El PSOE sólo firmará el pacto por la justicia si las Cortes eligen al Poder Judicial

No habrá pacto de Estado sobre la justicia si se trata de modificar el procedimiento de elección del Poder Judicial, advierten con rotundidad y casi solemnidad en la dirección del PSOE. 'Todo es susceptible de negociación; esto, no', aseguran dirigentes de la ejecutiva federal. 'La actual elección parlamentaria es innegociable', sostienen los interlocutores de CiU.

El PSOE 'nunca' accederá a volver al sistema, que el Gobierno socialista cambió en 1985, de dejar en manos de los jueces la elección de los miembros del CGPJ, según afirman con vehemencia en la dirección socialista. Izquierda Unida y los grupos de izquierda comparten esta visión. Pero el PP aguarda desde ese año a contar con las fuerzas numéricas suficientes en el Parlamento para cambiar la ley y dar a los jueces esa capacidad. Así figura desde entonces en sus programas electorales.

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En el programa de marzo de 2000, en el apartado de Justicia, el PP prometió 'consensuar con los grupos parlamentarios la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la independencia y adecuada posición institucional y competencial del Consejo General del Poder Judicial'. El criterio marcado entonces por el PP era que fuesen 'los propios jueces y magistrados, y no las asociaciones judiciales ni los grupos parlamentarios, quienes elijan a los 12 miembros de extracción judicial mediante una fórmula proporcional que garantice la representación plural'. El Partido Popular, además, se encuentra en este punto muy vinculado a las presiones de la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora.

Convergència i Unió (CiU), que defiende a ultranza la elección parlamentaria, estaría dispuesta a ofrecer alguna transacción para facilitar la rectificación del PP, como que las asociaciones profesionales pudiesen tener capacidad de proponer candidatos a las Cortes. El PSOE e Izquierda Unida ven con mucho recelo esta posibilidad si significa que el Parlamento 'se limita a votar lo que las asociaciones proponen', señalan fuentes parlamentarias.

Pero antes de llegar a los contenidos hay que empezar a explorar si es posible sentarse todos juntos alrededor de una mesa para conocer qué entiende cada fuerza política por llevar adelante una reforma muy notable de la justicia. El ministro, en la comparecencia del miércoles, que él reclamó voluntariamente el pasado 5 de febrero tras conocer la demanda del PSOE, detallará su oferta general de pacto, el índice de las cuestiones a tratar y también el método de trabajo. Como las negociaciones se pretenden multilaterales, hay dos opciones: formar una subcomisión en el Congreso o un grupo de trabajo menos reglamentario.

El camino empezó a andarse oficiosamente el pasado jueves con sendas reuniones por separado del secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, con los portavoces del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y de CiU, Manel Silva. Unos días antes, ambos interlocutores y el portavoz del PP de Justicia en el Congreso, Andrés Ollero, compartieron mesa y mantel con el grupo de jóvenes abogados del Colegio de Madrid, y en esa charla el dirigente socialista dio a entender que había posibilidades de acuerdo si se aislaba de la discusión el indulto del ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño, la sentencia contra la congelación salarial de los funcionarios y si se rectificaba en las pretensiones de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

La petición para alcanzar un gran pacto en Justicia la han reformulado el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y su grupo parlamentario con un documento en el que exponen '50 medidas para 10 problemas que no pueden esperar'.

Las conversaciones oficiosas permiten a la oposición tener la seguridad de que el Gobierno pretende 'una contrarreforma penal, así como transformar el jurado puro en uno escabinado; es decir, sustituyendo a los legos por juristas', señalan fuentes parlamentarias de la izquierda contrarias también a estas intenciones que presumen del Gobierno. Pero estos asuntos serían susceptibles de negociación, a diferencia, insisten, de la renuncia a que el Parlamento elija a los miembros del CGPJ.

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