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Jueces y gobierno en el campo de batalla

La prolongada formación de nubarrones que la generosa y nunca explicada subida del 60% de sus retribuciones al colectivo de los 90 magistrados del Tribunal Supremo, acordó el Ejecutivo poco después de la llegada de Aznar a su presidencia, presagiaba el fragor de la tormenta que está a punto de estallar sobre las adormecidas aguas de la política hispana.Como en la más estudiada de las batallas al campo abierto, las partes contendientes han desplegado su estrategia respectiva -o su falta de ideas, que, a veces, forma parte de la misma estrategia- y esgrimen sus armas respectivas, tanto ofensivas como defensivas, poniendo su mejor empeño en conseguir una ganancia de imprevisibles resultados. De un lado, el Gobierno ha plantado su campamento en el terreno de la movilidad fronteriza, con el ánimo de cambiar la colocación de las tiendas en el lugar que en cada momento mejor le acomode, cuidando de ocultar sus últimos movimientos tácticos y, desde luego, sin facilitar concesiones gratuitas y rápidas. Lo que al final resulte, habrá de hacerse. Mientras tanto, el General Tiempo se perfila como el invariable ganador de todas las batallas. Poca información y menos ideas que poner a discusión encima de la mesa negociadora, pues, a la postre, se trata de capear el primer conflicto serio con una de las patas del trípode que asegura el equilibrio del edificio constitucional, como es el Poder Judicial. Descubierto que ha sido por el enemigo que la tan anunciada Ley de Retribuciones no es que esté en fase de crisálida, sino que se asemeja más a la zanahoria colgando del palo y fracasado el intento de tocomocho de la subida lineal del 2% (común a todos los funcionarios públicos), la confusión en las filas gubernamentales comienza a ser visible.

Enfrente, tampoco los legados del colectivo judicial y fiscal (¡Qué ingratitud!, ¿así nos paga Margarita nuestro decisivo empuje para sentarla en el sillón de San Bernardo?) parecen muy sobrados de razones para defender su pretensión de un aumento del 25% en el conjunto de sus retribuciones salariales evidenciándose una vez más que en la casa del herrero se suele usar la cuchara de palo. En un despliegue argumental, indispensable para no incurrir en alarma social, precisarían, por este orden: 1. Explicar la pérdida paulatina de su poder adquisitivo (nivel de trabajadores del Derecho); 2. Aducir ejemplos comparativos con los ingresos y rentas del trabajo de los altos cuerpos de la Administración General (nivel funcionarial) y 3. Explotar al máximo las diferencias irritantes marcadas con respecto a las élites de los tribunales Supremo y Constitucional (nivel de miembros del Poder Judicial). Si, además, se ofrece a la opinión pública una declaración de propósitos de claro contenido restaurador de la confianza en el servicio público de la justicia, en el que tan decisivo papel juegan los beneficiarios de la subida salarial, habremos iniciado todos el camino más directo hacia una necesaria y urgente rehabilitación del juez y su entorno en el aprecio social.

Sin embargo, el prematuro despliegue de la artillería gruesa en primera línea de batalla cuando apenas en el bando gubernamental se han esgrimido simples armas de corto alcance, deja al descubierto la errónea estrategia de poner el objetivo (subida salarial del 25%) por delante de los motivos que traten de justificarlo. Y, en nuestra opinión, no son estos pocos ni endebles: la dedicación exclusiva y excluyente a la función jurisdiccional; la progresiva limitación del ejercicio de otra carrera jurídica distinta a quienes, a veces integrados sin excesiva convicción y vocación en concretos juzgados o fiscalías, se ven inmersos en una especialización no deseada; la frecuente movilidad, generadora de inseguridad, sobre todo en el ámbito familiar; la dificultad extrema de asegurar un horario limitado y constante en el desempeño de su función, etcétera.

Por último, tampoco es desdeñable la necesidad última de que ambas partes en liza unan sus esfuerzos en beneficio del único logro que interesa al conjunto de los ciudadanos, es decir, construir un nuevo edifico -y no sólo conformarse con blanquear la fachada del existente- donde se aloja la justicia, aunque sea con minúscula. A cuyo amparo se acerque el ciudadano con más confianza que recelo y más seguridad que miedo. Pero nadie olvide y menos los generales de esta incruenta pero imprevisible guerra, que no se puede ganar sin restituir la equidad y los derechos de los demás agentes de tan esencial servicio público: secretarios judiciales, médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes. Seguramente de manera escalonada y siguiendo el orden que se decida en función a las urgencias que esperan o a las disposiciones de tipo presupuestario. A todo esto se llama diálogo sin pausa y negociación con concesiones. Algo que, por ahora y lamentablemente, parece que no se ha considerado oportuno poner al servicio de la estrategia en la contienda.

Francisco Granados Calero y Vicente Antonio Sotillo Martí son abogados.

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