El culebrón de Pinochet

Barton Wyatt es un hombre regordete, simpático, que tiene una agencia inmobiliaria en la calle principal de Virginia Water, en el condado de Surrey. A pocas calles de allí está la elegante y tranquila urbanización de Wentworth Estate, en la que, desde primeros de diciembre de 1998, transcurre el arresto domiciliario del general Augusto Pinochet.Wyatt, que ha percibido del entorno de Pinochet 5.000 libras al mes (1.250.000 pesetas), dice que, "una vez que el general se haya ido, la policía hará un reconocimiento de cómo ha quedado todo. Y entonces la casa podrá volver a ser ocupada". Este fin de semana, y con la esperanza de que no sea el último, las víctimas y familiares de desaparecidos bajo Pinochet han vuelto a la carretera, a 300 metros de la casa.

La partida del general se empezó a preparar desde la misma tarde del 11 de enero de 2000, cuando el teléfono sonó en la casa de Virginia Water para anunciar que el ministro del Interior, Jack Straw, había decidido ponerle en libertad por considerar que está incapacitado para someterse a un juicio en España. Fue Fenella Tayler, miembro del departamento de Extradición del Home Office, quien escribió esa tarde al abogado Michael Caplan para anunciarle que el ministro Straw "tenía pensado" liberarle. Caplan llamó a Santiago para informar a los abogados chilenos Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Alex Schweitzer. Fueron éstos quienes anunciaron la buena nueva a Virginia Water.

El jueves 13 de enero el ministro Straw explicó su posición en la Cámara de los Comunes, y dijo que había dado un plazo de siete días para presentar alegaciones a las partes en este proceso. "Siete días para presentar alegaciones", especificó a preguntas de la oposición conservadora, y añadió: "El desenlace está por ver, porque aunque las decisiones iniciales y finales son adoptadas por el ministro del Interior, el proceso de extradición está también sujeto a procedimientos legales . Ésta es la naturaleza del proceso en este país y no puede ser cambiado respecto a una persona individual".

El viernes 11 hará un mes que Straw anunció su decisión preliminar de liberar a Pinochet. Un mes en el que el Gobierno de España, contra la recomendación del juez Baltasar Garzón y del abogado Alun Jones, ha concretado su renuncia, por razones políticas, a presentar un recurso de revisión judicial contra tal decisión, al tiempo que Bélgica, Amnistía Internacional (AI) y otras cinco organizaciones de derechos humanos han elevado ante el Alto Tribunal de Justicia una petición de permiso para recurrir. Esta petición ha sido denegada por el juez Maurice Kay el lunes 31, pero este fallo ha sido recurrido, y la petición de recurso será examinada por un tribunal de tres jueces a partir de mañana en el Alto Tribunal de Justicia. Será éste el que decidirá si el próximo fallo -de ser negativo para la revisión judicial- puede recurrirse ante los jueces lores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha señalado, en apoyo de su posición contraria a recurrir la decisión de Straw, que el procedimiento ha entrado en una fase "política". Sin embargo, el pasado 24 de enero, el subsecretario de Exteriores, José de Carvajal, envió al juez Garzón un memorándum de la Fiscalía de la Corona británica en el que se le solicitaba una respuesta motivada sobre los argumentos planteados por Michael Caplan, abogado de Pinochet, para la vista del recurso de hábeas corpus (recurso contra el fallo de extradición del pasado 8 de octubre, que declaró al ex dictador técnicamente apto para ser extraditado a España). Sin embargo, el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores toreó al juez, días antes, al preguntar este último por un informe del abogado Alun Jones, elaborado a petición de la Fiscalía de la Corona británica para entregar al Gobierno español. Nunca le contestaron, aunque públicamente la Oficina de Información Diplomática (OID), pillada, dijo que era un documento solicitado por las autoridades que "nada tenía que ver" con el sumario de Garzón.

El juez preparó, pues, un informe de 10 folios para responder al abogado Caplan y lo envió a Londres por vía diplomática el 28 de enero. Según la conducta del Gobierno español, Garzón debe seguir haciendo sus deberes (esto es, responder a las peticiones de la Fiscalía británica), pero no tiene derecho a conocer un informe favorable a recurrir la decisión de Straw, que coincide con la posición del juez español.

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Tres jueces verán a partir de mañana la nueva petición de Bélgica y de AI. De los tres destaca uno famoso estos días en Londres: Thayne Forbes, quien acaba de condenar a cadena perpetua a Harold Shipman, el llamado Doctor Muerte, asesino en serie de mujeres que fueron sus pacientes. Ironía del destino o acto de un deux ex machina que la extradición de Pinochet cayera en sus manos.

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