La pesadilla de Orwell emerge en Latinoamérica: cuando el poder político acorrala a la literatura

La reciente orden de detención contra Sergio Ramírez en Nicaragua y la exclusión burocrática de autores críticos en Colombia o Perú ponen en evidencia que la amenaza contra la libertad intelectual persiste de forma visible en dictaduras y más sutilmente en democracias

Sergio Ramírez y Pilar Quintana.
Sergio Ramírez y Pilar Quintana.

En un ensayo que George Orwell escribió en 1946 sobre la libertad intelectual, el autor de 1984 y Rebelión en la granja comenzaba hablando de dos tipos de amenazas para los novelistas de su época. Les amenazaban, obviamente, aquellos que defendían un sistema totalitario ―en la Unión Soviética o la Alemania nazi― y que exigían copiar el discurso oficial hasta en las ficciones. Pero además, dice Orwell, los novelistas se enfrentaban a otros enemigos mucho más “prácticos”: el monopolio y la burocracia. Un escritor que en una democracia depende de la voluntad de un funcionario o de un pequeño grupo de empresarios se enfrenta a un peligro muy distinto al de un poeta censurado por Stalin, pero no por eso un peligro insignificante. “Todo en nuestra época conspira para convertir al escritor, y también a cualquier otro tipo de artista, en un funcionario menor que trabaja en temas que le piden desde arriba”, escribió Orwell.

Más de medio siglo después, hechos recientes en América Latina dan pistas de que los novelistas siguen enfrentados a nuevas versiones de esas mismas dos amenazas, tanto en democracias como en regímenes como el de Cuba o el de Venezuela. El caso más notorio del último mes se ha dado en Nicaragua, donde la pelea de la dictadura de Daniel Ortega contra cualquier escritor independiente ha vuelto a los titulares. Más sutiles son los recientes y menos dramáticos son los enfrentamientos de novelistas contra Gobiernos elegidos democráticamente en Perú, Colombia, o México. Una batalla mucho más confusa, pero no menor.

Del caso Padilla al caso Ramírez

En la dictadura de Daniel Ortega ya no se intenta disimular el antagonismo contra quienes escriben críticamente. Además de las graves denuncias de torturas contra opositores políticos, el Gobierno intervino hace unas semanas la redacción del diario La Prensa (el más grande y longevo del país), detuvo a su gerente general y congeló las cuentas bancarias del periódico. Pero lo que le molestó más recientemente fue un libro de ficción, la novela titulada Tongolele no sabía bailar, del escritor Sergio Ramírez. Antes de que pudiera llegar a los lectores, los ejemplares fueron retenidos en las aduanas del país y el Gobierno acusó al autor de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.

Ramírez, premio Cervantes del 2017, se encuentra ahora en el exilio y dice que la persecución en su contra es por su novela política. “Me provoca escribir una serie de crónicas sobre la represión porque, cuando alguien lee en un informe de una comisión de derechos humanos que hay 427 muertos, es una estadística, nadie lee un informe”, dijo recientemente Ramírez a EL PAÍS sobre su libro, inspirado en las protestas de 2018 contra Ortega.

Una novela siempre tiene el potencial de ir más allá de las cifras y de mirar no solo los hechos violentos, sino también las emociones que atravesaron a sus protagonistas. Los “sentimientos subjetivos”, decía Orwell, para el novelista también “son hechos” que registrar, y hechos que los gobiernos autoritarios buscan silenciar.

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El caso de Ramírez resonó con el famoso caso Padilla en Cuba a principios de los años setenta, cuando el Gobierno de Fidel Castro denunció al escritor cubano Heberto Padilla de subversión y este fue encarcelado, después exiliado. Padilla, al igual que Ramírez, había sido inicialmente cercano a la revolución (el nicaragüense fue vicepresidente de Ortega en los ochenta), pero en el momento que los autores fueron críticos con el poder (en el caso de Padilla, por sus poemarios Fuera del juego y Provocaciones) tuvieron que salir del país.

La enorme diferencia entre un caso y otro tiene que ver con la reacción del mundo literario. El de Padilla dividió a aquellos que denunciaron tajante y públicamente las arbitrariedades de Fidel Castro desde entonces (que podemos llamar el bando Mario Vargas Llosa) y los que se mantuvieron cercanos al Gobierno de Cuba durante años, a pesar de la censura (el bando Gabriel García Márquez). En el caso de Sergio Ramírez, en cambio, ni un solo novelista en América Latina ha exculpado las arbitrariedades de Daniel Ortega. No hay allí una revolución por defender.

La silenciosa amenaza de las burocracias democráticas

En democracia, la libertad de expresión debe estar garantizada, o el derecho a disentir, pero en ellas se pueden ocultar aquellos enemigos que Orwell llamaba los “más prácticos”. La amenaza de un burócrata se puede producir tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, pero en muy raras ocasiones es visible.

Una de esas raras ocasiones ocurrió el mes pasado cuando el embajador de Colombia en España dijo abiertamente que en la lista oficial de novelistas que representarían a su país en la Feria de Libro de Madrid se habían incluido sólo a escritores “neutrales”. Autores críticos con el Gobierno ―como Fernando Vallejo, Piedad Bonnett o William Ospina― no estaban en la lista. Firmas muy exitosas como Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara este año por Los Abismos, tampoco fueron invitadas. El diplomático dijo que no quería que “una feria literaria se convirtiera en una feria política”, pero sí garantizó la presencia del político más importante del país: el presidente Iván Duque, que viajó a España a presentar su último libro. En protesta por sus declaraciones, varios novelistas invitados retiraron su participación en la delegación oficial. El embajador se retractó y el presidente nunca llegó a visitar la Feria del Libro de Madrid, pero el daño estaba hecho.

“Las declaraciones del embajador son de una torpeza incomprensible, pero además son un comentario muy preciso sobre la profunda antipatía que siente esta Administración frente a la crítica y el disenso”, dijo a El PAÍS el novelista Juan Gabriel Vásquez, que había declinado la invitación oficial antes de conocer las declaraciones. La rechazó, dice, “pensando que este Gobierno iba a tratar de usar un encuentro cultural para lavarse la cara después de un año atroz, y no quería ser usado para eso”.

La exigencia de neutralidad a los elegidos podía referirse, por ejemplo, al hecho de que no hablaran en sus obras de los ciudadanos asesinados por la policía durante las manifestaciones a mitad de año. “Exigirle a un escritor, aunque sea veladamente, que no se meta en política es un acto de censura”, escribió entonces la periodista María Jimena Duzán.

Las listas oficiales, en todo caso, casi siempre son decididas por burócratas y casi nunca se forman en un proceso abierto de debate. En una conversación con la directora de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz, explica que pueden sugerir informalmente que se incluya uno u otro nombre que quisiera ver del país invitado, pero la relación definitiva queda completamente en manos de los gobiernos.

Luego está el poder silencioso de la burocracia, ese que es tan opaco que le generaba migraña a Kafka por su sinsentido. Dos semanas después de lo ocurrido en Colombia, la misma polémica se mudó a Perú, cuando el equipo del nuevo presidente Pedro Castillo decidió excluir a siete escritores que habían sido seleccionados por el Gobierno anterior para representar a Perú en la FIL de Guadalajara. Y lo hizo sin un criterio claro.

“Me escribió por WhatsApp un funcionario del Ministerio de Cultura para darme la mala noticia de que se habían desestimado algunas invitaciones por tener que cumplir con dos criterios”, cuenta Renato Cisneros, escritor peruano y uno de los excluidos. Los dos criterios eran sacar a algunos escritores capitalinos para incluir a otros de regiones y, el segundo, que no fueran a la FIL firmas que ya hubieran ido a otras ferias. “Pero si uno revisa la lista final, ese principio no se cumple necesariamente”, cuenta Cisneros. Por ejemplo, Karina Pacheco y Cronwell Jara, dos de los excluidos, son de los municipios Cusco y Piura, y en la nueva selección hay nombres que han ido a otras ferias.

“Toda lista siempre tiene algo de antojadizo, y de polémica”, reconoce Cisneros. “Lo ideal sería que una delegación oficial combine a autores consagrados o visibles internacionalmente con autores jóvenes: que unos sean el ancla de los otros, que abran la puerta para que más puedan pasar. Pero acá creo que se ha utilizado un criterio más bien caprichoso”.

Si existiera un criterio oculto y el Gobierno quisiera, por ejemplo, excluir a escritoras feministas ―de las excluidas, Katya Adaui, Karina Pacheco y Gabriela Wiener son voces reconocidas en ese sentido―, quizás no habría dejado fuera a los autores antes mencionados. O si quisiera sacar a los opositores a su Gobierno, no habría excluido a Wiener, que ha expresado públicamente su apoyo. Pero ningún criterio encaja muy bien, ni el de exclusión ni el de inclusión. Uno de los nuevos incluidos, por ejemplo, no es un autor sino un político poco conocido llamado Rubén Darío Apaza, excandidato al Parlamento andino por el partido Perú Libre.

“No creo que sepan por qué ponen o quitan, sino que dan la impresión de estar haciendo algo, sin tener la menor idea de qué, y nos usan como conejillos de indias de sus experimentos sin ningún respeto por nuestro trabajo”, dice el autor Santiago Roncagliolo, quien renunció a la lista con otra decena de escritores como protesta por los cambios abruptos introducidos por el nuevo Gobierno. Roncagliolo, sin embargo, reconoce que estas arbitrariedades no ocurren solo en Perú. “Yo he visto muchas veces a países llevar delegaciones de gente que no está publicada en el país donde se celebra la feria, porque no se trata muchas veces de promover la cultura nacional sino de repartir un viaje a los amigos, sobre todo cuando hay favores políticos de por medio”, cuenta.

Santiago Roncagliolo, escritor y dramaturgo, en la Costa Brava (Girona) en 2020. Foto de Toni Ferragut.
Santiago Roncagliolo, escritor y dramaturgo, en la Costa Brava (Girona) en 2020. Foto de Toni Ferragut. Toni Ferragut

“La crítica se ha centrado en el ministro de Cultura, pero yo creo que es una responsabilidad del Estado: hay una narrativa que el Gobierno está intentando imponer, que es la de Lima frente a las otras regiones”, dice Cisneros. Los autores, independientemente de sus obras, deben cuajar en un discurso oficial.

Aunque distinto a una feria, algo parecido ocurrió en México cuando la escritora Brenda Lozano fue nombrada agregada cultural en España, pero cuyo nombramiento fue criticado por el presidente cuando se supo que ella había escrito comentarios críticos a su Gobierno en temas de género. ¿Debe un representante cultural ser un militante del Gobierno de turno? “Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo se nos va a representar?”, dijo el presidente López Obrador, que luego prometió poner en lugar de Lozano a una poeta indígena. “La polémica suscitada me dejó sola en medio de una guerra política y luchas de poder que, en el fondo, poco tienen que ver conmigo”, respondió Lozano en una columna publicada en El PAÍS.

Los novelistas no son neutrales: toman posiciones, debaten, se ubican políticamente tanto en sus ficciones como fuera de ellas. Pero en democracias polarizadas, o en el espacio de los burócratas, como decía Orwell, “todo en nuestra época conspira para convertir al escritor, y también a cualquier otro tipo de artista, en un funcionario menor”. Muchos, sin embargo, no están dispuestos a aceptar el aburrido cargo.


Sobre la firma

Camila Osorio

Corresponsal de cultura en EL PAÍS América. Ha trabajado en los diarios La Silla Vacía (Bogotá) y la revista The New Yorker (Nueva York), y ha sido freelancer en Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos. Es colombiana y vive en Ciudad de México.

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