La agencia antidopaje lamenta la escasa colaboración de la justicia

La jueza de la operación Ílex, que implica supuestamente a Vicente Belda hijo y a Superman López, niega las pruebas que permitiría sancionarlos

José Luis Terreros, durante su intervención.
José Luis Terreros, durante su intervención.Óscar J.Barroso/AFP7 (Europa Press)

La nueva ley antidopaje cumplirá un año el próximo 28 de diciembre, pero a juicio del director de la agencia española antidopaje (CELAD), José Luis Terreros, a muchos jueces aún les cuesta trabajo entenderla. Se refería públicamente Terrados, lo hacía en los Desayunos Informativos de Europa Press, a la decisión de la jueza de Cáceres Aida de la Cruz, de negarle a la agencia las pruebas que permitirían expedientar por presunto dopaje al masajista del Astana Vicente Belda, al ciclista Miguel Ángel López y a otros deportistas implicados en la Operación Ílex.

Hace 16 años, cuando aún no había ley antidopaje en España, el juez de la Operación Puerto también negó las pruebas a las autoridades deportivas. Ninguno de los ciclistas implicados fue sancionado en España.

“Yo conozco todo lo que ha pasado porque hemos colaborado en la investigación de la Guardia Civil, pero el comportamiento de la jueza ha sido muy extraño”, dijo Terrados de una investigación que concluyó con la desarticulación de un presunto grupo criminal de tráfico de medicamentos comandado por el médico y profesor extremeño Marcos Maynar. “La jueza, primero nos admitió que nos personáramos como parte interesada, pero al poco tiempo nos denegó la personación, y después no permitió a la Guardia Civil que nos pasara pruebas y evidencias que pudiéramos utilizar para abrir el expediente sancionador”.

La capacidad sancionadora del caso, y de cualquier positivo o caso de dopaje español, recaerá desde ahora en un nuevo comité sancionador de siete personas independiente de la CELAD que, presidido por Rafael Caballero, catedrático de Derecho Administrativo en la Complutense, fue presentado también por Terreros. “Le recordaría a la jueza el artículo 31 de la ley antidopaje, que en su apartado sexto indica que si la autoridad judicial que dirige una investigación penal se encuentra en algún momento con pruebas que pudieran dar lugar a un expediente administrativo puede pasárselas a la autoridad correspondiente”, añadió el director de la agencia. “Pero ella nos respondió que ya no los pasará si sobresee las actuaciones”.

Estas, por otro lado, siguen abiertas.

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Sobre la firma

Carlos Arribas

Periodista de EL PAÍS desde 1990. Cubre regularmente los Juegos Olímpicos, las principales competiciones de ciclismo y atletismo y las noticias de dopaje.

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