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Los tránsfugas no son tan malos

Es probable que el señor Gomáriz sea tan perverso como dicen todos los medios de opinión que he visto u oído, incluido este periódico. Que deba ser objeto de la reprobación universal, junto con el partido que se aprovechó de su felonía y el otro partido que al sufrirla pagó las consecuencias de haberse equivocado (y no por primera vez) al pedir el voto para un hombre capaz de semejante desmán. Mal está lo hecho, malos son los responsables y bien el censurarlo. Pero el pecado del aragonés no está en haber votado contra el partido que lo hizo elegir y en favor de sus adversarios, sino en las razones (o sinrazones) que le llevaron a hacerlo; no en ser tránsfuga, sino en el hecho de buscar con ello su propio beneficio y no el bien de su comunidad. Esto es lo que quisiera explicar, no para ceder, una vez más, a un desdichado rasgo de carácter que me lleva a sentir simpatía por todas las causas perdidas o, como de sí mismo decía Baroja, a ser viajero de todos los naufragios, sino para intentar corregir lo que me parece ser una muy equivocada concepción de la democracia representativa.Para comenzar, permítaseme precisar qué es lo que en este caso se llama transfuguismo. Según el único diccionario que ahora tengo a mano, pero seguramente no serán muy distintas las definiciones de otros, tránsfuga es aquel que cambia de partido o de ideología. Esto es cosa que en el pasado han hecho grandes hombres de Estado españoles y extranjeros, y aquí y ahora no pocos actores destacados de nuestra transición política que sería indelicado e innecesario nombrar. Todos ellos fueron censurados en su día por aquellos a quienes su defección perjudicaba y aplaudidos por los beneficiados, pero nunca objeto de una condena universal. Tuvieron críticos, pero también defensores, y éstos, razones plausibles. En unos casos el cambio de partido no significó ni siquiera cambio de ideología, sino simple rectificación de un error inicial: el de haberse equivocado al juzgar qué partido era el más afín a las ideas propias. En otros, alguno muy reciente, es innegable que se ha producido efectivamente un cambio de opinión, pero mal cabe reprochar en el político lo que se aplaude en el sabio. En todo caso, no es este cambio el que se le reprocha al señor Gomáriz o se le reprochó en su día a los señores Barreiro o Piñeiro, ni es seguro que éstos sean tránsfugas en el sentido del diccionario. El hecho que se les reprocha y en razón del cual se les aplica el calificativo, con independencia de que hayan cambiado o no de partido o de ideologia, es el de haber roto (o si se quiere mayor precisión, haber roto en una votación decisiva) la disciplina de partido.

Que los partidos se unan en el odio al tránsfuga, aunque aprovechen sus servicios, es cosa que entiendo. Al fin y al cabo, en ello les va, si no la vida, sí el ser como son. Que a la reprobación se unan las mismas personas y los mismos medios que, día sí, día no, lamentan con mucha razón los males que para nuestra democracia traen los excesos de la disciplina de partido es cosa mucho más difícil de entender y que tal vez conviniese rectificar.

Las razones que fundamentan esta universal condena se pueden reducir a la muy elemental de que, al romper la disciplina de partido, el tránsfuga traiciona a su electorado. Un juicio que se apoya, como es obvio, en una serie de hipótesis indemostradas y en un absoluto desprecio por la configuración jurídica de la representación. Si yo tuviera más tiempo, el periódico más espacio y los lectores paciencia de benedictinos, podría hacerse el intento de demostrar que estas hipótesis frecuentemente no se verifican en la práctica. No es verdad que sea siempre el partido y no el nombre del candidato el que determina el voto del elector, ni es verdad que todos los electores identifiquen el partido con una organización de tipo eclesiástico o militar cuya voluntad válida sea siempre la que expresan sus dirigentes, sea cual sea el contenido de la misma, por hablar sólo de alguna de ellas. Yo no estoy muy seguro, valga el ejemplo, de que todos los votantes socialistas se sintieran traicionados por aquellos diputados, si los hubiera, que votaran hoy en contra de su partido al decidir sobre el recorte de las pensiones o la flexibilización del mercado laboral. Tampoco voy a acudir a las razones jurídicas, aunque en un Estado de derecho alguna importancia hay que concederles. No voy a recordar que por razones estrictamente lógicas, y no sólo éticas, diputados y senadores y concejales han de ser vistos y han de verse a sí mismos como representantes de la totalidad del cuerpo electoral, no sólo de sus votantes, que en consecuencia mal pueden sentirse traicionados; tampoco voy a traer a colación que la prohibición del mandato imperativo se aplica también a la relación entre el parlamentario (o concejal) y su partido. Mi único argumento, directamente conectado con la práctica más actual y cercana, es el de que el mal de la traición (si traición puede llamarse) de los llamados transfugas (si cabe aplicar este calificativo a quie es quizá no cambian ni de ideología ni de partido) es infinitamente menor que el que se seguiría de la prohibición legal el transfuguismo, e incluso de penalización de su práctica, haciendo de ella causa de ineleglobalidad, como se proponía recientemente en algún periódico, con el apoyo, al parecer, de sesudos especialistas. Al fin y al cabo, algún riesgo ya corren los tránsfugas hoy de que el partido no los vuelva a incluir en las listas electorales, y gracias a ellos podemos tener la esperanza de que nuestros representantes tomen en consideración nuestro interés y no sólo el del partido. Porque con la absoluta fidelidad al partido se corre el riesgo de que no sea así, y aquí viene la conexión con una peripecia de rabiosa actualidad en el Ayuntamiento de Madrid (para mí, como vecino de Aravaca, una entidad distinta y distante).

Malo es que el señor Gomáriz haya votado con el PSOE y en contra del PP por razones espurias, pero infinitamente peor es que el señor Gomáriz o cualquiera otro de nuestros representantes voten en contra de lo que, según su propia conciencia, sería lo mejor por seguir la disciplina de partido, y esto es lo que, según se desprende de este episodio, a veces pasa. De otro modo no se entendería que los dos concejales que amenazan con dejar el PP y pasar al Grupo Mixto pudieran declarar a la prensa que en él votarían en favor de aquellas propuestas que mejor sirvieran a los intereses de los vecinos de Madrid, fuera cual fuera su origen. Si no he leído (no oído) mal, y creo que no, hay que entender que hasta el presente no han hecho eso; que han votado en el sentido en el que su partido les ordenaba, aunque a su juicio fueran malas las decisiones que con su apoyo se adoptaban o buenas las que gracias a él se rechazaban. Esa es exactamente la consecuencia a la que lleva la elevación de la fidelidad al partido, a la condición de deber absoluto y la consideración del transfugismo como un pecado en sí.

Francisco Rubio Llorente es catedrático de Derecho Constitucional.

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