urgencia, el Ayuntamiento tiene la última palabra. Ayer, el regidor defendía la legalidad del evento y justificaba el retraso de los permisos en el cambio de última hora en la ubicación del festival, al principio previsto en Tarifa. “La organización ya ha entregado el 99% de la documentación técnica, ahora vamos a preparar los informes jurídicos y si mañana (por hoy) está todo correcto se les dará la licencia”, explicaba el alcalde. Esta mañana, Toño Sánchez, director del festival ha confirmado que la licencia municipal ya estaba lista y garantizaba la viabilidad y seguridad del festival.

Toda la cultura que va contigo te espera aquí.
Suscríbete

¿Todo controlado?

“La zona no está protegida, de hecho, corresponde a una futura unidad de ejecución en la que el Plan General del municipio establece edificaciones”, apuntó Molina. Por su parte, Sánchez ha defendido que “se cumple la legalidad” en unas acampadas que comienzan mañana. “El aforo técnico contempla 37.000 personas, con lo cual la seguridad está garantizada. Se ha desbrozado la zona, se ha vallado el parque natural y se ha realizado un cortafuegos”, ha explicado. Además, ha puntualizado que los planes prevén contar con 200 efectivos de seguridad privada y con la presencia de unidades sanitarias.

El alcalde defendió la capacidad operativa de la localidad para acoger a 30.000 visitantes (más que los habitantes del pueblo, de 22.800 habitantes) y unos 10.000 vehículos que podrán estacionarse en siete aparcamientos habilitados. “No vienen vikingos, solo es gente joven con ganas de diversión”, apuntó. Además, defendió el importante revulsivo económico para un pueblo deprimido: “Se van a crear 330 puestos de trabajo directo para estos días, la organización ha pagado tasas y ha donado a la ciudad 100 contenedores”. De hecho, el director del festival valoró en 10 millones de euros impacto en la zona entre alojamientos, hostelería y transportes.

El cartel del festival traerá hasta Barbate a 100 artistas que garantizarán tres días de música en una zona de 60.000 metros cuadrados con tres escenarios (más los 200.000 metros cuadrados de zonas de descanso). Chambao, Rozalén, El Canijo de Jerez, Tomasito, Dúo Kie o Tote King son algunos de los artistas confirmados en un festival que “ha encontrado una gran acogida, nunca se habían vendido este número de entradas en una primera edición”, reconoce Sánchez. El concejal de Cultura, Sergio Román espera que el éxito les haga repetir en futuras ediciones “siempre que la mano negra que parece que tiene Barbate, no lo impida”.

Sobre la firma

Jesús A. Cañas

Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS