Crítícas de políticos y juristas a Fungairiño por su defensa anónima de las dictaduras

Sólo el Gobierno del Partido Popular salió ayer en defensa del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tras el informe que se le atribuye y en el que se justifican las dictaduras chilena y argentina. El propio Fungairiño, sin asumir explícitamente el informe, afirmó ayer: "La realidad histórica está ahí y no depende de Fungairiño ni de Perico de los Palotes. La realidad histórica es que la entonces presidenta argentina, Estela de Perón, encargó a los militares que acabaran con el terrorismo en este país, pero luego causaron 30.000 muertes más". El fiscal jefe subrayó: "Yo he hecho varios informes y siempre he mantenido la posición de que la jurisdicción española no es competente para llevar estos casos [los procesos por genocidio contra las dictaduras argentina y chilena]".

El ex ministro socialista Juan Alberto Belloch, actual portavoz parlamentario del PSOE en la Comisión de Justicia, aseguró que la decisión final sobre la competencia de la Audiencia Nacional no depende de Fungairiño sino directamente de Aznar. "En la decisión que debe tomar el fiscal general del Estado sobre la competencia de la Audiencia Nacional en la causa sobre los españoles desaparecidos en Argentina y Chile, y sobre la Expo, quien decidirá será Cascos, tras hablar con Aznar", manifestó ayer Juan Alberto Belloch.Izquierda Unida (IU), por boca del secretario de Política Exterior, Carlos Carnero, exigió al Gobierno "el cese fulminante" del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque, en su opinión, afirmar que los golpistas trataron de subsanar las deficiencias constitucionales que existían en estos países es "un insulto a los demócratas de Argentina, de Chile y de España, así como una afrenta a las víctimas y a los familiares de los asesinados, desaparecidos y torturados".

La diputada del Partit per la Independencia (PI) en el Congreso, Pilar Rahola, pidió la dimisión de Fungairiño y un posicionamiento claro del Partido Popular sobre el tema, ya que el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional "viene otorgado por el Gobierno". Eusko Alkartasuna (EA), a través de la senadora Inmaculada Boneta, solicitó la comparecencia del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ante la Comisión Constitucional del Senado para que explique las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia.

Competencia jurídica

Entretanto, Jueces para la Democracia, la Asociación pro Derechos Humanos de España, la Federación de Juristas Progresistas y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas emitieron un comunicado conjunto en el que defienden "la competencia territorial de la jurisdicción [española] para la instrucción y enjuiciamiento de unos hechos de tanta gravedad, y esto por establecerse en nuestra legislación un principio de competencia universal para perseguir delitos que como el genocidio o el terrorismo afectan a toda la humanidad".Estas asociaciones calificaron de "grave y sorprendente" la actitud del fiscal Fungairiño y recordaron sus declaraciones del pasado octubre al diario chileno El Mercurio, en las que afirmó que "los hechos no pueden ser juzgados por las autoridades españolas al no ser constitutivos de delito de genocidio, por no esta rorientados contra una raza, etnia o grupo social determinado; ni tampoco de terrorismo al no tratar sus autores de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos países..."

"Esta posición", añade el comunicado de los juristas, "responde a una postura ideológica, tanto por el contenido de las declaraciones como por el medio de comunicación que difunde la entrevista, el diario El Mercurio, el periódico que prestó mayor apoyo a la dictadura de Pinochet". El comunicado concluye señalando que "esta asunción del discurso político de las dictaduras militares por parte del fiscal jefe de la Audiencia supone un prejuicio ideológico antidemocrático que afectaría a su imparcialidad para continuar dirigiendo la intervención del Ministerio Público en estos procedimientos".

Garzón sigue adelante

Al margen de la polémica sobre las apreciaciones de Fungairiño, el juez Garzón tiene previsto continuar con la instrucción del sumario abierto por la desaparición de españoles durante la dictadura Argentina. Mientras, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, sigue sin decidir si la justicia española tiene jurisdicción sobre estas causas.Adelantándose al fiscal general, Garzón ha decidido trasladar la cuestión sobre la competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia, a la que ha remitido un recurso de apelación del ex militar argentino Adolfo Scilingo, preso al no poder pagar los cinco millones de fianza que Garzón le señaló para obtener la libertad provisional. De esta manera, será un tribunal de la Audiencia el que dirima si la jurisdicción española puede alcanzar a los militares argentinos responsables de la desparición de españoles.

Según fuentes de la Fiscalía del Supremo, Fungairiño fue recriminado por varios asistentes a la Junta de Fiscales de Sala por no haber planteado esta cuestión ante la Audiencia Nacional. En concreto, algunos le plantearon que, si como él sostiene, la Audiencia Nacional no es competente, debería haber recurrido en apelación, -ante un tribunal de tres magistrados- contra la prisión de Scilingo, a fin de que la Audiencia se pronunciase sobre la competencia. Fungainiño no lo hizo y ha sido el juez Baltasar Garzón el que ha desarrollado ahora la iniciativa.

[Entretanto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena, viajará los próximos días 12 y 13 de enero a Estados Unidos para interrogar a las tres personas allí encarceladas por su relación con el asesinato en septiembre de 1976 en Washington de Orlando Letelier, quien fue ministro de Defensa de Chile antes del golpe, informa Europa Press.]

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