Tribuna:PROTECCIÓN ANTITERRORISTA
Tribuna
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¿Ignorancia o mala fe?

La polémica que se ha suscitado tras el asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, no debería haberse producido. Y no debería haberse producido por dos motivos:1. Porque no es justificable desde ningún punto de vista que dicho fiscal jefe no dispusiera de un servicio de protección acorde con el lugar que la Fiscalía ocupa en el Estado tal como está organizada nuestra Constitución. Con una presión terrorista como la que se está experimentando en estos últimos meses y tras tener constancia de que había un comando de ETA operando en nuestra comunidad autónoma, resulta imposible imaginar que la máxima autoridad fiscal en Andalucía careciera de protección. Era casi una invitación a ETA para que actuara.

2. Porque una vez constatado el error cometido, el delegado del Gobierno, al que se había solicitado protección por el fiscal jefe, debería haber presentado su dimisión y, en el supuesto de que no lo hiciera, como efectivamente no lo hizo, debería haber sido destituido de manera fulminante por el ministro del Interior.

Si el fiscal jefe hubiera tenido la protección exigible y a pesar de ello hubiera sido asesinado, su muerte habría sido muy dolorosa, pero no nos quedaría la impresión de que podía haber sido evitada. Si se hubiera presentado la dimisión por el delegado del Gobierno o se hubiera acordado su destitución, no se podría devolver con ello la vida a Luis Portero, pero al menos los ciudadanos tendríamos la satisfacción de comprobar que los errores se pagan como se tienen que pagar en democracia, políticamente.

En lugar de ello, nos hemos encontrado con una polémica que sin duda tiene que estar produciendo un notable desasosiego a los ciudadanos. Y que cada vez se va enmarañando más. Y de manera más repugnante. La insinuación del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de que la responsabilidad de que el fiscal jefe de Andalucía no tuviera la protección adecuada era de la Junta de Andalucía es de una desvergüenza intolerable.

La Junta de Andalucía no tiene competencia alguna en esta materia y si adoptó en su día la decisión de proteger al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma lo hizo, sin duda, por exceso de celo, podríamos decir, y con base en una interpretación del artículo 152 de la Constitución, que afirma que "un Tribunal Superior de Justicia... culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma". Aunque no estuviera obligado a ello, el Gobierno de la Junta de Andalucía debió entender que era su obligación proteger al presidente de ese órgano con cobertura constitucional. Pero deducir de ahí que es obligación de la Junta de Andalucía la protección del fiscal jefe es un disparate, que sólo se justifica o en términos de ignorancia o en términos de mala fe. Ésa es la posición en la que con sus palabras en Sevilla se ha situado el fiscal general del Estado.

Otro disparate más en este desgraciado incidente. ¿Por qué no se le pone fin como tiene que ponérsele?

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