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Piedra de toque del impulso democrático

Una buena Ley de Fundaciones, afirma el articulista, es una inigualable oportunidad en la que se unen todos los elementos que dan sentido y contenido al impulso democrático: desarrollo de la Constitución, consenso político y establecimiento de unas relaciones más porosas entre la sociedad y el Estado.

La próxima y esperada Ley de Fundaciones que se apruebe en el Parlamento tras el debate del proyecto de ley del Gobierno debería constituir una muestra de lo que se quiere decir con la expresión "impulso democrático". Todas las circunstancias parecen ser favorables para que sea así. Creo que las condiciones son óptimas por razones muy diversas: hay razones de oportunidad política, hay razones de necesidad jurídica y hay razones de interés social. Y no parece haber nada en contra: ninguna dificultad. Por una bendita vez, todos parecemos estar de acuerdo: todos le reconocemos a las fundaciones el valor de las iniciativas de la sociedad civil, que es obligado alentar, por su acción subsidiaria del Estado y su fidelidad a los principios democráticos que rigen nuestra vida social.Han pasado 15 años desde la aprobación de la Constitución española, y 15 años de convivencia democrática son un periodo suficientemente largo como para que sea significativo. Tal vez sea difícil evaluar el nivel de madurez de una sociedad, en términos de cultura cívica, de confianza democrática. Pero parece evidente que la sociedad española ha progresado, con las lógica dificultades en ambos aspectos, y que hoy está en condiciones de asumir nuevas responsabilidades y de participar de un modo más directo con autonomía y eficacia, en la ampliación y en el perfeccionamiento del quehacer público. Todo esto es impulso democrático.

Como lo es, y de forma fundamental, el desarrollo de la propia Constitución. El artículo 34, que establece el derecho de fundación, está todavía a la espera de su regulación sustantiva. Pero lo más importante no es, aunque también lo sea, el establecimiento del marco jurídico básico de las fundaciones, sino, especialmente, la creación de las condiciones necesarias para una mayor efectividad del derecho de fundar, derecho que, al estar amparado por la Constitución, exige, como ha señalado el profesor García de Enterría, la protección y el estímulo de los poderes públicos.

Nos encontramos además en una situación que parece propicia para que la Ley de Fundaciones sea el fruto del consenso parlamentario. Y no. sólo porque el Gobierno haya mostrado un mayor talante negociador en la elaboración de su proyecto, sino, también, porque todo parece indicar que está dispuesto a seguir manteniéndolo en el debate parlamentario de la ley. Esto se pudo percibir cuando, ante el gesto de los grupos parlamentarios Popular y Catalán de retirar sus respectivas proposiciones de Ley sobre Fundaciones e Incentivos Fiscales, en el pleno del Congreso del 23 de noviembre pasado, el representante del Grupo Socialista, Pedro Jover, señaló que en la Cámara no "había un proyecto de ley, sino tres", lo que equivalía a decir que las enmiendas de ambos grupos políticos serían escuchadas.

En la misma sesión, Miguel Ángel Cortés, del Grupo Popular, habló de la necesidad de crear un marco estable "porque las fundaciones tienen vocación de permanencia". En igual sentido se expresó Miguel Roca, formulando el deseo de que "todas las fuerzas políticas pudieran sertirse identificadas en un proyecto de modernidad". Y Felipe Alcaraz, representante de Izquierda Unida, dijo, en la misma línea, que "los poderes públicos tienen que estimular, promover las respuestas, las potencialidades de la sociedad civil y de sus iniciativas propias". Pues bien, este "espíritu de consenso", que puede considerarse también como uno de los rasgos del impulso democrático, es visto con especial complacencia por las fundaciones.

En repetidas ocasiones, el Centro de Fundaciones ha hecho público el deseo de estas instituciones de que la Ley que finalmente establezca su regulación sea el resultado del acuerdo político entre los grupos parlamentarios, porque la razón de ser, la garantía de eficacia de las fundaciones, estriba precisamente en la permanencia y en la estabilidad para el desarrollo de sus objetivos. Y es patente, por otro lado, que en estos momentos la fundación es una institución plenamente democrática, que no obedece a una orientación social o política determinada, sino que expresa y vitaliza la diversidad y la pluralidad del tejido social.

