La 'patata caliente' que engorda a Rumasa

Fidecaya, nacida en 1952, se convirtió en una verdadera patata caliente, para sus dueños y la propia Administración pública, desde el momento en que la crisis inmobiliaria empezó a frustrar o dificultar las posibilidades de especulación. Eso lo suscriben hoy a media voz quienes se han asomado a sus tripas. El diagnóstico técnico es que, como Sofico y otros nombres de triste recuerdo, basaba su actividad en captar dinero a alto coste, sólo soportable cuando el mercado al que se dirige ofrece movilidad y plusvalías.Si se tiene en cuenta también que los privilegios de un status peculiar de entidad de ahorro particular tenían como contrapartida fuertes controles administrativos, y que la caída del negocio fue afrontada con menos profesionalidad que interés en salir del problema con rápidos beneficios, se explica fácilmente que todos los últimos responsables trataran de no quemarse y pasar el problema a otros. Tras ocho años en manos del grupo fundacional, Fidecaya estuvo otros ocho bajo la tutela de Julio Muñoz Ramonet, hoy asíduo de los tribunales. En 1968, tres años después de una intervención de la Dirección General de Seguros que duraría hasta julio de 1971, llega por primera vez Miguel Soriano Carrasco, quien lo dejó unos años (hubo inspecciones en 1974 y 1977), y volvió en 1978, con la idea de hacer un gran grupo financiero-inmobiliario junto a Promobanc.

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El 10% de los ahorros de Fidecaya no han sido devueltos al cumplir el plazo fijado por el Gobierno

Los requerimientos oficiales de recomposición patrimonial, así como la actitud de salvar Promobanc al margen de la suerte de Fidecaya, desaconsejaron a Soriano seguir con su proyecto. En este contexto, Hacienda conoció informes preocupantes y hasta propuestas de liquidación, y trató de aprovechar un proyecto de ley para pasar a Economía el regalo envenenado de Fidecaya. Antes, Soriano presentó al comprador Alfaro, quien en principio parecía convencido en obtener ayudas oficiales como complemento a los 5.309 millones de déficit patrimonial consolidado por el consejo de administración oficioso a finales de 19,80.

El final es más conocido. El grupo holandés que financia otros negocios de Alfaro anunció un embargo contra éste, lo que deterioró todavía más la liquidez. En tres meses, estaba en marcha la liquidación y la garantía de ahorros. Como no fructificaron soluciones globales, se empezó a encargar devoluciones a las cajas y, luego, enseguida, a Rumasa.

Este holding -otros antes no quisieron -recibió una liqui

dez que le habrá del parado varios cientos de millones. También una ganancia de imagen para su docena y media de bancos, que parece hari reciclado en apertura de cuentas al menos un 80% del dinero. Ya ha podido abrir veinticinco oficinas nuevas y proyecta otras 40.

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Además, el valor de los 6.000 millones de patrimoilio que recibirá está calculado como si tuviera que realizarse ahora; y es susceptible de mejores ocasiones o de economías de escala. Tiene al menos veinte años para pagar al Estado.

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