La 'revuelta del pan'

De la cólera a la alegría popular

A sus casi 82 años, Burguiba sigue siendo el árbitro de la situación, aunque los problemas sólo han sido postergados

ENVIADO ESPECIALEl pasado viernes por la mañana, cuando los disturbios que se habían producido en todo el país habían causado ya cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, y cuya represión se saldó con más de medio centenar de vidas y necesitó la declaración del estado de excepción e implantación del toque de queda en todo el territorio nacional, el presidente Habib Burguiba decidió unilateralmente revocar la decisión de su Gobierno y le emplazó para que en los próximos tres meses elabore un nuevo Presupuesto y una nueva>ley de Finanzas que tenga en cuenta la situación de los económicamente débiles, al tiempo que evite alzas desmesuradas de precios, incluido el del pan, cuya necesidad de ser aumentado el presidente Burguiba en realidad no cuestionó.

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Inmediatamente, la explosión de cólera popular de los últimos días se transformó en explosión de júbilo y cientos de miles de personas recorrieron las calles de la capital y de las otras ciudades del país gritando vivas al combatiente supremo, Burguiba, mientras abucheaba al primer ministro, Mohamed Mzali, e incluso, en algunos momentos, solicitaba su dimisión.

La vida política tunecina recobró así el viernes el carácter multitudinario y de relación directa entre la calle y el presidente que ha sido típico en Tunicia en tantos momentos cruciales de estos 27 años de independencia transcurridos desde 1956.

A sus casi 82 años de edad, y después de 27 años de ejercicio absoluto y carismático del poder, el combatiente supremo demostró a la nación y al mundo entero que sigue siendo el árbitro de la situación en Tunicia. Para Mzali, el hombre que ya es su heredero político oficial y que quiere convertirse en la continuación democratizante y liberalizante del burguibismo cuando irremediablemente se produzca la desaparición física del líder, el viernes 6 de enero de 1984 debe ser objeto de profunda meditación y quizás de reflexión sobre el vacío que hacen y dejan a su alrededor poderes tan absolutos como el ejercido durante esos 27 años sobre el Estado por el presidente y durante 50 años por el Partido Socialista Neo Destur.

En cualquier caso, el primer ministro, criticado el viernes en las calles, salió reforzado de la crisis ante los ojos de Burguiba, y fue el ministro del Interior, Dris Guiga, quien resultó destituido.

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Los problemas permanecen

A pesar de este final feliz, del retorno a la normalidad en todo el país, y particularmente en la capital, que es de cara al mundo exterior la vitrina de Tunicia que tanto cuenta con el turismo, los motivos que engendraron la crisis actual no han sido todavía eliminados, sino simplemente postergados. Los aumentos del precio de los cereales, pan, harina y sémola constituyen la pieza clave de la política económica del Gobierno de Mohamed Mzali, y como tal había sido calificada esa decisión de eliminar las subvenciones.

La revocación de las medidas por el presidente Burguiba no implican la anulación de esa estrategia del Gobierno, sino solamente una indicación al Gobierno para reducir la cuantía del alza del precio de los cereales, compensándola con aumentos para otros productos de consumo menos esencial y a proclamar las subidas después de que se hayan acordado nuevos aumentos de salarios con la central sindical UGTT. O lo que es lo mismo, invitando al Gobierno a tomar esas medidas necesarias para el restablecimiento de la economía en un contexto que las haga menos rechazables.

Lo cierto es que el déficit de la Caja de Compensación tunecina se elevó en 1983 a 34 millones de dinares (7.480 millones de pesetas), y en el ejercicio 1983-1984 fueron importadas un millón de toneladas de trigo, contra 695.000 toneladas importadas en 1982.

Esta circunstancia se une a un estancamiento del turismo, una de las principales fuentes de ingresos en divisas, que descendió en un 80% en 1983. Algo parecido ocurrió con las exportaciones de fosfato bruto, fertilizantes y petróleo.

Los problemas que plantea al Gobierno el actual precio subvencionado del pan residen en que éste no ha sido aumentado desde 1970, aunque desde esa fecha, según mantiene el Gobierno, los salarios han sido aumentados una docena de veces. En el presente, el kilogramo de pan cuesta en Tunicia 80 milésimas de dinar (unas 16 pesetas), y adquirir ese kilogramo le cuesta al trabajador tunecino una hora de trabajo, mientras que el mismo kilogramo cuesta cuatro horas a un obrero marroquí.

Una cuestión importante que ha quedado en el aire después de la decisión del presidente Burguiba es la de saber cómo piensa Tunicia resolver sus problemas financieros con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que al fin y al cabo son los que recomendaron, de una manera un tanto perentoria, las medidas económicas que se proponía o se propone tomar el Gobierno Mzali, entre ellas la eliminación de la Caja de Compensación. El déficit de la balanza de pagos tunecina se situó en 1983 en 480 millones de dinares (105.600 millones de pesetas), lo cual representa un 8,7% del PNB, que fue financiado con nuevos empréstitos contraídos en el extranjero. La deuda exterior, a su vez, se eleva a 2.475 millones de dinares (544.500 millones de pesetas), que equivalen al 45%. del PNB.

Austeridad en el horizonte

Ello no impide que Tunicia siga siendo uno de los países de mayor crédito de África. Mientras tanto, la gestión económica de Mohamed Mzali ha empezado a dar sus frutos en 1983.

Su Gobierno logró crear 43.000 nuevos empleos de los 50.000 previstos, que constituyen aproximadamente el 60%. de la demanda anual de nuevos empleos, y el paro, según estimaciones no oficiales, se sitúa en el presente en 300.000 trabajadores.

El salario mínimo del obrero tunecino se eleva actualmente a 95 dinares (21.000 pesetas), lo cual le sitúa algo por encima del percibido por el obrero argelino y en casi el doble del de un obrero marroquí.

Mohamed Mzali tiene ahora tres meses para elaborar un nuevo Presupuesto que debe tomar en consideración los mismos imperativos económicos que el anteriormente aprobado y desautorizado por Burguiba y que en verdad era un auténtico programa de austeridad.

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