El juez que investiga el 'caso Bazar España' descarta que haya delito

El titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, José Herrera, dio ayer un paso inesperado al decidir que los hechos que ocasionaron la muerte de cinco personas por el derrumbe del muro del Bazar España pueden constituir una falta por imprudencia leve, en lugar de delito. El auto del juez señala como supuestos responsables al arquitecto Luis Recuenco y a los aparejadores, Antonio Camarero y Dionisio García, que componían la dirección facultativa de la obra, y a la Gerencia de Urbanismo. En ningún momento se nombra a la inmobiliaria Osuna, propietaria de la parte del muro que cayó.

"Estamos ante una actividad humana de la que se produce un resultado dañoso, sin intención de producirlo, es decir, sin dolo y sin que tampoco se pueda calificar como temeraria". De esta manera el juez del caso Bazar España, José Herrera, justifica en el auto su decisión de señalar como falta por imprudencia leve los hechos que ocasionaron la muerte de cinco personas por el derrumbamiento del muro del Bazar España el 31 de diciembre de 1998.El juez, además, señala al viento como un elemento fundamental en la consecución de la tragedia: "No se observa una grave desatención de las normales pautas de comportamiento, sin que podamos olvidar la influencia que en los hechos tiene el viento que en el momento del desgraciado desenlace llegó a tener velocidades de 115 kilómetros por hora".

Herrera considera como supuestos culpables a la dirección facultativa encargada de la demolición del inmueble -compuesta por el arquitecto Luis Recuenco y los aparejadores Antonio Camarero y Dionisio García- ya que "no se adopta ninguna medida de seguridad, como puede ser arriostramiento" para evitar la caída del muro de siete metros de altura, y a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla por "falta de diligencia" ya que es "propietaria de inmueble" y la institución encargada de "la policía urbanística y la concesión de la licencia".

El solar era propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y de la inmobiliaria Osuna. Sin embargo, Osuna, propietaria de la parte del muro que se derrumbó y causó las cinco muertes, no aparece en el auto.

Los funcionarios de Urbanismo imputados son el jefe de Licencias y Disciplina, Juan García Gil, los dos técnicos de este departamento que firmaron la concesión de la licencia de demolición Juan Mauduit y Francisco López, y José David Muñoz de la Torre, adscrito al departamento de Conservación en el momento del accidente pero que en la actualidad no trabaja en la Gerencia.

El abogado de Luis Recuenco, Manuel Soto, anunció que recurriría esta decisión ya que entiende que en la actuación de su cliente no existe imprudencia alguna.

En caso de que el juez los considere culpables las penas pueden ir de uno a dos meses de multa, teniendo que pagar entre 200 y 50.000 pesetas por dia. Es decir, la multa ascendería a un máximo de tres millones de pesetas. Eso sí, el juez puede dictaminar el pago de una indemnización civil. El portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo, comentó que esta decisión no frenará las ayudas que el Consistorio decidió pagar a los familiares de las víctimas.

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