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La inquisición

"España es una nación algo cruel, tal y como demuestran sus corridas de toros y sus autos de fe" (Kant).

Hasta ayer mismo, la historia de los hombres se ha reducido, casi en exclusiva, a una sucesión de tiranías. El derecho como ahora se entiende, hijo de la Ilustración y de las, revoluciones liberales, apenas tiene doscientos tortuosos años de vida, durante los cuales la democracia ha sido frecuentemente conculcada. Paradigma de los juicios tiránicos fue, al menos por estos lares, la Inquisición, el Santo Oficio. Un invento de nuestra santa madre Iglesia que ocupará para siempre un altísimo lugar en la historia de la infamia y el asesinato. Allí se juzgaban y condenaban acciones y también pensamientos. El método procesal consistía en investigar al reo y no al delito, en reclamar al inculpado pruebas de su inocencia, en el uso de la tortura, etcétera. Para que el cinismo fuera completo, la Inquisición, que juzgaba y condenaba a los reos, traspasaba la ejecución de las sentencias al brazo civil, negándose así a ejercer materialmente el oficio de verdugo, para el que, paradójicamente, estaban muy bien dotados los inquisidores.Pruebas, y obtenidas legalmente, derecho a no declarar contra sí mismo, negación de los malos tratos, presunción de inocencia... En suma, los derechos civiles son la base sobre la cual se sustenta hoy el derecho y la convivencia democráticos, representando la más cabal negación del método inquisitorial. Ninguna persona decente negaría, el avance que esta revolución política ha representado para la humanidad; sin embargo, sólo un iluso sostendría que estos mecanismos han hecho mejorar las opiniones que los hombres tienen de sus semejan tes, las cuales siguen siendo tan malas como lo eran en el siglo XVI. Eso sí, el derecho a la libre expresión permite hoy que esas opiniones se publiquen.

Los juicios que un medio de comunicación emite acerca de una persona no pueden estar basados exclusivamente en la presunción de inocencia, las pruebas obtenidas, etcétera Probablemente, nadie compraría un periódico si su mesa de redacción estuviera sometida exclusivamente a los métodos de un juzgado. Dicho de manera condescendiente: la sociedad permite un cierto grado de "inquisición" con el fin de "conocer los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa", es decir, enterarse de lo que pasa en la calle. Mas esta licencia que la sociedad otorga, este permiso con el que cuentan quienes nos informan, se da para ser usado con moderación y bajo unas condiciones que debieran ser obvias: a) que el método no contamine a otras instituciones, especialmente al Estado; b) que quien lo use no abuse. Que no convierta ese permiso en patente de corso. En conclusión, que nadie se crea, ni sea, impune en la práctica de ese oficio.

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En democracia, todos los derechos están sometidos a las leyes, es decir, no hay un solo derecho que no esté limitado por otros derechos y por obligaciones. En la negación de este principio hunde sus raíces el totalitarismo, y quien lo niega, corporativa o individualmente, en la teoría o en la práctica, ataca la base misma de la convivencia democrática.

Es notorio que la libertad de expresión en España se usa por quienes pueden publicar sus opiniones en los medios de comunicación con gran magnanimidad para consigo mismos. La agresividad de la prensa española es, dicen sus practicantes y forofos, una de sus mejores características. Al parecer, ello es insuficiente para quienes han constituido el pasado verano una asociación corporativa en defensa de la libertad de expresión. En los mentideros madrileños se asegura que, puesto que nada hay amenazado, tal ajuntamiento tendría como objeto tan sólo el incordiar a dos personas: los señores González y Polanco. El resto de los 40 millones de españoles podrían, según esta opinión, dormir tranquilos. Me temo que las cosas son algo más graves.

Que un grupo de periodistas y tertulianos se jaleen o establezcan estrategias políticas conjuntas resulta banal para la democracia; lo preocupante está en la mercancía que viene en éstas y en otras alforjas. A saber: contaminación e impunidad.

Si el método inquisitorial, que en sus actuales usos no recurre a la tortura -pero que sí desecha la presunción de inocencia y la exigencia de la prueba-, se traslada al Estado, y especialmente a la judicatura, contaminándolos seriamente, habrá que salir corriendo. No hay exageración en esto. El método que emplean hoy las llamadas comisiones parlamentarias de investigación, ¿de qué está más cerca, del inquisitorial o del judicial? Del primero. Y estas comisiones no se constituyen dentro de un club de bulómanos, sino en el corazón mismo de la democracia. Las protestas a que se ha visto sometida la sentencia acerca de la, así denominada, Operación Nécora, ¿qué están pidiendo? Algo tan brutal como que el tribunal se olvide de la calidad de las pruebas y condene con la sola base de las convicciones morales. ¿Quién jalea y enfatiza las decisiones de los instructores judiciales (conviene recordarlo: ellos no están autorizados a emitir sentencias), cuyos autos, al ser leídos en la prensa, vistos en televisión o comentados en la radio, más se parecen a los juicios rápidos y ejemplares del juez de la horca que a otra cosa? Y no vale decir que así lo quiere el pueblo, la opinión pública, la alarma social o cualquier otro ente más o menos manipulable. O la Inquisición recula o nos acabará echando del baile. La libertad y los derechos civiles están por encima de las opiniones, por muy públicas y populares que éstas sean, y negarlo puede resultar popular, pero es antidemocrático.

La licencia, el permiso social para ejercer en aras del interés público métodos no judiciales para obtener información, no autoriza el delito, ¿y cómo si no a través de la comisión de delitos han llegado a los periódicos algunos de los dossiers más llamativos en los últimos tiempos? ¿Quién y cuánto se ha pagado a los delincuentes?

La publicación de estos dossiers ha producido un bien social indudable. Desenmascarar a quienes, instalados en el Estado, han hecho personal negocio de la confianza en ellos depositada. Mas eso no exonera ni a los delincuentes ni a sus amos, que se han pasado la ley por la entrepierna colocando micrófonos en las alcobas o asaltando oficinas en busca de escándalos comercializables. El público tiene derecho a conocer el revés de esta trama y a exigir que los jueces sentencien conjuntamente a aquellos tirios y a estos troyanos. Todo menos la impunidad.

El siglo que acaba ha maltratado a Europa. Los totalitarismos han marcado a fuego nuestras sociedades en nombre de la raza, las masas o cualquier otra miserable identificación colectiva. Probablemente, casi nadie pretende repetir la historia. Y, por tanto, Goebels no va a venir vestido con sus conocidos correajes, pero hay otros caminos para volver al mismo sitio. Uno de ellos es la Inquisición, que parece tener entre nosotros algunos partidarios.

es presidente de la Comunidad de Madrid.

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