Bruselas denuncia a España por dar ayudas ilegales a los astilleros

La Comisión Europea acordó ayer denunciar a España ante el Tribunal de Luxemburgo porque sigue sin acatar su decisión de octubre de 1999 sobre Astilleros Españoles (AESA). Bruselas dictaminó entonces que los 18.451 millones de pesetas ingresados por Astilleros en concepto de exenciones fiscales a lo largo del ejercicio de 1998 tenían carácter de ayudas públicas ilegales y debían ser devueltos, lo que no ha sucedido. La denuncia de ayer contra España se suma a la aprobada el pasado día 5 de julio por el uso que el Gobierno está haciendo del derecho de veto -acción de oro- en las empresas privatizadas.

Operación ficticia

Tanto en la cuestión de la acción de oro, como en el caso de las ayudas a los astilleros, el Gobierno español sigue defendiendo que su comportamiento ha sido correcto. En el primer caso, el Ejecutivo mantiene que nunca ha utilizado la acción de oro -pese a que la posición gubernamental frustró la fusión de Telefónica con la holandesa KPN- y en el segundo, ha defendido la legalidad de los créditos desde que el actual ministro de Exteriores, Josep Piqué, era titular del Ministerio de Industria.En el caso de las ayudas a los astilleros que cuestiona Bruselas, el Gobierno español recurrió las tesis de la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo, pero a juicio de Bruselas ese recurso no pone en suspenso su decisión, por lo que el Gobierno está obligado a forzar a AESA a devolver ese dinero.

Fuentes de la Comisión Europea ya adelantaron hace dos semanas que la denuncia ante el Tribunal era inminente (véase EL PAÍS de 13 de julio pasado), coincidiendo con otro frente abierto contra Astilleros: la venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de Astilleros Españoles SA, por 10.000 millones de pesetas, de los astilleros Juliana (Gijón), Astilleros de Cádiz y la planta de motores diesel de Manises (Valencia).

La Comisión entiende que la auto-compra de esos activos es una operación ficticia que tenía como principal objetivo trasvasar fondos de forma ilegal desde la sociedad holding estatal a sus empresas industriales del naval, que siguen siendo muy deficitarias a pesar de los planes de reconversión y la inyección de cuantiosas ayudas públicas sí admitidas por la Comisión. La misma consideración le mereció a Bruselas la concesión de créditos fiscales por valor de 18.451 millones que la SEPI cerró con AESA a lo largo de 1998. Aunque el Gobierno español ha defendido siempre la legalidad de esa operación, en octubre pasado el comisario de la Competencia, Mario Monti, dictaminó, con el apoyo del Colegio de Comisarios, que esas exenciones fiscales eran ayudas públicas ilegales. Como consecuencia de ello, ordenó a Astilleros Españoles que devolviera ese dinero a la SEPI.

La decisión de la Comisión -recurrida- fue notificada oficialmente a España a principios de diciembre pasado. "Esa decisión obliga a España a tomar las medidas necesarias para recuperar la ayuda incompatible con el Tratado y a informar a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de su decisión, de las medidas tomadas para darle cumplimiento", recordó ayer la Comisión Europea.

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"A pesar de los recordatorios recibidos, España no ha cumplido la decisión ni ha justificado satisfactoriamente su retraso", explican los portavoces del comisario Mario Monti. "A principios de año, España interpuso un recurso contra la decisión de octubre de 1999 ante el Tribunal de Justicia solicitando la anulación. Sin embargo, este recurso no tiene efectos suspensivos sobre la aplicación de la decisión", defendieron ayer los portavoces de la Comisión Europea.

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