Entrevista:SANTIAGO CERVERA.

"La Administración debe hacerse valer como cliente ante las farmacias"

Casi todas las farmacias de Navarra exhiben carteles con la fotografía del consejero de Salud del Gobierno de UPN, Santiago Cervera. Una frase preside la imagen: "Este señor tiene la culpa". La dura campaña del sector farmacéutico contra el consejero, con abundante publicidad en los medios de comunicación, pretende evitar que el Parlamento foral apruebe un proyecto de ley de liberalización basado en un modelo de mínimos. UPN quiere introducir la figura de las farmacias concertadas, que podrían dispensar recetas del sistema público de salud, y permitir la apertura libre del resto. La guerra está en pleno apogeo y Cervera asegura que hay muchos intereses en evitar que Navarra abra la puerta de un mercado ahora monopolizado por los profesionales asentados.Pregunta. Usted ha asegurado que un grupo de empresarios farmacéuticos ha puesto dinero para investigar su vida privada con el objetivo de desacreditarle y evitar la aprobación de la ley. ¿Qué pruebas tiene?

Respuesta. Tengo datos totalmente fiables y contrastados que lo avalan. Se trata de un grupo de personas, a título particular, que no representan a ninguna institución oficial del gremio. Pero habían organizado la construcción de un dossier, previo pago a los servicios que habitualmente desarrollan este tipo de labores de investigación, para tratar de encontrar algún aspecto de mi vida privada o patrimonio que pudiera ser utilizado para desacreditarme personalmente eludiendo el debate político y conseguir así que el proyecto de liberalización no saliera adelante.

P. ¿Cómo se ha llegado a este extremo?

R. Porque los farmacéuticos llevan 50 años acostumbrados a tener una protección pública que es totalmente inadecuada en los momentos actuales. Es un dato objetivo que los farmacéuticos disponen de asignaciones territoriales y poblacionales, según el sistema de planificación de máximos, que les genera una clientela fija que cada año, con cargo al servicio sanitario público, gasta un 10% más y en esa misma medida están creciendo sus beneficios. Es decir, una situación que no es coherente con un mundo cada vez más libre, concurrente y desregulado en todos los sectores.

P. ¿Adónde conduce la ley?

R. A que los profesionales hagan valer su valía profesional no en términos de un proteccionismo innecesario e inmerecido, sino de competencia y validación de sus propias capacidades profesionales.

P. ¿Qué propone su proyecto?

R. Busca la única liberalización posible en estos momentos en el sector. Y logra dos efectos. El primero, que mediante la planificación de mínimos, no de máximos, se consiga, de forma regulada, el libre establecimiento de farmacias. Yo no creo en la liberalización total, que es el modelo americano o británico, aunque comparto con ellos el valor de dar más capacidad a los profesionales para establecer farmacias. En segundo lugar, nos permitirá que el propio sistema sanitario público se exprese en términos de agente real del sistema.

P. ¿Cómo se traduce ese papel de la Administración?

R. En el hecho de que al plantear la concertación selectiva se quiere decir que lo que puede y debe hacer el sistema sanitario público, que es el que financia el 70% de los ingresos de las farmacias en estos momentos, es hacerse valer como un cliente, no como un mero agente de transferencia de financiación. No es lógico que la red pública no pueda gestionar los descuentos que son posibles y que los propios farmacéuticos utilizan en otras actividades propias. Cuando se niega la posibilidad de incorporar el mercado en el campo de las relaciones entre Administración y farmacias se olvida que los propios farmacéuticos se valen de ese mercado cuando negocian descuentos con sus proveedores, participan en la distribución o captan productos no farmacéuticos de venta exclusiva en farmacias. ¿Por qué, si industria farmacéutica, distribución y farmacias participan de un mercado que ellos mismos han construido y aprovechan, no lo puede hacer el Gobierno a través del concierto individual con cada farmacéutico para conseguir ventajas económicas y de servicio al ciudadano, si además es el que introduce el gasto final?

P. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra asegura que la regulación propuesta por el Gobierno foral es inconstitucional. ¿Lo cree así?

R. No. El Gobierno tiene informes independientes que avalan la plena constitucionalidad de esta ley. La Constitución como tal no define un modelo farmacéutico u otro. Pero en su espíritu sí defiende la libertad de iniciativa, el derecho al trabajo y desarrollo profesional o la existencia del mercado, de lo que se deduce la constitucionalidad del modelo que proponemos. Puede que este modelo choque con la actual legislación estatal en la materia, pero estoy convencido de que el Estado va a introducir rápidamente medidas de liberalización en la misma línea.

P. Si unas farmacias son concertadas para dispensar las recetas del servicio público de salud y otras no, ¿se vulnerará el derecho a la libre elección de farmacia de los ciudadanos?

R. No. Es una enorme mentira. Hasta ahora, la única limitación que se ha impuesto al derecho del ciudadano a elegir su farmacéutico ha sido la decidida por el colegio oficial de los farmacéuticos instalados cuando han buscado vericuetos jurídicos para cerrar farmacias. La judicialización la han creado ellos. En estos momentos en Navarra la continuidad de 24 farmacias depende de la decisión de un juez porque ha habido demandas particulares o del colegio para impedir el acceso de nuevos profesionales a la farmacia y eliminar la libertad de elección del ciudadano.

P. Las 308 farmacias existentes hoy día en Navarra gozarán de concierto hasta la jubilación de sus titulares, dice el proyecto.

R. Así es. Está garantizado que todas las farmacias actuales seguirán. Pero ése no es el problema para los profesionales instalados. El problema real para ellos, y no quieren confesarlo, es que va a haber más farmacias y más capacidad de elección.

P. No obstante, la capacidad de concertar farmacias puede otorgar al consejero del ramo un poder desproporcionado sobre el sector.

R. No, porque quienes así lo señalan olvidan una cuestión que está en el proyecto de ley. La regulación del acceso de los farmacéuticos al concierto público lo va a hacer la ley de Contratos. La ley dice también que esa legislación habrá que aplicarla con una serie de criterios sanitarios. El descuento de precios no será el único ni el principal. Hay otros valores a tener en cuenta como la equidad territorial, la participación en programas sanitarios, los planes de calidad o la atención sanitaria, de forma que podamos diferenciar al buen farmacéutico del malo, cosa que no nos permite el actual sistema.

P. ¿Puede esta ley abrir la puerta a las multinacionales?

R. No, por un sencillo motivo. La ley dice que las farmacias sólo pueden ser regentadas y propiedad de un farmacéutico. Y un farmacéutico sólo puede tener una farmacia. Por lo tanto, no hay posibilidad de esa penetración excluyente.

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