Pero todo consenso político es reflejo, en última instancia, de un consenso social. Y así ha sido en este caso. Porque es evidente que el viejo y permanente debate en torno a las relaciones entre, la sociedad y el Estado ha cambiado de signo en nuestros días. Ya no se percibe como un combate, sino como un encuentro deseable; no como un juego de suma nula, sino como un juego de suma positiva. Que la sociedad mejora y se consolida con un Estado fuerte, y al contrario. Porque no son tiempos de enfrentamiento, sino de colaboración, y no se trata, en este caso, de hacer de la necesidad virtud porque ésta ya lo era (la colaboración como una virtud pública en un sistema democrático).

Todos podemos ganar y nadie perderá si se logra un entendimiento real entre un Estado, que soporta una carga de compromisos demasiado pesada, y una sociedad cada vez más consciente de su propia responsabilidad para la solución de los problemas de nuestros días. Pero esto que estamos diciendo ahora trasciende el impulso democrático, para conectar con la esencia misma de la democracia. Va más allá del esquema cerrado del Estado y de sus instituciones. Y aspira por ello a establecer relaciones horizontales y no jerárquicas entre el Estado y 'la sociedad. Relaciones de confianza y, ya lo decíamos, de colaboración. Idea ésta que constituía el eje central de mi libro La sociedad necesaria. No he encontrado, en las numerosas discusiones sobre este tema en las que he participado en los últimos meses, ninguna objeción de fondo a mi tesis, pero sí razonables dudas sobre la forma de llevarlas a la práctica. Creo que ahora estamos ante una forma muy concreta de pasar de la teoría a la práctica y al alcance de la mano.

Por eso dije, al comienzo de este artículo, que estábamos ante una oportunidad política, una piedra de toque para que el Gobierno haga verdaderamente operativo ese impulso democrático que corre el peligro, como ya se ha dicho, de quedar reducido a una mera promesa de "contornos borrosos y contenidos difusos". La Ley de Fundaciones, una buena Ley de Fundaciones, es, insisto, una inigualable oportunidad de predicar con obras. Una oportunidad en la que se unen todos los elementos que dan sentido y contenido al impulso democrático: desarrollo de la Constitución, consenso político y establecimiento de unas relaciones más porosas entre la sociedad y el Estado. En definitiva, una forma tangible de profundizar en la democracia.

¿Pero es realmente todo tan fácil como lo estamos poniendo? ¿Son todos los vientos tan favorables? Quizá peque de un exceso de optimismo, pero no veo ningún obstáculo que pueda entorpecer la aprobación de una buena Ley de Fundaciones. No, no los veo. Pero se me dirá: ¿y los problemas fiscales? Me resisto a verlos como un obstáculo, como un problema, si de verdad se considera la política fiscal como un instrumento para la modernización del país.

Es cierto que la política Fiscal es siempre una prueba importante. Porque en un sistema democrático sin confianza fiscal no hay confianza que valga. No olvidemos que estamos ante un tema fiscal menor, en cuanto a sus efectos recaudatorios, pero de una gran importancia, sin embargo, si se piensa en sus posibles efectos incentivadores para una mayor participación de los individuos y la sociedad en las tareas de interés general.

Éste es el verdadero problema. No es una cuestión de técnica fiscal, sino de filosofia política. Esa participación de la sociedad tiene que ser considerada como otra forma de pagar impuestos. Sólo desde esta perspectiva, desde esta filosofia, es posible, desde nuestro punto de vista, llegar a una buena Ley de Fundaciones.

Lo otro, controles burocráticos innecesarios, dirigismo, tratamiento fiscal -paradójicamente- desincentivador, es resucitar anacronismos, viejos recelos que hoy deberían estar superados. La confianza, el desarrollo de la Constitución, el consenso parlamentario y la profundización en la democracia, es decir, los vientos favorables... nos animan a pensar que estamos en el buen camino.

Antonio Sáenz de Miera es presidente del Centro de Fundaciones y del Club de La Haya.

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