La Administración teme un conflicto comercial con Argelia, como consecuencia del bloqueo en las negociaciones del gas

La Empresa Nacional del Gas (Enagas) ha adoptado hace un mes medidas de precaución ante una aparente amenaza velada del Gobierno de Argel de suspender las entregas de gas natural a España, como consecuencia del punto muerto al que se ha llegado en las negociaciones para redactar un nuevo contrato de suministro de gas argelino. Medios oficiales temen que el bloqueo en las conversaciones, que ha hecho que el Gobierno de Argel adopte medidas de presión y supuesta represalia contra empresas españolas que operan en dicho país, degenere en una guerra comercial entre los dos países, con una posible solicitud de arbitraje de la disputa ante los tribunales internacionales de justicia.

Las medidas de contingencia decididas en Enagas desde primeros de diciembre incluyen la modificación de los centros de transformación del gas licuado que se importa de Argelia, mediante barcos butaneros, en el puerto de Barcelona, por otros sistemas capaces de obtener el mismo producto final de otros tipos de gas natural o derivados del petróleo, como son los procedentes de Libia y de algunos países del Golfo Pérsico. El objetivo de las medidas de contingencia es asegurar el suministro continuo de gas a los llamados clientes permanentes, que no pueden sustituir el consumo de gas por otra fuente de energía y que se concentran básicamente en la ciudad de Barcelona y otras poblaciones e industrias catalanas.

El enfrentamiento, inevitable

En medios energéticos españoles se concede un alto porcentaje de probabilidades a que el bloqueo en las negociaciones con Argelia discurra por un camino de claro enfrentamiento. De hecho, éste existe desde el pasado octubre, cuando los argelinos rechazaron verbalmente la última propuesta española por considerarla insuficiente y adoptaron de forma unilateral diversas medidas de presión sobre España, tales como el retraso en la aprobación de licencias de importación e inversiones de empresas españolas que operan en el país norteafricano.La propuesta, expuesta por el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, al Consejo de Ministros celebrado a mediados de noviembre, hacía fuertes concesiones al Gobierno de Argel y, según impresiones de fuentes fidedignas, no recibió la aprobación de todo el Gabinete español, precisamente porque suponía el pago de casi 60 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas) a los argelinos en concepto de compensación por daños y perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento por España del contrato de gas que rige las entregas de gas desde 1975.

Para fuentes de los departamentos económicos y comerciales españoles la propuesta significaba la aceptación de los puntos de vista argelinos en cuanto al principio de que España incumplió el contrato de 1975, sin tener en cuenta que existieron razones de causa mayor para ello. Asimismo, aceptaba el denominado precio francés, que ha probado ser no competitivo en otros países europeos y que ha forzado a los Gobiernos respectivos a subvencionar fuertemente los consumos de gas natural frente a otras fuentes energéticas. En esas mismas esferas se critica indirectamente al Ministerio de Industria y Energía por haber monopolizado las negociaciones con Argelia sin caer en la cuenta de la enorme complejidad de las relaciones hispano-argelinas, sometidas a múltiples factores políticos, económicos y financieros (Argelia es el país africano donde mayor riesgo financiero tiene acumulado España).

Los aspectos comerciales

El problema fundamental del contrato hispano-argelino de gas de 1975 es que no sólo regula las compras de gas que realiza anualmente Enagas de la compañía nacional argelina Sonatrach, sino que asimismo incluye una serie de aspectos financieros y comerciales -como son compras industriales argelinas en España y concesión de créditos españoles a bajo interés a Argelia para el desarrollo de su industria gasística que suponen de hecho una carga importante para el Tesoro español dentro del contexto de las relaciones económicas entre los dos países. Para fuentes administrativas españolas, el, contrato, aunque firmado por los presidentes de las dos empresas estatales de gas, era un auténtico tratado comercial, ya que incluso fue ratificado por los dos Gobiernos, y en el caso de España por el INI, accionista propietario de Enagas en aquellas fechas.De materializarse la suspensión de las entregas de gas, las fuentes consultadas opinan que la medida supondría una denuncia definitiva del contrato y forzaría, tanto a Argel como a Madrid, a buscar el arbitraje en los tribunales internacionales. Si el conflicto se limitase de forma exclusiva a las compañías de gas, sería entonces competencia del Tribunal Internacional de París. Por el contrario, si se considerase que el problema afecta a competencias propias de los Estados, habría, que elevar el caso al Tribunal. Internacional de La Haya, según algunas interpretaciones. Fuentes oficiales del Ministerio de Industria no han querido opinar directamente sobre la eventualidad de que el actual punto muerto existente en las negociaciones pueda degenerar en un conflicto abierto. En declaraciones anteriores, las fuentes señalaban que la propuesta española, expuesta a los argelinos a primeros de octubre, era generosa y aceptaba, en gran medida, las posiciones de partida de los argelinos. Por su parte, fuentes argelinas han reiterado que nunca han considerado como definitiva y final esta propuesta, y en este sentido han precisado oficiosamente que siguen a la espera de "nuevas ideas" españolas. Aquí los argelinos aducen una supuesta comunicación verbal del embajador español en Argel, que les mencionó a mediados de noviembre que la propuesta española no era ya válida.

Pagar por lo no consumido

El punto central que divide a las dos delegaciones es la cláusula de take or pay, que obliga a la parte española a pagar por la totalidad de las cantidades de gas contratadas, incluidas las que no se retiran. El problema es que desde 1981 España retira y paga tan sólo un tercio de las 45.000 millones de termias contratadas, con la salvedad de que ya avisó en su día a los argelinos de la imposibilidad de realizar más compras, ante la caída de la demanda de gas experimentada en España. Argelia, además, exige una equiparación del precio de la termia de gas incluido en el contrato de 1975 con el que pagan otros países clientes, como son Bélgica, Francia e Italia. El precio que éstos abonan, conocido en medios energéticos internacionales como el precio francés, es significativamente más elevado que el acordado en el contrato hispanoargelino. La última propuesta española aceptaba el principio del nuevo precio, pero a cambio exigía una moratoria de cuatro años en el cumplimiento de las obligaciones en el capítulo de la retirada de los 45.000 millones de termias, limitándolos a sólo 15.000 millones. La delegación española argumentaba que con esa moratoria Enagas podría culminar sus inversiones en la red de gasoductos y potenciar así el consumo de gas en España.El rechazo implícito de esta oferta española por parte de Argelia está provocando, por otro lado, un estrangulamiento de las inversiones en Enagas, que, ante la incertidumbre que plantea la dependencia exclusiva de Argelia para los suministros de gas, ha suspendido todo tipo de inversión en nuevos trazados de la red de gasoductos, como no sean los dedicados a la potenciación de la red secundaria comercial de la red primaria ya construida. Asimismo, la incertidumbre del factor argelino ha limitado al mínimo las previsiones sobre consumos de gas natural contenidas en el Plan Energético Nacional, donde sólo se contempla un 4,6% de consumo de gas, dentro de la estructura de la energía primaria, para finales de esta década.

Este porcentaje, que ni siquiera llega a la mitad de la media europea, condena el desarrollo del gas natural en España a la actual red de gasoductos y pone en duda el que algún día pueda llegar a los centros importantes del consumo, como es, fundamentalmente, Madrid.

De hecho, las inversiones para este proyecto están congeladas y el Ministerio de Industria y Energía ha dado órdenes para archivar el proyecto, en espera de la conclusión de las negociaciones con Argelia.

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